Orden natural y espontáneo

"Cierre" definitivo

2011-07-16T09:57:00.004-03:00

Después de tanto tiempo de inactividad, hay que asumirlo: este blog no va a volver a actualizarse. Ahora voy a continuar publicando en Economía Anarquista.

9. La legitimación ideológica del Estado

2009-09-25T14:57:00.002-03:00

Por el contrario, fueron “los buenos”, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de una posición social superior y de elevados sentimientos quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y también a sus propias acciones como buenas, o sea, como algo perteneciente a la primera jerarquía, y por oposición a todo lo bajo, despreciable, vulgar y bastardo.

Friedrich Nietzsche

A lo largo de los capítulos anteriores he hecho mucho hincapié en los procesos de legitimación económica de la acción del Estado. Partiendo del supuesto esencial que indica que los individuos buscan maximizar su propia satisfacción, se deduce fácilmente que el Estado, como clase social política conformada por individuos, busca maximizar la cantidad de “plus-trabajo” que logra extraer de los ciudadanos; y que el ciudadano individual está dispuesto a tolerar la existencia de una clase dominante que le sustraiga parte de sus productos si el peso de la imposición recae sobre otros individuos, o si mediante la intervención estatal puede mejorar su posición relativa en la escala económica. De esta manera el Estado teje una enorme y compleja red de imposiciones, subsidios y privilegios a distintos sectores de forma que una parte considerable de la sociedad legitime su intromisión. Los individuos en forma aislada se guiarán para legitimar un gobierno por consideraciones económicas y materiales, y sólo en forma tangencial por cuestiones ideológicas. [85]

Sin embargo, y siguiendo la teoría de la lucha de clases clásica —es decir, marxista—, estas cuestiones ideológicas o “superestructurales” definen la forma en que la clase dominante elabora una justificación ideal de la explotación que sostiene sobre la clase dominada. La educación y el pensamiento político predominante, desarrollado por los intelectuales, tenderá entonces a considerar el dominio del Estado y cada una de sus acciones como racionales, necesarias, justas o inevitables. Estas construcciones ideológicas sólo sufrirán transformaciones en tanto y en cuanto se produzcan cambios en la estructura económica. En pocas palabras, «las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres ni en la idea que ellos se forjen de la verdad eterna ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio; han de buscarse no en la filosofía, sino en la economía de la época de que se trata» [86].

9.1. El papel de los intelectuales

Mientras la ideología propiamente dicha tiende a uniformar el pensamiento de la clase dominante, y es esto lo que da la homogeneidad cultural de clase, la labor de los intelectuales se dirige a moldear la “opinión pública”, mediante la educación estatal, los medios de comunicación y la propaganda. En primer lugar, sería adecuado comenzar realizando un análisis de la figura del intelectual, así como se hizo en el capítulo 5 respecto del líder redistribuidor. Joseph A. Schumpeter señala, en su Capitalismo, socialismo y democracia (1942), que «los intelectuales no constituyen una clase social en el sentido que la constituyen los campesinos o los obreros industriales; proceden de todos los rincones del mundo social y una gran parte de sus actividades consiste en combatir entre sí y formar vanguardias de intereses de clase que no son los suyos». Sin embargo, no hay que dejar de notar que la mayoría provienen de los estratos altos de la sociedad y de una educación e instrucción dedicada a profesiones “liberales” —abogados, periodistas, doctores, etc.— [87] Los intelectuales, según Schumpeter, también carecen del conocimiento práctico que brinda la experiencia, y que, a diferencia de cualquier otro individuo activo, que se siente y se sabe inmerso en el proceso social, el intelectual se ubica en una posición de “observador crítico” casi externo a la sociedad.

Schumpeter rescata un aspecto clave del intelectual, que lo diferencia del agitador revolucionario, y es que «al intelectual típico no le agradaba la idea de la hoguera, que todavía aguardaba al hereje. Por regla general, le satisfacían mucho más los honores y el bienestar». Y aquí es donde sale a relucir su función social. Así como podemos atribuir al líder redistribuidor la búsqueda de reputación y confianza en la comunidad como objetivo a maximizar, o al burócrata el tamaño y extensión de su aparato burocrático, el intelectual muestra una tendencia a maximizar la influencia y difusión de su propia opinión y el prestigio que esto conlleva. Es el Estado, justamente, el que, en palabras de Rothbard, «está dispuesto a ofrecerle a los intelectuales una posición permanente dentro del aparato estatal y, por lo tanto, renta segura y la panoplia del prestigio». [88] En este punto queda explicada la histórica alianza entre el Estado y la Iglesia.

Tanto Schumpeter como Rothbard atribuyen un papel muy similar a los intelectuales en la estructura de poder. Según el primero, «rara vez entran en la política profesional y más rara vez todavía llegan a ocupar puestos de responsabilidad. Pero forman los estados mayores de los bureaus políticos, escriben los panfletos y discursos de partido, actúan como secretarios y asesores, crean la reputación periodística del político individual». Por su parte, Rothbard cita como ejemplos paradigmáticos de lugar que ocupan los intelectuales en la sociedad el deseo de los profesores de la Universidad de Berlín durante el siglo XIX de formar la “guardia intelectual de la Casa de Hohenzollern” o la notable labor de los historiadores oficiales, encargados de diseñar una interpretación de la historia acorde a los intereses de la clase dominante. [89] La participación de los intelectuales llega al punto de diseñar todo tipo de políticas intervencionistas que, en nombre de un constructivismo extremo, el benevolente déspota deberá llevar a cabo, y que, de hecho, con mucha frecuencia, emprende:

Los intelectuales occidentalizados han estado detrás de las políticas de planificación de las últimas décadas en el sur de Asia, las cuales en la India, Indonesia y Birmania han sido causa de muchas privaciones evitables a la gente más pobre. Estas políticas han incluido medidas tan corrientes como la desviación a gran escala de recursos hacia costosos proyectos de prestigio; el descuido de la agricultura; la restricción de suministros de bienes de consumo baratos; el fomento de la inflación; la introducción y actuación de controles, con las consiguientes ganancias, enormes e inesperadas de los titulares de licencias; y en Birmania la onerosa tributación especial de los agricultores. [90]

Los intelectuales coquetean tarde o temprano con el poder estatal, dado que su objetivo no es la búsqueda de la verdad o el análisis coherente de la realidad —y esto lo que lo diferencia del científico—, sino la búsqueda del prestigio y la difusión de su propia opinión personal de la sociedad. No es extraño, por ello, que en su desprecio por el mundo práctico y la labor manual, tiendan a una idealización burda de la figura de liderazgo que encarna el Estado, y aquí entra en juego la teoría hayekiana de la “fatal arrogancia” del constructivismo. Los intelectuales, al situarse como observadores críticos externos de los procesos sociales, al ponderar la especulación filosófica y el ejercicio mental por sobre el esfuerzo de los músculos y la vida activa, y al poseer una marcada ambición por el prestigio social, caen en lo que Hayek llamaba “constructivismo”: la creencia —expresión más radical del idealismo— de que la sociedad y sus instituciones, e incluso las conductas de los individuos, pueden ser manipulados y alterados a voluntad, en pos de alcanzar determinado objetivo social, por lo general la construcción de una sociedad “justa” o “ideal”. [91] Bajo estos factores, la alianza entre el Estado y los intelectuales es obvia y predecible.

9.2. La educación estatal

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la formación y función de los establecimientos educativos estatales. El surgimiento de la educación estatal puede decirse que fue principalmente auspiciada por los intelectuales que establecieron íntimos lazos con el poder desde la antigüedad, sustituyendo la educación libre que las comunidades solían darse a sí mismas por una educación centralizada y, en un principio, elitista, es decir, dirigida exclusivamente a los miembros de la clase dominante. Lo que aquí llamo educación libre no es más que el famoso proceso de “socialización” al que suelen aludir los sociólogos [92]. Sin embargo, me atrevo a afirmar, en contraposición a éstos, que el proceso de socialización libre y espontáneo ha sido interrumpido y distorsionado por la aparición de la educación estatal y su llegada a las masas. Como describe Aníbal Ponce en su Educación y lucha de clases (1934), en las comunidades primitivas en las que todavía no se había instaurado el principio jerárquico de autoridad existían mecanismos de educación e integración de los niños y jóvenes totalmente espontáneos, que no necesitaban de una dirección centralizada:

La educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la vigilancia difusa del ambiente. Gracias a una insensible y espontánea asimilación de su contorno, el niño se iba conformando poco a poco dentro de los moldes reverenciados por el grupo. La diaria convivencia con el adulto le introducía en las creencias y las prácticas que su medio social tenía por mejores. […] En el lenguaje grato a los educadores de hoy, diríamos que en las comunidades primitivas la enseñanza era la vida por medio de la vida: para aprender a manejar el arco, el niño cazaba; para aprender a guiar una piragua, navegaba. Los niños se educaban participando en las funciones de la colectividad.

Ante este fenómeno, tan acorde al enfoque de hayekiano del orden espontáneo, Ponce se pregunta: «Si no existía ningún mecanismo educativo especial, ninguna “escuela” que imprimiera a los niños una mentalidad social uniforme, ¿en virtud de qué la anarquía de la infancia se trasformaba en la disciplina de la madurez?». La respuesta, en términos marxistas, es que, dado que la sociedad no se hallaba dividida en clases, los mecanismos ideológicos de legitimación de la clase dominante mediante una dirección central no tendrían razón de ser, y, mediante la libre proliferación de medios de enseñanza se produce, tal y como describiera Menger, una competencia institucional que espontáneamente genera formas ordenadas y eficientes de métodos educativos.

La supuesta necesidad de una educación centralizada y uniforme es, en realidad, una invención de la clase dominante con el objetivo de mantener y sostener indefinidamente su explotación, y no una necesidad “social” descubierta colectivamente y sancionada por la voluntad general. Como explica Ponce en su obra, a lo largo de la historia las instituciones educativas fundadas por el Estado no han tenido otro fin que legitimar la explotación de la clase dominante.

Así, en la Esparta de la Grecia Antigua, que presentaba una fuerte división clasista entre una aristocracia guerrera que monopolizaba la tierra, y el resto de la población dominada, compuesta por ilotas esclavos y los periecos que disponían de algunas libertades económicas pero no cívicas; se presentaba también una diferencia enorme entre la educación que recibía cada estamento. Los integrantes de la clase aristocrática guerrera eran sometidos a una instrucción militar extrema desde los siete años basada principalmente en la educación física, con el objetivo de formar soldados capaces de mandar y dirigir y dotados de un patriotismo totalitario y desprovisto de piedad [93]. Los historiadores suelen detenerse en este punto, como si con la mera descripción de la educación que recibía la clase dominante quedara clarificada la cuestión. Pero lo cierto es que el Estado imponía un sistema educativo muy distinto a las clases dominadas —tendencia que se mantendría hasta la implementación de la educación masificada a partir del siglo XIX—.

Recelosos del número y de la rebeldía de los ilotas, los nobles no les permitían la menor gimnasia, y con el pretexto de mostrar a sus propios hijos lo abominable de la embriaguez, obligaban a los ilotas a beber en exceso y, una vez alcoholizados, los hacían desfilar en los banquetes… no contentos con subrayar las diferencias de la educación según las clases, se esforzaban, además, por mantener a los esclavos en la sumisión y el embrutecimiento, mediante el terror y la embriaguez. [94]

El alabado sistema de pensamiento de Atenas, por su parte, no mantenía diferencias sustanciales con la militarizada Esparta. La clase dominante recibía una educación que otorgaba un valor muy importante al trabajo físico y al deporte, mientras los esclavos y demás estamentos inferiores recibían una educación totalmente distinta. El ciudadano ateniense veía con desprecio todo tipo de trabajo manual y artes mecánicas, punto de vista que Aristóteles se encargó de difundir en sus obras. Se ha dicho que en Atenas la educación era libre y corría a cargo de los particulares, pero lo cierto es que «el Estado reglamentaba el tipo de educación que el niño debía recibir en la familia y en las escuelas particulares; que una ordenanza de policía cuidaba en las escuelas la moderación y la decencia; que un magistrado llamado Sofronista vigilaba en las reuniones de los jóvenes el respeto por las conveniencias sociales; que el Areópago, además, no los perdía de vista un solo instante y que, por encima de todos, celoso y terrible, el Arconte-rey —de quien ha dicho Renan que desempeñaba las funciones de un inquisidor— espiaba la menor infracción al orden y a las leyes, a la religión y a la moral» [95]. Es decir, existía, tal y como existe hoy, “libertad” de enseñanza pero no libertad de doctrinas. El Estado ateniense, por ejemplo, prohibía la entrada a los gimnasios de los niños que no habían cursado los estudios en las escuelas particulares, cuya enseñanza controlaba y dirigía. Y como sólo eran elegibles para los cargos del gobierno quienes hubieran pasado por la enseñanza del gimnasio, quienes no pudieran costearse la educación particular y “libre” no formarían jamás parte del Estado. La escuela griega, dominada por el Estado y dirigida únicamente a los integrantes de la clase dominante, a costa del embrutecimiento de los demás estamentos, dedicaba gran parte de su atención a formar líderes políticos, hombres capaces de gobernar y de hacer un uso fructífero de la oratoria y la retórica.

En este punto Atenas y Roma tuvieron mucho en común. En ésta última eran los retores los encargados de enseñar a los futuros gobernantes el arte de la oratoria y la argumentación, y con el tiempo se convirtieron en verdaderos formadores de burócratas. La enseñanza, en Roma, estaba tan regulada como en Grecia. El ludimagister era el maestro de enseñanza primaria particular destinada a las familias menos ricas, pero que no estaba legalmente autorizado a cobrar por sus enseñanzas, por lo que dependía fundamentalmente para vivir de los regalos que recibiera de sus alumnos y de algún que otro oficio que pudiera desempeñar en su tiempo libre. Mientras, los retores brindaban un servicio educativo costosísimo y digno de aristócratas, que sólo los ricos estaban en condiciones de pagar. De hecho, estos últimos recibieron toda suerte de privilegios y exenciones impositivas gracias Nerón, de forma que la educación de la clase dominante se viera felizmente estimulada; con Vespasiano los retores superiores incluso comenzaron a recibir subsidios, y con Adriano la enseñanza superior terminó de ser casi totalmente centralizada y provista por el Estado: es decir, las clases dominadas acabarían financiando, vía impuestos, la educación de la clase dominante, mientras los educadores de los primeros apenas podían sobrevivir. Por último, Teodosio y Valentiniano acabaron prohibiendo toda forma de enseñanza fuera de la educación estatal. [96]

El sistema educativo que regiría durante la Edad Media es por demás conocido. La enseñanza a lo largo de este período fue prácticamente vedada a la mayor parte de la sociedad realmente productiva, mientras que la Iglesia, por su parte, descubría que «no podía llevar adelante su propia labor sin brindar educación a sus adherentes y, en especial, a sus clérigos». La Iglesia, por este motivo, se encargó de restringir «la enseñanza dentro de los límites fijados por [sus] intereses y doctrinas» [97]. Lo que sobrevino a lo largo de siglos fue un verdadero estancamiento intelectual, donde el único fin de la educación estatal era redescubrir y reinterpretar de acuerdo a la óptica eclesiástica los conocimientos de la Antigüedad.

Durante la Edad Media se produjo la misma separación entre la educación de la clase dominante y la educación de la clase explotada: por un lado estaban las escuelas destinadas a la formación de futuros monjes y otras destinadas a la instrucción de los campesinos y la plebe, en las cuales no se enseñaba a escribir ni a leer, sino que se los familiarizaba con las doctrinas cristianas y se las mantenía en el embrutecimiento. Por supuesto, durante el Renacimiento surgieron, impulsadas por el auge de la naciente burguesía, las universidades de influencia racionalista, pero aún éstas estaban reservadas tan sólo a los jóvenes de familias de alta fortuna, y que, es importante aclararlo, tampoco escaparon de la poderosa mano de Iglesia, que no sólo introdujo sus contenidos religiosos sino que —con ayuda de reyes como Federico I en el caso de la Universidad de Bolonia— las invistió de privilegios y ayudas [98]. Por su parte, el joven noble, futuro señor feudal, se limitaba a una instrucción principalmente militar.

Con la desintegración del feudalismo como sistema económico y la ascensión del capitalismo y la formación de Estados cada vez más poderosos, se comenzó a gestar un proceso diferente, en el cual la educación pasaba a estar completamente en manos del Estado, quien se encargaría de llevarla a las masas. En un principio esta tendencia contraria a la enseñanza típicamente clasista que descrito párrafos antes respondía a la necesidad de todo un conjunto de Estados en rápida formación que buscaban legitimarse ante la población como expresión de la “nacionalidad”, de la “cultura nacional” o la “unidad popular”, frente a, por lo general, fuerzas extranjeras o “extranjerizantes”.

Pero la educación estatal bajo un sistema como el que se ha analizado a lo largo de los capítulos 5, 6 y 7, en el cual el Estado funciona como una clase privilegiada que “compra” la legitimidad de algunos grupos de presión mediante la redistribución de recursos recaudados, cumple una función más “economicista”: la socialización de los costos de instrucción de todos los asalariados. Nadie más explícito, en este punto, que Domingo F. Sarmiento, el “padre del aula” argentino, que sentenciaba que «¡Para manejar la barreta se necesita aprender a leer!», «¡Para manejar el arado se necesita saber leer!» [99]. La escuela actual tiene como fin, además de legitimar la explotación de la clase política dominante, la formación de las masas para producir una sobreoferta de mano de obra instruida y especializada y su consecuente abaratamiento. Más actualmente, el Estado, mediante su enseñanza estatizada, socializa los costes de investigación y trabajo científico. Las empresas que disfrutan de una mano de obra instruida e innovaciones científicas y tecnológicas sin financiarlas directamente con su propio capital, son las principales beneficiadas.

Sea bajo el modelo de división clasista de educación o bajo el modelo masificado de enseñanza estatista, el Estado se asegura la reproducción de su ideología en la sociedad y la legitimación ideológica de la misma.

9.3. La ideología como superestructura

Todo lo que se ha dicho en este capítulo está basado en la división entre dos tipos de educación: la educación como “socialización” del individuo en la sociedad, y la educación formal o técnica, con miras a la futura inserción del individuo en el mercado laboral. A menudo la educación estatal cobra esta última forma, que tiene un efecto económico poderosísimo, y se la justifica como un elemento necesario en la formación humana de la persona. Lo cierto es que la socialización del individuo ocurre intervenga o no el Estado, es un proceso intrínseco de la vida en sociedad, y, de hecho, es la sociedad misma la que construye espontáneamente herramientas culturales que ponen en marcha la socialización, como el lenguaje, la moral, o el derecho consuetudinario. Querer hacer pasar la educación estatal, con sus divisiones clasistas o sus más actuales “subvenciones” indirectas a las empresas mediante la socialización indirecta de los costes de formación e instrucción de la mano de obra, es una muestra más del alcance de la ideología dominante.

No obstante, es preciso remarcar el papel secundario que juega la ideología en los cambios sociales. Los cambios sociales provienen principalmente de los cambios económicos, de las modificaciones en la estructura económica de una sociedad y la explotación proveniente de su división en clases; los cambios en el pensamiento de los hombres simplemente seguirán el curso de estos movimientos. Esto quiero decir que los cambios en las ideas de los hombres y en las ideas que transmitan a su descendencia jamás podrá impulsar cambios significativos en la estructura económica, mucho menos provocar una revolución que trastoque los cimientos de la misma o permitir la llegada de una sociedad ideal. «No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia» [100]. Las transformaciones en los contenidos educativos y los sistemas educativos en general, sobretodo bajo la órbita del Estado, solamente pondrán en evidencia cambios en las relaciones entre la clase productiva y la clase parasitaria.

[85] Esta última idea es, lo que considero, un análisis verdaderamente materialista, en coherencia en cierta medida con lo que tanto Marx como Bakunin defendían. Tal vez este enfoque tenga más en común con el punto de vista bakuninista, ya que el enfoque marxista reduce burdamente el materialismo a la realidad material, palpable y tangible, como es la materia y el principal proceso que interviene en su transformación: el trabajo.

[86] Friedrich Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, 1880.

[87] Schumpeter remarca como hecho determinante que es el fracaso personal en estas profesiones o la sobreoferta de trabajo en estos sectores los que generan un descontento e insatisfacción que llevan a estos individuos a engrosar las filas de los intelectuales. Incluso afirma que este descontento provoca un resentimiento inevitable contra el medio social imperante que no puede sino derivar en la “crítica social” característica del intelectual. Esto mismo parece señalar Rothbard en Anatomía del Estado (1974) cuando afirma que «podemos afirmar que el sustento de los intelectuales es un mercado libre nunca está demasiado seguro, pues estos deben depender de los valores y elecciones de las masas de sus compatriotas y es precisamente característico de las masas que generalmente están desinteresadas en los asuntos intelectuales».

[88] Murray Rothbard, Igualitarismo como una revuelta contra la Naturaleza y otros ensayos, 1974.

[89] Sobre esta última figura, podemos citar dos figuras totalmente opuestas en la interpretación de la historia argentina: Bartolomé Mitre durante la primera etapa de los gobiernos unitarios y conservadores por un lado, y Juan José Hernández Arregui en defensa de los gobiernos peronistas en nombre de una “izquierda nacional” por el otro, quienes deformaron los hechos históricos de acuerdo a los intereses estatales de cada contexto.

[90] Peter T. Bauer, Crítica de la teoría del desarrollo, 1971.

[91] Friedrich Hayek, Los errores del constructivismo, 1970.

[92] Por “socialización” se entiende el proceso mediante el cual individuo interioriza los valores, normas y formas culturales de percibir la realidad de la sociedad que lo rodea, permitiéndole adoptar pautas de conducta que le faciliten una interacción plena y satisfactoria con sus semejantes. Un acercamiento interesante de este proceso, desde un punto de vista cercano al materialismo estricto, puede encontrarse en Bronislaw Malinowski, Una teoría científica de la cultura, 1944.

[93] Henri-Irénée Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, 1948.

[94] Aníbal Ponce, Educación y lucha de clases, 1934.

[95] Aníbal Ponce, Ibíd.

[96] Aníbal Ponce, Ibíd.

[97] William Boyd y Edmund King, Historia de la educación, 1921.

[98] Aníbal Ponce, op. cit.

[99] Domingo F. Sarmiento, Las ciento y una, 1853.

[100] Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, 1846.

8. La democracia representativa

2009-08-17T16:24:00.002-03:00

Pues si se consideran a estos flamantes electores como incapaces de atender por sí mismos a sus propios intereses, ¿cómo habrán de acertar, en ningún caso, a elegir los pastores de guiarles? ¿De qué manera podrán resolver el problema de alquimia social consistente en obtener la elección de un genio como resultado de la acumulación de votos de una masa de imbéciles?

Errico Malatesta

La democracia de tipo representativa es la forma moderna que ha adoptado el Estado para mantener su hegemonía de clase. De hecho, es la forma más racional que pudo haber adoptado para conseguir tal objetivo. La democracia representativa permite a la clase dominante percibir cuáles son los sectores de la sociedad más influyentes, tanto numérica, como política y económicamente, de modo que pueda armar y desarmar a placer diversos programas de transferencias de recursos de la clase productiva a la parasitaria. Desde luego, la clase política sabe que si el voto del sector industrial decidirá las próximas elecciones, buscará el apoyo y la legitimación de dicho grupo social a través de políticas de subvenciones, protección de la competencia, controles de precios, devaluaciones, etc. Esto nos lleva a concebir la democracia representativa como un sistema en el que el Estado puede, mediante la competencia entre sus “caudillos políticos”, saber a qué sector social debe beneficiar para mantener su dominio sobre la clase productiva.

Los intelectuales —cuyo papel será tratado en el próximo capítulo— y los políticos han ideado todo un aparato ideológico para demostrar que la democracia representativa es la panacea política donde los sueños de las masas se hacen realidad, donde el yugo divino de los monarcas ha desaparecido, y que es el único sistema que permite la resolución armoniosa de los conflictos sociales a través de la regla de la mayoría. Pero como dijera Pierre-Joseph Proudhon:

Multiplique la democracia cuanto quiera con sus funcionarios las garantías legales y los medios de vigilancia; llene de formalidades los actos de sus agentes; llame sin cesar a los ciudadanos a que elijan, a que discutan, a que voten; que quiera que no, sus funcionarios son hombres de autoridad, palabra ya admitida; y si entre ellos hay alguno o algunos que estén encargados de la dirección general de los negocios, ese jefe, individual o colectivo, del gobierno es, como le ha llamado el mismo Rousseau, un príncipe, a quien falta una nonada para que sea un rey. [75]

El primer pensador en desmitificar esta falsificación de la realidad en forma sistemática fue Joseph A Schumpeter, en su Capitalismo, socialismo y democracia (1942) [76]. Su primer paso fue hacer notar el error en que incurrían los intelectuales en concebir la democracia como un fin en sí misma, en lugar de entenderla como un método político para la toma de decisiones. En segundo lugar deja en claro que la democracia no puede ser el medio a través del cual se satisface el “bien común”, dado que la noción de “bien común” es un concepto carente de contenido: no existe un “bien” que pueda considerarse igual para todos ni que beneficie a todos los ciudadanos por igual —como se verá más adelante, incluso por vía democrática, sea directa o representativa, es imposible conseguir la unanimidad—, salvo en la estrecha concepción utilitarista en la que el “bien común” o “mayor bien” es aquél que beneficia al número mayor de personas. También destaca que es otro error creer en la “representatividad” de tal tipo de democracia, dado que como tales, los políticos electos no representan la voluntad de los ciudadanos, sino que intentan “interpretarla” o “reflejarla” —hecho que ya cobra un sentido más metafísico que jurídico, y en este punto podemos encontrar críticas anarquistas realmente clarificadoras—. Por último, y este el punto importante, esboza su teoría de la democracia como un sistema en que se desenvuelve una competencia entre caudillos políticos por la obtención del poder.

De hecho, los resultados de la democracia representativa son contrarios a todo lo que los intelectuales han defendido, y al tender un manto ideológico sobre la democracia se ha impedido a muchos teóricos llegar a ver la misma como una verdadera competencia por el poder. La explotación sobre las minorías [77] es llevada al máximo, se favorece la conflictividad social y la división de la sociedad —incluida la clase productiva— en diferentes sectores con intereses económicos opuestos, y ha permitido la intromisión e intervención del Estado sobre la economía a niveles exorbitantes. Una aplicación simple de la teoría de Schumpeter a un modelo básico de dos partidos elaborado por Anthony Downs, nos permite evidenciar cómo se lleva a cabo la explotación de la minoría a través de la democracia representativa.

Downs elabora un modelo de dos partidos por un lado, I y II, suponiendo que el partido I está “obligado” constitucionalmente a anunciar sus políticas a los ciudadanos antes que el partido II; y tres votantes, A, B y C, por el otro. De esta manera, el partido II siempre vencerá al partido I: si el partido I anuncia que de ganar las elecciones ofrecerá $100 a cada uno de los tres votantes, el partido II podrá anunciar una política que ofrezca $101 a A, $101 a B, y nada a C, quedándose con el excedente. La regla de la mayoría dará como resultado la distribución menos igualitaria de las probables, incluso si dejamos de lado el supuesto de Downs en el que los partidos deben anunciar sus programas secuencialmente. Si bien en este modelo la fuente de los $300 que el partido distribuirá entre la mayoría una vez ganadas las elecciones no es mencionada, en un modelo más coherente dicha suma le sería extraída a la minoría perdedora. «Las implicaciones de este simple modelo son dobles: primera, el partido racional explotará a la mayor de las minorías hasta el máximo factible; y segunda, gastará, en sus pagos a la mayoría, la suma mínima necesaria para asegurarse la elección… se ha reconocido que la regla de la mayoría genera resultados que pueden ser no óptimos o ineficientes de acuerdo con criterios paretianos normales». [78] La competencia entre caudillos políticos y partidos no puede producir, bajo ningún supuesto, beneficios generales o pseudo-generales para todos los ciudadanos. Más bien, la regla de la mayoría conducirá a la mayor explotación posible de las minorías.

Dentro de la llamada “Public Choice”, se admite la posibilidad de que el logrolling reduzca la explotación sobre las minorías o al menos produzca resultados superiores en un sentido paretiano, mediante la introducción del intercambio de votos o los pagos adicionales en las elecciones colectivas democráticas. El logrolling, tal como lo ha explicado Gordon Tullock, en su forma más elemental, opera de la siguiente forma: «Yo estoy de acuerdo en votar algo que usted desea a cambio de obtener su apoyo en votar por algo que yo deseo» [79]. Una coalición de individuos que desea alcanzar la mayoría para ganar una elección puede “persuadir” a otros individuos de votar a favor de sus intereses a cambio de la promesa de votar a favor de una propuesta que ellos deseen en una elección futura, o, para encontrarle el sentido económico más preciso, puede entregar directamente dinero u otros bienes económicos a cambio de los votos. Esto llevaría a que las minorías tengan la oportunidad de ser “compensadas” en caso de que tengan la expectativa de no ganar una votación.

Sin embargo, para que el logrolling sea eficaz en una comunidad deben cumplirse, entre otros requisitos, la existencia de una población numéricamente reducida y geográficamente concentrada, para evitar altos costos de “transacción”. Este requisito es totalmente obviado por las democracias modernas: en efecto, en los enormes Estados nacionales actuales es imposible realizar tales intercambios de votos. La población votante es tan grande numéricamente que los costes de trasladarse, negociar y regatear con otros individuos se elevan enormemente —sería absurdo creer que personas que se encuentran en provincias o municipios diferentes y a kilómetros de distancia pueden negociar sus votos ante una elección presidencial—. [80] Por otro lado, a estos se suma el repudio moral general hacia el logrolling:

A menudo se piensa que el logrolling es malo y realmente va contra la ley en muchas democracias. Las leyes contra el logrolling (probablemente aprobadas por logrolling) no han tenido efecto substancial en el funcionamiento de la democracia de los países que las han adoptado. Como muchos obligan a continuar con el logrolling de alguna manera indirecta y ocultan que probablemente reduce su eficiencia hasta cierto punto. [81]

La intervención gubernamental en este ámbito provoca que el logrolling deba ser dejado de lado para los ciudadanos activos —quienes se ven realmente afectados— y que surja, al igual que los mercados negros, un “mercado informal de votos” en cámaras y senados, donde se lleva a cabo un logrolling indirecto entre los funcionarios y los grupos interesados en la sanción y elaboración de diversas leyes e intervenciones. La democracia representativa y sus imponentes Estados nacionales impiden que el logrolling llegue a toda la población y que este sea llevado a cabo sólo por la clase política dirigente.

Fuera del análisis de la democracia representativa de los teóricos de la Public Choice, dentro de la escuela austriaca también se han elaborado agudos análisis de la misma. Hans-Hermann Hoppe ha dedicado gran parte de su trabajo a demostrar que la democracia representativa ha significado un retroceso en términos económicos, políticos y sociales con respecto a las antiguas monarquías, al contrario de lo que la ideología moderna sostiene.

Como monopolio hereditario, el rey o el príncipe consideraban el territorio y las personas bajo su jurisdicción como sus bienes muebles y se dedicaban a explotar monopolísticamente su “propiedad”. Bajo la democracia, el monopolio, y la explotación monopolística no desaparecen. Incluso si a todos se les permite entrar el gobierno, no por eso se elimina la distinción entre gobernantes y gobernados. El gobierno y el gobernado no son uno y la misma persona. En vez de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un guardián temporal e intercambiable es puesto monopolísticamente a cargo del país. El guardián no es dueño del país, pero mientras esté en su oficio le es permitido utilizarlo para ventaja de si mismo y de sus protegidos. Tiene el uso actual —el usufructo— pero no su capital social. Esto no elimina la explotación. Al contrario, hace la explotación menos calculada, llevada a cabo con poca o ninguna consideración del capital social. La explotación es miope y se promueve sistemáticamente el consumo del capital. [82]

El paso de la monarquía a la democracia sólo ha generado mejores medios para la explotación de los ciudadanos por parte de la clase gobernante. Si el monarca antes era propietario absoluto de su reino, y debía protegerlo y cuidar su capital social para legar un reino próspero y fuerte a su propia familia, el representante democráticamente electo, al contrario, sabe que su estadía en el poder es corta, y que ni siquiera podrá legar la propiedad pública a sus herederos, sino que deberá cederla a alguien que determinará el pueblo votante. Esto incentiva enormemente el consumo presente en detrimento ahorro y del consumo futuro, el emprendimiento de pomposas obras públicas innecesarias para ganarse el favor del electorado en el futuro y la rápida expansión del sector público para continuar la explotación de la clase productiva.

Un gobernante democrático es una autoridad temporal y trata de maximizar los ingresos corrientes del gobierno a costa de su capital, y como consecuencia malgasta. Estos son algunos resultados: durante la época de las monarquías, antes de la Primera guerra mundial, el gasto del gobierno como porcentaje del PNB era raramente superior al 5 por ciento. Desde entonces se ha elevado, típicamente, a cerca del 50 por ciento. Antes de la Primera guerra mundial, el empleo en el gobierno era menor al 3 por ciento del empleo total. Desde entonces ha aumentado a entre un 15 y 20 por ciento. [83]

La misma tendencia se registra en el aumento de la deuda pública, de la inflación, y de las tasas de interés como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda estatal y del consumo de capital.

En relación a lo mencionado en el capítulo anterior sobre la corrupción de la moneda, la democracia no hace más que acelerar el proceso. Durante el mercantilismo el proceso de expansión monetaria era sumamente costoso: para expandir la oferta monetaria de dinero metálico debían emprenderse conquistas militares en lejanos territorios para saquear las reservas de oro de otras naciones, de forma que la cantidad de dinero aumente y las tasas de interés caigan, expandiendo insosteniblemente el empleo, la producción y el gasto público.

El proceso se vería sumamente agilizado e incentivado con la implementación de la democracia, que, gracias a la abolición del patrón oro y la sustitución de este por papel-moneda sin respaldo, permitiría que la expansión temporal del empleo y la producción mediante el inicio de un ciclo económico se utilizara con fines políticos. Un funcionario electo puede intentar “controlar” en el corto plazo las variables económicas, el tiempo suficiente para generar una prosperidad temporal y condenada a autodestruirse. El “negocio” consistiría en que la crisis y la recesión estallen cuando quienes iniciaron el ciclo y disfrutaron del auge ya no estén en el poder. Un importante representante del monetarismo —que pese a fallar en casi todos los aspectos de la teoría monetaria, acertó en el diagnóstico de este “ciclo electoral”—, ha descrito correctamente este proceso:

Una implicación más sutil no reconocida por el enfoque benthamita-fabiano sobre la naturaleza sobre la naturaleza y funciones del gobierno… está asociada con el hecho de que, a pesar de lo que diga la retórica del bienestar público, el principal problema de los políticos no es servir al bienestar público, sino ser elegidos y permanecer en el poder. El conocimiento de que el público los responsabiliza por sus experiencias de desempleo e inflación, y de que en sus manos están los resortes que influyen en estas experiencias, hace naturalmente que se utilicen estos resortes para mantener y reforzar el apoyo político entre el electorado, más que para servir un concepto de alcance más amplio del bienestar público, cuando el público encuentra duro de soportar lo que es bueno para él. Concretamente, los políticos elegidos sobre la base de promesas de políticas antiinflacionistas que intentan llevar a la práctica, están sometidos a fuertes presiones sociopsicológicas para abandonarlas, al enfrentarse con su creciente impopularidad y la llegada de las próximas elecciones; y los políticos que participan en unas elecciones temiendo perderlas, se encuentran bajo las mismas fuertes presiones a inflar la economía con el fin de ganar votos, con la esperanza de que si ganan tendrán tiempo para aclarar a tiempo la confusión que ellos han creado, confiando en que el público olvide el engaño antes de las próximas elecciones, y que, caso de que pierdan, sus oponentes se encontrarán con un lío difícil de resolver, y cualquier error derivado del esfuerzo constituirá un punto en contra en las siguientes elecciones. [84]

La democracia no ha limitado el poder del Estado sobre los individuos, sino que lo ha expandido. No ha fomentado la formación de un “interés común” a toda la sociedad, sino que más bien ha reforzado los intereses sectoriales y la redistribución coactiva de la riqueza mediante favores políticos. Es ingenuo atribuir los mencionados males intrínsecos a la democracia representativa a la “maldad” de los hombres, o a fallas en el “diseño” del sistema democrático, susceptibles de ser reparados mediante ingeniería social, como sostienen algunos intelectuales, de cuyo papel social tratará el siguiente capítulo. En realidad el sistema está “diseñado” para garantizar la explotación de la sociedad productiva por parte de la clase política y diversas coaliciones temporales de intereses especiales. La democracia representativa no es un accidente producido por la mente de los hombres, sino la más alta evolución de la dominación política y económica del Estado.

[75] Pierre-Joseph Proudhon, El principio federativo, 1860.

[76] Como es sabido, prácticamente todos los anarquistas ya habían esbozado muchos de los siguientes argumentos. Sin embargo, cito a Schumpeter como el primer teórico dado que ha sistematizado muchos de dichos argumentos en una teoría consistente de la democracia representativa, que serviría de base para los posteriores desarrollos de la Public Choice. De todas formas pueden citarse las famosas Notas sobre Rousseau —a menudo publicadas junto con su escrito Dios y el Estado (1871)— de Mijaíl Bakunin como crítica anarquista a la ideología que sustenta la teoría democrática habitual, aunque por momentos el escrito se desvía del tema y no llega a tocar el núcleo de la cuestión de forma acabada. La crítica de Bakunin es, en suma, una crítica filosófica.

[77] Paradójicamente, por lo general la llamada minoría resulta ser, en términos numéricos, la mayoría, dado que las reglas de la toma de decisiones siempre son enormemente inferiores a la mitad más uno del electorado. Es más correcto, por tanto, hablar de “minorías” y no de una única “minoría”, ya que la primera calificación da por sentado que se trata de una mayoría en cuyo seno un conjunto de minorías no ha llegado al consenso necesario para convertirse en mayoría “oficial”.

[78] Geoffrey Brennan y James M. Buchanan, El poder fiscal, 1980. Downs establece que la solución para este problema es que los partidos estén obligados a anunciar sus políticas simultáneamente, de forma que no puedan conocer la estrategia del partido opositor; pero Brennan y Buchanan sostienen que incluso bajo estas condiciones los partidos optarán racionalmente por el programa que promete beneficios para sólo una coalición mayoritaria de dos votantes de modo que puedan apropiarse del excedente restante. Los votantes siempre escogerán un programa de este tipo a un programa que proponga una distribución igualitaria de los recursos.

[79] Gordon Tullock, Los motivos del voto, 1976.

[80] James Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso, 1962. La solución natural para este problema es la división, hasta donde sea posible, de las unidades políticas en pequeñas comunidades confederadas, tal y como propusiera Proudhon. Como Buchanan y Tullock señalan, «los costes de alcanzar el acuerdo de la negociación son, desde un punto de vista “social”, un despilfarro. Un medio de reducir estos costes es organizar la actividad colectiva en unidades lo más pequeñas posibles…». De todos modos, este no es un problema de las democracias representativas en sí, pero sí de la escala en la que se practican.

[81] Gordon Tullock, Ibíd.

[82] Hans-Hermann Hoppe, Libertad o socialismo, 2009.

[83] Hans-Hermann Hoppe, Ibíd.

[84] Harry Gordon Johnson, Inflación, revolución y contrarrevolución keynesiana y monetarista, 1978.

7. La manipulación monetaria

2009-07-21T17:21:00.004-03:00

7.1. Los orígenes del monopolio monetario

La formación del monopolio del dinero podría decirse que es, luego del monopolio de la fuerza, el que más relevancia histórica y económica tiene —desde luego, considerando una sociedad en la que el mercado ha comenzado a expandirse y la división del trabajo a desarrollarse cada vez más—. Como ya he mencionado en los apartados anteriores, el dinero es un producto espontáneo del mercado y de los intercambios libres. Como explicara Menger,

El interés económico de cada uno de los agentes de la economía les induce, pues, cuando alcanzan un mayor conocimiento de sus ventajas individuales, a intercambiar sus mercancías por otras, incluso aunque estas últimas no satisfagan de forma inmediata su finalidad de uso directo. Y ello sin previos acuerdos, sin presión legislativa e incluso sin prestar atención al interés público. Ocurre de este modo, bajo el poderoso influjo de la costumbre, presente por doquier a medida que aumenta la cultura económica, que un cierto número de bienes, que son siempre los que, en razón del tiempo y lugar, mayor capacidad de venta poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su vez por otras mercancías. [58]

En la mejor y más acabada exposición de Menger sobre la teoría del dinero [59], destaca que el dinero no puede reducirse a una sola mercancía que presente intrínsecamente la naturaleza dineraria, sino que, mediante un proceso dinámico de mercado, los individuos pueden descubrir y utilizar varios bienes distintos como dinero, concretamente, aquellos bienes que presenten mayor liquidez. La liquidez es definida como la diferencia entre el precio ofrecido y el precio solicitado, de manera que cuanto más pequeña es esta diferencia, mayor liquidez posee un bien. De esta manera, el individuo que cambia sus bienes por dinero —el bien de mayor liquidez en el mercado— tiene la seguridad de que podrá cambiar esa suma de dinero por otros bienes sin experimentar pérdidas económicas.

De esto se deduce que el dinero óptimo siempre surge espontáneamente de los procesos de mercado, y que uno de los sectores que, a priori, menor intervención del Estado requieren, es el campo monetario. Sin embargo, como señala John Hicks, «está claro que el dinero… fue una creación de la economía mercantil; aunque fue la primera de sus creaciones que los gobiernos (hasta los no mercantiles) aprendieron a apropiarse» [60]. El dinero ha sido históricamente monopolizado y emitido por las autoridades estatales. ¿Cuál ha sido la razón? Como se mencionó en el capítulo anterior, algunos de los principales motivos han sido las necesidades tributarias y administrativas. Pero el principal objetivo de la monopolización ha sido, históricamente, las ventajas y privilegios que puede obtener la clase dominante mediante el control coactivo de la moneda.

Friedrich Hayek destaca el hecho de que la sociedad misma ha intentado “sortear” este obstáculo estatal, dado que el monopolio del dinero «tiene los mismos defectos que todos los monopolios: es forzoso utilizar su producto aunque no sea satisfactorio, y, sobre todo, impiden el descubrimiento de métodos mejores de satisfacer necesidades, métodos que el monopolista no tiene ningún interés en buscar» [61]. De hecho, se han realizado intentos explícitos en la historia por combatir el dinero estatal: «algunos de los primeros bancos fundados en Ámsterdam y otros lugares surgieron de los intentos de los comerciantes de crear una moneda estable, pero el creciente absolutismo pronto impidió los esfuerzos por producir una moneda no estatal» [62]. La represión estatal no se hizo esperar, y no sólo se desbarataron tales intentos sino que se recrudecieron las medidas de curso forzoso estatales, sosteniendo y administrando en el mercado un bien como dinero independientemente de las decisiones y acciones individuales. [63]

7.2. La financiación fraudulenta y el impuesto inflacionario

La explicación de esta medida claramente negativa es que, al monopolizar el dinero, se abren múltiples posibilidades para redistribuir la riqueza desde la clase productiva hacia la clase parasitaria. El control del dinero garantiza el control sobre el sistema bancario, más concretamente sobre la oferta monetaria, el tipo de cambio, los tasas de interés y la balanza comercial. El Estado podría financiar todo tipo de proyectos, desde obras públicas hasta los más absurdos conflictos bélicos, sin tener que exprimir impositivamente a la población en forma explícita. Incluso antes de la implementación del dinero fiduciario en pleno siglo XX y la total monopolización de la moneda por parte de los Estados, ya se vislumbraban los mecanismos que utilizaban los gobernantes para gastar más de lo que recaudaban a través del endeudamiento y de la alteración del grado de pureza de la moneda metálica, provocando inflación.

Hasta el s. XVIII, antes de que empezaran a desarrollarse a gran escala el crédito y la banca, la estratagema era siempre la misma: los gobernantes fuertemente endeudados sostenían que el valor de las monedas de plata u oro no procedía de la cantidad de metal que éstas incorporaban, sino del sello que ellos imprimían en cada pieza, el cual era, en principio, una garantía del peso y de la pureza del metal. Esto, en la práctica, se traducía en la reducción del contenido de metal precioso de la moneda en las nuevas acuñaciones, sustituyéndolo por metales más baratos, como el cobre; y así era cómo los gobernantes insolventes saldaban sus deudas. Para hacer popular la medida, decretaban al mismo tiempo que las deudas entre particulares quedarían saldadas igualmente con las nuevas monedas, decretando su curso forzoso —a veces bajo pena de muerte— en plano de igualdad con las antiguas. Como el número de deudores es siempre muy superior al de acreedores, la medida siempre ha gozado al principio de gran popularidad.

[…] Aparte de los conocidos efectos de la Ley de Gresham (atesoramiento y exportación de la moneda buena y circulación de la moneda mala), estas medidas implicaban la disminución del poder adquisitivo de esa moneda tanto en el interior como en los territorios donde no llegaba la jurisdicción del gobernante, ya que allí se aceptaban, no en función de su valor nominal, sino de su contenido real de metal precioso. El resultado inevitable era la subida de precios y el empobrecimiento general. [64]

Como vemos, los principales sectores beneficiados por la manipulación estatal del dinero, más específicamente de la oferta monetaria y crediticia, son los Estados ávidos de aumentar el gasto público —hecho que se ha vuelto popular bajo gobiernos democráticos y que será tratado más adelante—, todo el conjunto de deudores, y, por supuesto, todos aquellos que recibían la nueva masa monetaria falsificada antes de que empezara el proceso inflacionario. Henry Hazlitt ha explicado este último fenómeno con una claridad gráfica e histórica notable:

Supongamos, por ejemplo, que el gobierno emite dinero para pagar a los contratistas de guerra. Entonces el primer efecto de estos gastos será elevar los precios de los suministros usados en la guerra, y poner dinero adicional en manos de los contratistas de guerra y sus empleados. […] Los contratistas de guerra tendrán entonces mayores ingresos de dinero. Lo gastarán en las mercaderías y servicios que necesitan para sí. Los vendedores de estas mercancías y servicios podrán aumentar sus precios a causa de esta mayor demanda.

Llamemos a los contratistas de guerra y sus empleados grupo A, y a aquellos de quienes compran directamente la mayor cantidad de mercaderías y servicios, grupo B. El grupo B, como resultado de las mayores ventas y precios, puede a su vez comprar más mercaderías y servicios de otro grupo, C. El grupo C, a su vez, podrá aumentar sus precios y tendrá más dinero para gastar con el grupo D, y así sucesivamente, hasta que el aumento de precios e ingresos monetarios haya cubierto virtualmente la nación entera. Cuando el proceso se haya completado, casi todos tendrán un ingreso mayor medido en términos de dinero. Pero… los precios de las mercaderías y servicios habrán aumentado correlativamente; y la nación no estará más rica que antes. [65]

El último escollo que el Estado debía sortear para asegurarse con el control total de la banca era el dinero metálico, cuya oferta no puede ser arbitrariamente alterada [66], sino que es altamente inelástica porque la cantidad de oro, plata y otros metales, responde a circunstancias principalmente naturales. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, el patrón oro fue abandonado, y los Estados comenzaron a implementar el dinero fiduciario, lo cual les permitió controlar a su gusto el sistema bancario, las variables económicas y redistribuir la riqueza hacia la clase dominante.

La inflación ha sido comparada, por varios autores [67], con una imposición sobre los saldos monetarios. Podemos suponer que el Estado es el proveedor único de un bien X, que se ofrece en diferentes cantidades en períodos de tiempo diferentes y que las expectativas de los ciudadanos son tales que creen que la oferta del bien en cuestión se mantendrá constante al final de cada período. De esta manera, en un primer período el Estado ofrece una cantidad Q¹ de X, cuyos rendimientos futuros serían V¹ y cuyo precio sería P¹. Si en un segundo período ofrece una cantidad Q², siendo Q² > Q¹, el rendimiento futuro del bien caerá a V² y el precio disminuirá a P², como puede notarse en el siguiente gráfico:

Bajo estos supuestos, el proceso podría extenderse indefinidamente —donde los valores se situarían en Q*, V* y P*—, y el Estado se aseguraría siempre un ingreso diferencial entre cada período, en este ejemplo, P¹ – P². Con el dinero ocurre lo mismo: al aumentar la oferta monetaria en el mercado, disminuye su valor y consecuente los rendimientos que pueden obtenerse de él. El coste de mantener una unidad de dinero pasa a ser mayor en un régimen inflacionario que en uno con inflación cero.

Sin embargo, la inflación —o la devaluación monetaria— no puede llevarse al extremo, tal como he planteado en el capítulo 5. La tercera premisa de la teoría del Estado establece que no es posible exprimir impositivamente a toda la población, por lo que el gobierno debe buscar legitimidad de al menos una parte considerable de la población reduciendo cargas fiscales sobre algunos sectores a costa de aumentarlas sobre otros. Lo mismo sucede con la inflación, y dado que ésta tiende a perjudicar a casi toda la sociedad, resulta contraproducente llevarla a niveles “predatorios”, lo cual produciría una aversión general de los individuos por el dinero estatal, como describe Murray Rothbard [68]. La reacción de los agentes económicos al proceso inflacionario puede dividirse en tres partes: en un primer momento, los individuos confían en que el alza de los precios son un fenómeno temporario y que la inflación disminuirá en el futuro, con lo que la demanda de saldos monetarios aumenta y el nivel de precios puede que aumente en una proporción menor al aumento de la oferta monetaria. Las autoridades, envalentonadas por este hecho, aumentan aún más la oferta monetaria, acelerando la inflación. En esta segunda instancia, las expectativas de los individuos van modificándose, y los agentes económicos comprenden que el nivel de precios no volverá a los valores preinflacionarios, y la demanda de saldos monetarios comienza a caer. El aumento de la inflación supera entonces el aumento en la cantidad de dinero, con lo que los gobiernos suelen creer que el mercado adolece de grave iliquidez y se continúa incrementando la oferta monetaria. Las expectativas de los ciudadanos ingresan en una tercera etapa, la de pánico y huída general de la moneda, en la que la demanda de dinero cae estrepitosamente a cero y los individuos buscan desesperadamente deshacerse del dinero estatal.

La búsqueda de un equilibrio es, entonces, la mejor solución para este “juego”. Como señalan Brennan y Buchanan [69], «una desviación periódica de la política de autocontrol puede resultar favorable para los intereses del Leviatán». Si bien es difícil establecer la forma en que los ciudadanos construirán sus expectativas sobre el grado de alteración futura del valor de la divisa gubernamental, y por consiguiente, el grado en que será aceptada socialmente, «para el Leviatán es racional desviarse de un equilibrio inflacionario estable y “jugar”, alternativamente, con tasas de inflación altas y bajas». De esta manera, la inflación toma “desprevenidos” a los agentes económicos y el Estado puede obtener beneficios seguros.

7.3. Los ciclos económicos de auge y recesión

Como mencioné anteriormente, mediante el monopolio del dinero el Estado puede también afectar variables económicas como el empleo, la tasa de interés o el tipo de cambio. Este tipo de intervención, que se realiza principalmente a través del mercado del crédito, es la que determina los recurrentes ciclos económicos de auge, crisis y recesión. Las crisis tienen su origen en la manipulación de las tasas de interés, que, como se explica en el capítulo 6, indican a los agentes económicos la cantidad de recursos acumulados que existen para proyectos de inversión. Los cambios espontáneos en la tasa de interés son simples manifestaciones de los cambios en la preferencia temporal de los individuos, es decir, de los cambios en las valoraciones individuales del consumo presente en relación con consumo futuro. De esta manera, los individuos saben si invertir en sectores productivos más capital-intensivos —que “maduren” en etapas más alejadas en el tiempo—, o en bienes de consumo directo.

El ciclo económico propiamente dicho comienza cuando el Estado decide, con la intención de generar un auge artificial de la economía, bajar las tasas de interés. Esto produce una “estiramiento” de la estructura productiva. El aumento del ahorro o de la demanda de bienes futuros, que repercute en una caída de las tasas de interés, provoca que puedan emprenderse muchos proyectos de inversión que en ausencia de capital acumulado y de expectativas de un aumento de la demanda futura de bienes de consumo resultarían no rentables. Con el aumento del ahorro, resulta más beneficioso para los agentes económicos invertir en proyectos que demoren más tiempo, aumentando la demanda de bienes de producción intermedios y equipo capital, de manera que la estructura productiva del mercado “añade” cada vez más etapas intertemporales de producción.

Sin embargo, cuando se bajan artificialmente las tasas de interés, sin que la expansión crediticia esté “respaldada” por un aumento del ahorro, los agentes económicos invierten en proyectos de producción más intensivos en capital, aumentando la demanda de factores productivos. Es decir, los individuos actúan, invierten y producen como si el capital acumulado de la sociedad hubiese aumentado, cuando en realidad no lo ha hecho. Esto, como es obvio, produce un descoordinación general entre las decisiones de los ahorradores y los inversores, e induce al error a cientos de individuos que realizan sus cálculos a partir de las tasas de interés, que, como cualquier otro precio en el mercado, transmiten información respecto a la situación de la oferta y la demanda de determinado bien —en este caso, los recursos prestables—. De esta manera se genera un auge o “boom” artificial insostenible, dado que los empresarios invierten como si existiera un capital acumulado que no existe, mientras que los consumidores continúan gastando sin aumentar el ahorro.

Ante esto, la sociedad, espontáneamente, pone en marcha tendencias que revierten con el tiempo el proceso de auge y lo traducen en una recesión inevitable. Esto se debe a que, como explica Jesús Huerta de Soto, «toda agresión al proceso social, en forma de intervención, coacción sistemática, manipulación de sus indicadores esenciales (como es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros o tipo de interés de mercado) o concesión de privilegios en contra de los principios tradicionales del derecho, da lugar, de manera espontánea, a unos procesos de interacción social que, movidos precisamente por la capacidad coordinadora de la función empresarial, tienden a parar y revertir las descoordinaciones y los errores cometidos» [70].

Los procesos “microeconómicos” que revierten las tendencias “macroeconómicas” generadas artificialmente, señala Huerta de Soto, son seis, según el siguiente orden temporal: en primer lugar, se produce un alza en el precio de los factores de producción, entre ellos los salarios, que, al no haberse liberado de la producción de bienes de consumo —dado que no ha aumentado el ahorro—, “reprime” el optimismo empresarial generado por la expansión crediticia. En segundo lugar, el alza en el precio de los bienes de consumo más que proporcional al aumento en el precio de los factores de producción, debido al aumento de los salarios, el traslado de factores de la industria de bienes de consumo a la industria de bienes de capital, y el proceso inflacionario que comienza a gestarse por la nueva masa de dinero producto de la expansión crediticia. En tercer lugar, el aumento de los beneficios empresariales en la producción de bienes de consumo, gracias a las tendencias mencionadas en el segundo punto, que genera un traslado de capitales hacia dicho sector y la interrupción de los recién iniciados proyectos capital intensivos. En cuarto lugar, se produce un “efecto Ricardo” [71] inverso, en el que la disminución de los salarios reales por el aumento en el precio de los bienes de consumo incentiva a los empresarios a sustituir maquinaria y equipo capital por trabajadores, disminuyendo aún más la demanda y, por consiguiente, el precio de bienes de capital, con lo cual ya comienzan a producirse pérdidas empresariales en dichos proyectos. En quinto lugar, se genera el aumento de las tasas de interés, debido a que el aumento de la tasa de inflación provoca que los prestamistas añadan a la tasa de interés un monto que les compense la pérdida de capital en términos reales; y por el aumento de la demanda de crédito por parte de los empresarios que pusieron en marcha sus proyectos de inversión gracias a la expansión crediticia, los cuales no pueden interrumpir dadas las pérdidas que se producirían. Por último, se produce la aparición inevitable de pérdidas contables en la producción de bienes de capital, poniendo de manifiesto los graves errores empresariales en los que los agentes económicos incurrieron y poniendo en marcha la paralización de la producción y la necesaria liquidación de proyectos no rentables.

De esta forma, el auge llega a su fin y comienza un período de ajuste en el que se producen enormes pérdidas, y se traslada los recursos que quedan hacia la producción de bienes de consumo. Los errores de inversión quedan en evidencia, y los proyectos que, dada la inicial tasa de ahorro, eran imposibles de financiar, son interrumpidos y liquidados. La estructura productiva se contrae drásticamente y comienza la recesión. Las fuerzas que el Estado pretende controlar, con fines populistas, se vuelven en su contra. Sin embargo, los Estados no se nutren de la experiencia, y la intervención en el mercado, sobretodo bajo la forma de expansiones crediticias provocando ciclos de auge y depresión, se ve enormemente estimulada e incentivada por la democracia representativa, como explicaré más adelante.

7.4. La libertad bancaria y monetaria

El monopolio monetario, los bancos centrales y la intervención estatal sobre el sistema bancario y financiero en general, tienen un sustituto natural y libertario en el free-banking o banca libre. Dentro del anarquismo, puede rastrearse las primeras elaboraciones sobre una banca alternativa que compita con el privilegiado sistema bancario vigente en los escritos de Pierre-Joseph Proudhon, que defendía la instauración de una “banca popular” que ofreciera préstamos sin interés y que compita con los demás bancos capitalistas, y sobre esta línea lo siguieron William B. Greene, Benjamin Tucker y Silvio Gesell, entre otros. No obstante, Friedrich Hayek realizaría, en su tratado La desnacionalización del dinero (1976), una sistematización teórica de la libertad bancaria que a los autores mutualistas clásicos, con su armazón teórico basado en la economía clásica y en la teoría laboral del valor, les resultaría difícil de alcanzar. Por otro lado, la propuesta de Hayek, no necesita de cierto grado de coerción para instaurarse, ya que es un tipo de negocio financiero que surge espontáneamente cuando los agentes económicos descubren sus respectivas oportunidades de ganancia.

El requisito fundamental de un sistema de free-banking es la libertad total de entrada y salida en el mercado monetario, es decir, la abolición absoluta de un monopolio del dinero formado coactivamente —el actual sistema de bancos centrales estatales—. Cada banco privado tiene la libertad de emitir sus propios billetes fiduciarios, pero no pueden emitir el dinero que el mercado, espontáneamente escogió, como puede ser el oro u otro commodity. Los billetes emitidos serían, como lo han sido en sus orígenes, un certificado de deuda entre el banco y el poseedor del billete por una cierta cantidad de oro. El segundo requisito es que exista libre competencia entre los distintos bancos privados, de forma que se alcance un equilibrio entre la cantidad de billetes emitida y la cantidad deseada por el mercado. La cantidad de billetes que el banco emisor puede ofrecer vía créditos estará limitada por la cantidad de dinero metálico que posea en sus reservas. Un banco que no posea el 100% de sus reservas y que expanda la cantidad de dinero emitido estará arriesgándose a que sus billetes caigan en manos de bancos competidores y que, de esta manera, puedan expandir sus reservas girando billetes contra la entrega de oro. El banco que emitió billetes en forma desproporcionada con la demanda del mismo se vería en riesgo de arruinarse ante una corrida bancaria.

La única manera de que un banco privado expanda su oferta de préstamos es encontrando cada vez más personas que quieran depositar sus ahorros en oro en sus arcas —con lo cual pueden disminuir la tasa de interés y ofrecer más créditos—. No pueden manipular arbitrariamente el valor de su moneda sin exponerse a una posible situación de iliquidez y a perder lugar en el mercado ante sus competidores. De este modo, el sistema bancario tendría los dispositivos de seguridad necesarios para alcanzar estabilidad financiera, el mantenimiento de 100% de las reservas por parte de los bancos, y la igualdad entre el ahorro y la inversión para evitar los ciclos económicos [72]. De hecho, como explica Hayek, no hay otra forma de alcanzar tales objetivos:

Se valora el dinero porque y en la medida en que se sabe que es escaso, razón por la cual es probable que otros lo acepten al valor actual. Cualquier dinero que se utiliza voluntariamente porque se confía en que el emisor lo conservará escaso y que el público atesora sólo mientras se justifique esa confianza confirmará cada vez más su aceptabilidad al precio establecido. El público sabrá que el riesgo que corre teniendo tal dinero es menor del que correría si tuviera otro bien del que no poseyera información especial. Su buena disposición a conservarlo se basará en la experiencia de que otras personas estarán dispuestas a aceptarlo dentro de una gama aproximada de precios, ya que ellos tendrán las mismas expectativas. […] Está comprobado históricamente que es mejor confiar en un emisor privado cuyo éxito depende precisamente de no abusar de esta confianza que encomendarlo a los gobiernos, que tan sólo obtienen beneficios con un exceso de emisión. [73]

El free-banking no sólo surgiría espontáneamente gracias a la libertad de empresa, sino que la eficiente administración de las reservas de dinero llegará también en forma espontánea gracias a la libertad de competencia, como en cualquier otro tipo de mercado. Hay, no obstante, una diferencia que matizar en relación a la propuesta de Hayek en sentido estricto y los más recientes aportes a la teoría del free-banking por parte de la escuela austriaca [74]. Bajo el free-banking, existe un dinero-commodity escogido espontáneamente por el mercado, y el sistema bancario simplemente se encarga de administrarlo, emitiendo billetes —certificados de deuda—. En el sistema de Hayek, son los bancos privados mismos los que emiten el dinero. De hecho, sugiere que el sistema puede comenzar a ponerse en funcionamiento con bancos que respalden sus billetes con el dinero estatal.

De todos modos, ambos sistemas no son incompatibles, como el free-banking tampoco es incompatible con las propuestas mutualistas de una banca que ofrezca préstamos sin interés a colectivos de trabajadores autónomos, respaldados en la producción futura. La libertad de entrada y salida en el mercado asegura que cada cual pueda emprender el proyecto bancario que desee, y que los consumidores de tales “productos financieros” sean los principales beneficiados.

[58] Carl Menger, Principios de economía política (1871). Queda a la vista que en esta teoría se sientan las bases del concepto hayekiano de información subjetiva.

[59] Carl Menger, El origen del dinero (1892).

[60] John Hicks, Una teoría de la historia económica (1969).

[61] Friedrich Hayek, La desnacionalización del dinero (1976).

[62] Friedrich Hayek, Ibíd.

[63] Hayek define, en la obra citada, el curso forzoso de la siguiente forma: «En sentido jurídico estricto, moneda de curso legal significa un tipo de moneda que un acreedor no puede rechazar como pago de una deuda, haya sido ésta contraída o no en dinero emitido por los poderes públicos. […] Lo cierto es que el curso legal es simplemente una estratagema jurídica para obligar a la gente a que acepte como cumplimiento de un contrato algo que nunca pretendió cuando lo firmó».

[64] Jesús Gómez Ruiz, Errores de la teoría monetaria actual (2001).

[65] Henry Hazlitt, Economía en una lección (1946).

[66] Lo que sí podían alterar las autoridades monetarias, a través del sistema de encajes fraccionarios, era la cantidad de medios fiduciarios que podía emitirse a partir de una cantidad dada de reservas de oro. Jesús Huerta de Soto dedica su monumental obra Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (1998) a analizar y criticar dicho sistema.

[67] Entre ellos Martin Bailey, Milton Friedman, Phillip Cagan y Edward Tower.

[68] Murray Rothbard, La teoría austriaca del dinero (1979).

[69] Geoffrey Brennan y James M. Buchanan, El poder fiscal (1980).

[70] Jesús Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (1998).

[71] Se denomina “efecto Ricardo” a la sustitución de trabajadores por maquinaria y equipo capital debido, generalmente, a un alza en los salarios. Justamente, fue David Ricardo uno de los primeros en evidenciar este hecho, en el capítulo “Sobre la maquinaria” que añadió a sus Principios en la edición de 1820. Lamentablemente, la forma en que éste expuso su teoría ha conducido a diversos autores a querer utilizarla para explicar el desempleo —principalmente el caso inglés— durante la industrialización en el siglo XIX. El caso más popular es el de Karl Marx, que intentó en su El Capital (1867) demostrar que la introducción de maquinaria desplaza trabajadores en forma continua, aumentando lo que él llamaba el “ejército industrial de reserva”. John Hicks, por su parte, utiliza un argumento similar para explicar el desempleo en la Inglaterra post-Revolución Industrial en Una teoría de la historia económica (1960).

[72] Existe, dentro de la misma escuela austriaca, un debate muy extenso sobre estos últimos puntos: si un sistema de free-banking sin requerimiento jurídico de mantenimiento de 100% de sus reservas tendría efectos diferentes a un sistema de banca central con reservas fraccionarias. De hecho, la escuela se ha dividido entre quienes niegan este punto y quienes defienden un sistema de patrón oro con un coeficiente de reservas del 100%. Ver Jesús Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (1998).

[73] Friedrich Hayek, La desnacionalización del dinero (1976).

[74] Nicolas Cachanosky, El sistema de free-banking. Aspectos generales (2009).

Precios de equilibrio y contradicciones en el anarcocomunismo

2009-06-11T14:32:00.003-03:00

Leyendo la famosa FAQ “anarquista”, que amablemente el Ateneo Virtual de Alasbarricadas.org ha traducido en parte, me encuentro con que probablemente, las diferencias entre el anarquismo de mercado y el anarcocomunismo sean menores de las que se creen, o al menos en teoría lo sean, porque existen todo una gama de prejuicios que permiten siquiera un debate fluido. Concretamente, la teoría laboral del valor (sección C.1.2) presentada por la mencionada FAQ lleva a conclusiones más cercanas al anarquismo de mercado y el mutualismo que al anarcocomunismo, tanto teóricas como normativas.

La teoría del valor que allí se defiende, sostiene, como es obvio, que el precio de los productos está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo que cuesta producirlas. Esto no queda evidenciado en forma inmediata y directa en el capitalismo, sino que los precios tienden, en un mercado libre, a conformarse por el coste de producción más el “ratio medio de beneficios” [1]. Si bien los precios están determinados en la práctica por la oferta y la demanda, los determinantes objetivos tienen una influencia mayor que los subjetivos, y por lo tanto los costes son considerados la causa principal de los mismos. El coste de producción, con sus movimientos, indica a los empresarios dónde y cómo deben invertir, dando por resultado, mediante la competencia y los traslados de capital de actividades poco rentables a actividades más rentables, una tasa media de ganancia en el mercado. Como la misma FAQ explica:

Si la oferta excede la demanda, la oferta se reducirá (ya sea por las empresas reduciendo la producción o por las empresas cerrando y el capital moviéndose a otro mercado con mayores beneficios) hasta que se genere un ratio medio de beneficio… Si el precio dado genera beneficios por encima de la media, entonces el capital tratará de moverse de áreas de menor beneficio a este área de mayor beneficio, incrementando la oferta y la competencia y de esta manera, reduciendo el precio hasta que el se produzca otra vez un ratio medio de beneficios… Si el precio hace que la demanda exceda a la oferta, esto causa un alza de precios en el corto plazo y estos beneficios extra indican a otros capitalistas a que se muevan a este mercado. La oferta de un producto tenderá a estabilizarse a cualquier nivel de demanda, al precio al que se produzca un ratio medio de beneficios… Este nivel de beneficios significa que los productores no tienen ningún incentivo para mover el capital dentro o fuera de ese mercado. Cualquier cambio de este nivel en el largo término depende de los precios de producción de los productos (precios de producción más bajos significan mayores beneficios, indicando a otros capitalistas que el mercado puede ser beneficios para nuevas inversiones).

La demanda juega su rol en la determinación y movimiento de los precios, pero sólo al corto plazo. En el largo plazo, los precios de mercado tienden a reflejar los costos de producción, que están compuestos por el tiempo de trabajo. Es inevitable ver la similitud entre esta explicación de los procesos de mercado, de las teorías del equilibrio neoclásica y austriaca. La misma FAQ reconoce esto: «Se podría argumentar que esta teoría de “los precios de producción” está cerca de teoría neoclásica del “equilibrio parcial”. En cierta manera esto es cierto. Marshall básicamente sintetizó esta teoría desde la teoría marginal de la utilidad y la antigua teoría de “costes de producción” que J. S. Mill había derivado de la teoría laboral del valor». De hecho, yo sugeriría que no hay diferencia entre ambas. No obstante, esta FAQ afirma que hay cinco diferencias fundamentales.

Primero, la teoría laboral del valor no entra en el razonamiento circular asociado con los intentos de derivar la utilidad de los precios que hemos indicado más arriba. Segundo, argumenta que la renta, los beneficios y los intereses es trabajo no pagado a los trabajadores más que “premios” a los dueños por ser dueños. Tercero, es un sistema dinámico en el que los precios de producción pueden y de hecho lo hacen cuando se toman decisiones económicas. Cuarto, puede fácilmente refutar la idea de la “perfecta competencia” y darnos cuenta de una economía marcada por las barreras de entrada y la dificultad de revertir decisiones de inversión. Y, por último, los mercados de trabajo no necesariamente se despejarán en el largo término.

Sobre estas críticas hacia el modelo de equilibrio parcial, algunos pueden juzgarse justos, y otros pueden discutirse. El primer punto no queda claro a qué se refiere. Puede referirse al concepto de elasticidad ampliamente desarrollado por Marshall —una de sus más grandes contribuciones—, el cual sería absurdo discutir. O bien puede referirse, como permite inferir la crítica de la FAQ a la “teoría subjetiva del valor” del apartado anterior (sección C.1.1), que se basa en la teoría de Jevons [2]. Justamente, las teorías de Jevons han sido las menos populares del marginalismo. La ciencia económica se edificó principalmente sobre las bases de Walras —por parte de la escuela neoclásica— y sobre de Menger —por parte de la escuela austriaca—. Achacar a la teoría de la utilidad marginal un error de uno de sus expositores más débiles, en lugar de atacar las sólidas aportaciones de Böhm-Bawerk y Wieser, tiene tanto valor como rechazar la teoría laboral del valor de Marx en base a los errores del socialista utópico Charles Fourier. El segundo punto es bastante errado ya que la teoría de la utilidad marginal no intenta filtrar una conclusión normativa ni una defensa del capitalista como merecedor de “premios”, por más que algunos apologistas lo hayan hecho. Los puntos tres y cuatro son acertados, y en este la teoría presenta una clara semejanza con la escuela austriaca. El último punto, si bien parece ser el más conflictivo, es el que menos espacio y atención recibe.

Las conclusiones radicales de esta teoría laboral del valor, bien aplicada a los procesos de producción y distribución del capitalismo, es bien sabida por esta FAQ:

Desde los tiempos de Adam Smith en adelante, les radicales han utilizado la teoría laboral del valor para criticar el capitalismo. Les economistas clásicos (Adam Smith y David Ricardo y sus seguidores como J. S. Mill) argumentaban que, en el largo término, los productos se intercambiaban en proporción al trabajo necesario en producirlos. Así el intercambio de productos beneficiaba a todos ya que recibían un valor equivalente de trabajo igual al que han expedido. Sin embargo, esto dejó la naturaleza y la fuente del beneficio capitalista sujeto a debate, debate que pronto se extendió por la clase trabajadora. Mucho antes de que Karl Marx (la persona más asociada con la teoría laboral del valor) escribiera su famoso (infame) trabajo El Capital, socialistas ricardianos como Robert Owen y William Thompson y anarquistas como Proudhon ya usaban la teoría laboral del trabajo para presentar una crítica al capitalismo, exponiéndolo como basado en la explotación (los trabajadores de hecho, no recibían en salarios el equivalente al valor que habían producido y así el capitalismo no estaba basado en el intercambio de equivalentes).

Estas son las conclusiones lógicas de la teoría laboral del valor. Y si bien no deja de ser errada, lleva a las mismas conclusiones a las que un defensor de la libertad de mercado que se basa en la teoría de la utilidad marginal puede llegar. Si en el largo plazo el mercado, mediante la libre competencia, la “ausencia de barreras de entrada”, tiende al equilibrio sin llegar a él, los beneficios extraordinarios desparecerán, y los trabajadores recibirán un salario acorde con su productividad marginal, o lo que los mencionados socialistas ricardianos y Proudhon llamaban el “producto íntegro de su trabajo”. Por lo que, si el anarcocomunismo se aferra a esta teoría, es tan legítimo defender la organización comunal e igualitaria como defender la libertad de mercado. Es más, la segunda opción sería aún más legítima, puesto que lo que los defensores de esta teoría critican del capitalismo es que en un mercado que no es verdaderamente libre, estos pueden apropiarse de parte del producto del obrero, cuando éste debería recibir el producto total como salario. Bajo una organización solidaria, el trabajador tampoco recibiría el producto íntegro de su trabajo: todos los bienes serían socializados y todos recibirán una dotación acorde a sus necesidades y no acorde a su labor.

En realidad, esta teoría cae en varios errores lógicos. En primer lugar, los costos de producción también son precios, y no queda claro porqué es posible reducirlos a unidades de trabajo por unidad de tiempo [3], con lo que el resultado es un razonamiento circular, según el cual “los precios están determinados por los precios”. En segundo lugar, los precios de los bienes finales o de consumo son los que determinan los precios de los bienes de etapas previas o de producción, no viceversa. Afirmar lo contrario es contradecir la lógica temporal de los procesos productivos y la experiencia, como ha demostrado Menger. En tercer lugar, creer que costos más altos determinan precios más altos —aunque se esté en el llamado largo plazo—, es un absurdo económico de fácil refutación. Después de todo, ¿si los productores tienen el poder de subir sus precios sin importar la dimensión de la demanda ante un alza en sus costos, porqué esperar a que estos se den? ¿No sería más acorde con la premisa inicial, que “el beneficio es la fuerza motriz del capitalismo”, subir los precios de sus productos en el momento que lo deseen, y aumentar así sus beneficios? Sería más correcto afirmar que los costos determinan la tasa de beneficio, pero afirmar que determinan los precios es, evidentemente, una falacia.

Pero esta FAQ, al contrario, cae en un error aún mayor, y es el de asumir que el mercado libre conduce a la concentración de capital y a la formación de monopolios y oligopolios (ver sección C.4). Siendo que la diferencia entre un mercado concentrado y uno en el que predominan pequeñas empresas que compiten entre sí, son los altos precios y los beneficios extraordinarios que las grandes empresas pueden percibir, se deduce de ello que los precios no corresponderán, en tal caso, con los costos de producción. Es decir, esta FAQ establece que los precios no coinciden con el tiempo de trabajo ni en el corto, ni en el largo plazo. La defensa previa de la teoría laboral del valor, basándose en el apoyo empírico del largo plazo, se viene abajo al intentar atacar el libre mercado, con lo que dicha teoría pierde total relación con la realidad.

En definitiva, los anarcocomunistas comienzan adoptando una teoría contra el capitalismo que los conduciría a defender el libre mercado —como hiciera Proudhon—, pero para criticar el libre mercado adoptan una teoría que contradice la primera. Los anarcocomunistas deberán, o bien reconocer que el programa de Proudhon, Tucker, y los anarquistas de mercado, es coherente con la premisa que ellos mismos defienden: que el trabajador debe obtener el producto íntegro de su trabajo, y que todo salario inferior equivale a un robo, directo o indirecto, por parte de los capitalistas; o asumir que no tienen forma de demostrar que el capitalista explota al obrero, pero que el mercado libre tiende a la concentración y a los monopolios, premisa también sumamente discutible. Mientras la primera opción los llevará necesariamente a aliarse a los anarquistas de mercado, la segunda los llevará a un inevitable pseudo-estatismo. Mientras los anarcocomunistas sigan rechazando el anarquismo de mercado por temor a que desde el marxismo y otras tendencias de izquierda se los acuse de “individualistas”, y mientras desde el anarquismo de mercado se siga rechazando el anarcocomunismo por temor a que los liberales y los randianos los tilden de “colectivistas”, no existirá conciliación posible. Existirán diferentes tendencias que comparten más puntos en común que en contradicción, pero que se rechazan mutuamente por motivos ajenos a sus propios principios teóricos y prácticos.

[1] En terminología marshalliana esto se denomina “beneficios normales”, y está determinado, como ha demostrado Böhm-Bawerk, por la tasa de interés. Curiosamente, esta “teoría anarquista del valor”, como veremos, tiene mucho de marshalliana.

[2] Textualmente, dice: «Los primeros marginalistas… argumentaron que el precio reflejaba la utilidad en el “margen” (Jevons, uno de los fundadores de la escuela marginalista, argumentó que “el grado final de utilidad determina el valor”); pero ¿qué determinaba la posición del margen mismo? Está establecido por la disponibilidad de la oferta (“la oferta determina el grado final de utilidad”— Jevons); pero ¿qué determina el nivel de oferta? (“El coste de producción determina la oferta”— Jevons). En otras palabras, el precio depende de la utilidad marginal, que depende de la oferta, que depende de los costes de producción. En otras palabras, finalmente se basa en una medida objetiva (oferta o costes de producción) ¡en vez de evaluaciones subjetivas!».

[3] Las críticas de Böhm-Bawerk en este punto, han sido contundentes e incontestables. Ver Una contradicción no resuelta en el sistema económico marxista (1896). Si bien la crítica se dirige a Marx, la reducción de todo tipo de trabajo, sea especializado o simple, bajo la medida de “tiempo de trabajo”, es común a ambas teorías del valor.

6. Los mecanismos de acción del Estado

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El fin de este capítulo es el de esclarecer la forma en que los diferentes tipos de intervención del Estado no sólo no tienden a beneficiar a la sociedad en su conjunto, sino que buscan beneficiar a una clase y a ciertos sectores económicos particulares en detrimento de los verdaderos productores y trabajadores, haciendo uso de la teoría del Estado antes desarrollada. Muchas de los conceptos que serán vertidos aquí son válidos para casi cualquier tipo de sistema económico de la historia, pero en este momento sólo me enfocaré en la actual economía de mercado, y cómo el Estado y sus modernos mecanismos distorsionan y alteran el sistema de precios.

6.1. El mercado libre

El mercado se basa principalmente en el intercambio voluntario: una relación mutuamente beneficiosa en la que dos individuos truecan bienes de menor valor por otros de mayor valor entre sí. El valor de un bien aquí debe entenderse como una apreciación subjetiva e individual basada en la utilidad que las personas estiman que le reporta dicho bien. De esto se deduce que si un individuo posee un bien A pero desea un bien B, y otro posee un bien B pero desea un bien A, establecerán entre ellos un intercambio y ambos saldrán ganando. Esto no es más que lo que vemos día a día en el mercado, y en casi cada relación social. Si el intercambio voluntario no aumentara la utilidad de cada uno de los participantes, este simplemente no tendría lugar. Si bien nuestra imaginación tiende a representarnos este proceso como un simple trueque directo de bienes, la verdad es que el intercambio monetario se rige por los mismos principios.

El dinero surge, como he señalado al mencionar la teoría de Menger [40], como un producto espontáneo de los procesos de mercado. Allí donde se organiza un mercado de trueque, no tardan en aparecer bienes que presentan una liquidez mayor que la de los bienes restantes, es decir, que son más demandados y que por lo tanto, pueden utilizarse como “medio de cambio generalizado”. Antes del surgimiento del dinero, si A poseía un bien X y deseaba obtener un bien Y, debía encontrar un individuo B que se encontrara en la situación exactamente opuesta, y poseyera un bien Y, y deseara obtener un bien X; y lo más probable es que el intercambio jamás tuviera lugar. El dinero evidentemente facilita enormemente los intercambios y organiza mejor la formación de precios, con lo que no es descabellado encontrar en su implantación los fundamentos de una sólida civilización económica.

El dinero y la consecuente formación de precios permiten además el funcionamiento del cálculo económico [41]. Por cálculo económico debe entenderse aquél proceso de asignación de recursos escasos basado en los precios de los productos como indicadores y guías para los productores. En efecto, si el precio de un bien aumenta, manteniéndose constantes las demás variables —como el costo de producción—, los productores reconocerán una evidente oportunidad de ganancia y trasladarán su capital a la producción de dicho bien, aumentando su oferta y satisfaciendo la demanda de los consumidores. Y si el precio del mismo bien disminuye los productores retirarán recursos de ese sector y los trasladarán a otros de mayor rentabilidad. De esta manera, si admitimos que los productores actúan racionalmente, que buscan siempre obtener mayores ganancias y que para ello utilizan a los precios como indicadores de rentabilidad, se deduce que en el mercado es imposible que se de una sobreproducción o una subproducción generales [42], dado que ello conllevaría pérdidas de capital en el primer caso y aumentos en el costo de oportunidad en el segundo —entendidos como oportunidad de ganancia—.

Muchos teóricos han señalado a lo largo de la historia que las crisis de sobreproducción o de “subconsumo” son posibles como un efecto del aumento del ahorro [43]. Si aumenta el ahorro, la demanda presente disminuye y la inversión, que depende de la demanda, cae igualmente. De esta manera se producen recesiones o “atascamientos”, producto de lo llamarían “subconsumo”. En realidad el error parte de una errónea definición de “ahorro”. El economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk ha demostrado que lo que se conoce como ahorro en realidad es el acto por el cual el individuo cambia demanda presente por demanda futura, según su preferencia temporal. Este proceso consiste en trasladar parte del ingreso destinado para el consumo presente hacia el consumo futuro, y en una sociedad donde el sistema bancario y monetario se encuentra bien organizado y estable, dicha transferencia se manifiesta a través de la tasa de interés. Si los individuos aumentan su ahorro —aumentan la demanda futura—, aumenta el capital disponible para el crédito, la tasa de interés baja y los productores reciben la señal de que deben invertir en procesos productivos más intensivos en capital o métodos indirectos de producción, o, en palabras de Böhm-Bawerk, que “demoren más tiempo”. En definitiva, un aumento del ahorro no disminuye la producción o el empleo, simplemente los traslada desde la industria de bienes de consumo hacia la industria de bienes de capital [44].

A través del ahorro no se extingue absolutamente ni siquiera una pequeña parte de la demanda de bienes., sino que, como J. B. Say demostró de manera magistral hace más de cien años en su famosa teoría de la “venta o demanda de productos” (des débouchées), la demanda de bienes, el deseo de medios de disfrute, es en cualquier circunstancia humana, insaciable. […] En otras palabras, aquéllos que ahorran restringen su demanda de bienes de consumo en el presente, simplemente para incrementar proporcionalmente su demanda de bienes de consumo en el futuro. [45]

En realidad, esta teoría no es más que una matización superadora de la famosa Ley de Say, que establecía que la demanda y la oferta no pueden nunca ser desiguales. Los productores, al producir, están generando una demanda suficiente para poder recomprar los productos ofrecidos. La demanda está implícita en los ingresos que perciben los factores al intervenir en la producción. Si bien es concebible una sobreproducción o “subconsumo” accidental en determinada rama de la industria, es inconcebible tal situación para el mercado en su totalidad. En tales casos las fallas son corregidas automáticamente gracias a que el cálculo económico pone en evidencia pérdidas y ganancias, y los recursos pueden trasladarse desde los sectores menos rentables a los más rentables, y por lo tanto, los que más urgentemente demandan los consumidores. El ahorro no puede disminuir la demanda neta o agregada: simplemente la desplaza hacia los bienes futuros.

El mercado, como vemos, posee importantes mecanismos de autorregulación que necesitan de una total libertad para manifestarse correctamente, y sobretodo, para que los productores reciban las señales adecuadas. La intervención estatal no hace más que distorsionar el sistema de precios llevando el mercado a situaciones sub-óptimas en la asignación de recursos, y a redistribuir el ingreso desde unos grupos hacia otros, como se verá en las siguientes secciones.

6.2. La imposición

Los impuestos son la manifestación más antigua y común de intervención sobre la economía. Desde los tributos recogidos por los reyes más primitivos, hasta las multas más absurdas decretadas por los Estados modernos, todos han surgido como mecanismos con la capacidad de alterar y distorsionar el sistema de precios, y con él, los ingresos relativos, redistribuyéndolos desde unos grupos hacia otros, desde la clase productora y dominada hacia la clase parasitaria y dominante.

El cobro de impuestos o tributos —nombres prácticamente equivalentes para designar el robo o sustracción de los bienes de los productores por parte de un Estado o clase dominante— ya comenzaban a establecerse con la aparición de los primeros “caudillos” tribales, siguiendo el proceso analizado en el capítulo anterior, que pronto se erigirían en reyes. Los impuestos se cobraban en especie, razón por la cual los bienes recaudados eran consumidos directamente por la casta superior. Con el desarrollo del mercado y con el surgimiento del dinero, los gobernantes rápidamente hallaron una herramienta capaz de facilitar y agilizar el cobro de impuestos, pero sobretodo, comenzar con el proceso de dominación “ideológica”, además de la económica. El dinero era un mecanismo que benefició y facilitó el comercio a gran escala y pasó rápidamente a ser una institución muy estimada por una sociedad cuyo mercado se expandía. Los gobiernos lograron, monopolizando el dinero e imprimiéndole su sello distintivo en forma de monedas, establecer una histórica asociación entre el mismo y la autoridad estatal, al punto de generar en el imaginario colectivo la idea de que, de hecho, era una creación del rey. Hacia el siglo XI tanto los gobernantes como los señores feudales, en casi toda Europa, comenzarían a exigir que el pago de sus tributos fueran entregados en dinero y no en especie. Ya en plena Edad Media, quedaba en evidencia el incipiente desarrollo de un, por el momento inmaduro, sistema impositivo:

Las cantidades tomadas en préstamo sobrepasaban muchas veces las posibilidades de devolución previstas. Los grupos más vulnerables de la sociedad —judíos, ciudadanos y mercaderes extranjeros— eran obligados a realizar préstamos o se les imponían pesados tributos. Los derechos de aduana eran elevados sin razón alguna y sin tener en cuenta el coste de los artículos. La moneda era manipulada por “falsificadores” que se hallaban en elevada posición. El comercio de lana inglesa fue sobrecargado de impuestos simplemente para elevar los ingresos, y las cargas fueron tan pesadas que determinaron consecuencias de largo alcance. Medidas de este tipo surgían de necesidades financieras críticas y afectaban vitalmente al desarrollo y a la prosperidad económica. [46]

La marcada evolución en los sistema impositivos era notoria: si en los inicios de los Estados los tributos se cobraban en especie y los bienes recaudados eran consumidos en el acto por la clase dominante; con la aparición de la moneda estatal contaban con mecanismos como el cobro de multas judiciales, derechos de mercado, peajes sobre bienes en tránsito, derechos de sucesión a arrendatarios feudales, “ayudas de gracia”, etc. Con la llegada del capitalismo industrial, y su nueva organización socioeconómica, los impuestos pasarían a dirigirse hacia otros ámbitos, aunque la esencia de los mismos continuaría vigente: la sustracción de la riqueza a los productores por parte de la clase dominante, redistribuyendo, directa o indirectamente los ingresos relativos y distorsionando la economía. Una muestra del progreso del sistema impositivo hacia el siglo XIX puede ser la extensa enumeración que hace Herbert Spencer de impuestos, regulaciones e intervenciones que se establecerían en Inglaterra entre 1860 y 1880, en su obra El individuo contra el Estado (1884).

Sin embargo, recurrir al listado de Spencer puede resultar confuso si lo que se desea es explicar en forma sencilla la distorsión y alteración que genera la intervención estatal sobre el mecanismo de precios y de la estructura intertemporal de la producción. La teoría económica ha tendido a reducir la acción impositiva a unos pocos principales tipos de impuestos para examinar con mayor comodidad sus efectos sobre la economía individual, y principalmente la renta del individuo. El principal problema con la llamada “economía del bienestar” es que tiende a buscar intensivamente aquel conjunto de impuestos que afecte lo menos negativamente posible el ingreso y las preferencias de los individuos, dejando de lado el hecho de que los impuestos implican, de por sí y por menos distorsivos que sean, algún grado de pérdida de bienestar para el individuo y para la comunidad.

Los impuestos pueden separarse, si se quiere, en dos grandes grupos: los proporcionales y los discriminatorios, entre los que se encuentran los progresivos y regresivos. Los impuestos proporcionales son los menos distorsivos, dado que gravan de igual manera la renta de todos los individuos —aquí la distorsión pasaría por cómo se distribuye el gasto estatal [47]—; mientras que los discriminatorios tienden a alterar la estructura de ingresos relativos en forma directa. Estos impuestos dividen la sociedad en grupos, sean por ingresos, por tipo de consumo, por cantidad de capital, etc., y aplican diferentes tipos impositivos sobre cada uno de ellos. Esto conduce a una inevitable alteración de los ingresos relativos, por lo que algunos sectores acaban siendo más perjudicados que otros.

Prácticamente ningún tipo de impuesto puede llegar a ser proporcional coherentemente. Los Estados tienden a gravar discriminatoriamente las ventas de determinados sectores, el consumo de determinado tipo de artículos, los ingresos de determinado monto, etc. Esta discriminación distorsiona la rentabilidad de algunas actividades y provoca desajustes en el sistema de precios, redirigiendo la inversión hacia sectores productivos a los que, en ausencia de la intervención, no se hubieran dirigido. Más aún, los impuestos tienden a generar el efecto opuesto al que supuestamente van enfocados. Los impuestos sobre las ventas, por ejemplo, tienden a generar una menor producción en el largo plazo como consecuencia de la baja en la rentabilidad.

Si bien la mayor parte de los impuestos de cualquier tipo terminan siempre afectando los ingresos de los individuos, existen mecanismos mucho más distorsivos del sistema de precios. Los controles de precios son la forma más directa de manipular la información subjetiva del mercado. Por supuesto, estos controles nunca se realizan arbitrariamente: el estado siempre busca beneficiar a determinados grupos controlando los precios de determinados artículos, generalmente, disminuyendo los costos de emprender algunas actividades. De esta forma el Estado suma adeptos que legitiman su existencia y su accionar. A pesar de esto, los controles de precios generan distorsiones en el mercado que generan situaciones de baja eficiencia: si el Estado fija precios superiores a los del equilibrio entre la oferta y la demanda, se generará un exceso de oferta que no encontrará demanda, mientras que si el Estado fija precios menores al precio de equilibrio, habrá un exceso de demanda que no encuentre oferta para satisfacerla. Esto es aplicable a todo tipo de mercados, incluso el laboral:

El poder de los sindicatos para fijar los salarios, o para establecer salarios mínimos (superiores, es de suponer, a los de equilibrio), es la acción restrictiva fundamental. Como el sindicato establece un salario superior al de equilibrio, el número de personas dispuestas a trabajar a este salario, número indicado por la curva de oferta, es mayor que este mismo salario, indicado por la curva de demanda. Por ello, una gran parte de la actividad del sindicato tiene por finalidad racionar entre los obreros que desean trabajar los puestos de trabajo existentes. Esta es la verdadera función económica de medidas tales como las altas cuotas de entrada en los sindicatos y los esfuerzos de éstos para sostener en ciertas tareas un número de obreros superior al necesario… [48]

6.3. La redistribución

Uno de los aspectos centrales en el gasto estatal posterior a la recaudación impositiva, es que este gasto no puede ser, de ninguna manera “homogéneo”, o beneficiar a todos los ciudadanos por igual. Y esta es una de las grandes falacias de la teoría económica favorable a la intervención estatal: que existen un tipo especial de bienes que pueden ser considerados “bienes públicos”, cuya definición todavía no ha podido ser del todo aclarada. Como explica Hans-Hermann Hoppe, «los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda la diferenciación» [49]. No obstante, la definición más usual establece que los bienes públicos son aquellos cuyo disfrute no está limitado a quienes realmente a contribuido a su financiación. El hecho de que el disfrute del mismo no sea privado en un sentido estricto reduce los incentivos para producirlo en la cantidad o calidad que realmente deberían. Esta es la definición adoptada por el economista Joseph Stiglitz en su libro La economía del sector público (1988), por James M. Buchanan y Geoffrey Brennan en la obra citada anteriormente, y por gran parte de la escuela neoclásica. No deja de llamar la atención el hecho de este concepto infiere implícitamente que la cantidad o calidad óptimas pueden conocerse independientemente del proceso de descubrimiento competitivo del mercado, al decir que el mismo no produce en la cantidad o calidad que “debería”.

Por su parte, el mismo Hoppe ha refutado sistemáticamente los principios de esta teoría [50]. El concepto de bienes públicos manejado por estos economistas contradicen abiertamente los principios más básicos de la teoría económica. En primer lugar, se torna imposible clasificar bienes públicos y privados de forma permanente, dado que la condición del bien, su demanda y, por ende, su escasez, están determinados por la subjetividad y las preferencias individuales. En segundo lugar, comete el gravísimo error de infiltrar en un análisis puramente positivo, una premisa normativa. En efecto, partiendo del hecho de que un bien determinado no es producido por el mercado, no puede inferirse que debería producirse sin contradecir la lógica y el método científico. El economista Alberto Benegas Lynch también señala que:

Una primera mirada a la producción de bienes y servicios obliga a concluir que muchos de los provistos por los gobiernos tienen las características de bienes privados (en nuestro ejemplo anterior, el servicio telefónico, también el correo, la aeronavegación, etc.) así como también muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado (nuestro ejemplo del perfume, los edificios elegantes, etc.). En verdad la mayor parte de los bienes y servicios producen free-riders, desde educación hasta el diseño de las corbatas. [51]

Los bienes públicos, tal y como los entienden los economistas, no existen. Los bienes que suministra el Estado son sectoriales, preferenciales y en algunos casos exclusivos. No existen bienes o servicios estatales que beneficien al conjunto de la población en forma proporcional, o por lo menos, en forma general. Y, por supuesto, para un sector importante, los costos de financiar la producción de tales bienes a través de impuestos no superan la utilidad que producen los servicios estatales, si es que tienen acceso a ellos. Una parte importante de la recaudación fiscal se transfiere a sectores económicos privilegiados bajo la forma de subsidios, créditos, protecciones comerciales, etc. También un amplio monto de gasto estatal se destina a maximizar esa variable S que remarcamos en el modelo de Buchanan-Brennan, el excedente de la recaudación por sobre el gasto, que alimenta la burocracia política y los organismos de represión del Estado.

Por último, existe un resto de recursos destinados a áreas como la educación, sanidad, seguridad, etc., que sirven de “cortina” o “máscara” para ocultar y legitimar la expropiación del producto de su trabajo que la clase dominada sufre. Casualmente estas áreas, las más reclamadas como prioridades estatales, no encajan con la anterior definición de “bienes públicos”. Detrás de esto generalmente se encuentra la transferencia de recursos de la clase productiva hacia la clase parasitaria, conformada por toda la clase política, las instituciones estatales y toda una gama de grandes empresas privilegiadas artificialmente por la acción del Estado, cuya existencia en la economía hubiera sido reducida o eliminada por el proceso de competencia del mercado. En las sociedades actuales, estos grandes capitales se encuentran representados por la industria subvencionada y protegida de la competencia externa, instituciones bancarias y financieras sustentadas en el favor crediticio de los Bancos Centrales, empresas resguardadas de la competencia por patentes, firmas contratadas habitualmente para la producción y construcción de obras públicas, empresas publicitarias, capitales que financian campañas políticas en tiempos de elecciones con la expectativas de obtener favores estatales en el futuro, y un amplísimo etcétera.

6.4. La creación de monopolios

Siguiendo con la idea explayada en el último párrafo, el anarcoindividualista americano Benjamin Tucker, ferviente seguidor de Proudhon y uno de los más importantes exponentes del mutualismo, ha sido uno de los primeros en sistematizar esta red de privilegios y monopolios creados desde el Estado, para favorecer a determinados grupos económicos en detrimento de otros. Tucker ha señalado a cuatro grandes monopolios, cuatro de los más importantes tipos de intervención estatal en el mercado: el monopolio del dinero, el de la tierra, el de los aranceles o tarifas y el de las patentes [52].

El monopolio del dinero consiste en el privilegio otorgado por el Estado a los creadores y distribuidores de los medios de pago, actividad que se encuentra restringido a otros emprendedores. El resultado es que las tasas de interés están bajo el control absoluto de este grupo de personas, que a menudo se encargan de llevar a cabo las exigencias directas del Estado en política económica. El monopolio de la tierra se basa en el privilegio obtenido por grandes terratenientes para poseer tierras que no trabajan o siquiera ocupan [53]. El tercer monopolio es de los aranceles aduaneros, que protegen a empresas nacionales de la competencia externa, y fomentan la producción de artículos de más baja calidad y a más altos precios. Por último, Tucker señaló el monopolio de las patentes, que consiste en la protección que reciben innovadores y autores de la competencia, penalizando la producción de sus innovaciones sin autorización, lo que les permite cobrar una renta monopolística sobre las mismas.

Más recientemente, el mutualista Kevin Carson ha establecido una forma de monopolio que Benjamin Tucker dejó de lado, aquella que cobra la forma de subvenciones al transporte. Carson afirma que «cada ola de concentración de capital en los Estados Unidos ha seguido a un sistema de infraestructura subvencionado públicamente de alguna clase. El sistema de ferrocarriles nacional, construido en gran parte sobre tierra gratuita o de bajo coste donada por el gobierno, fue seguido de la concentración en la industria pesada, de productos petroquímicos, y finanzas» [54]. La creación de las primeras líneas de ferrocarriles a finales del siglo XIX fue financiada prácticamente en su totalidad por las subvenciones estatales, de esta forma, algunas industrias encontraron una forma económica de transportar sus mercancías sin tener que costearlo con su propio capital.

La economía corporativa centralizada depende para su existencia de un sistema de precios de transporte artificialmente deformados por la intervención del gobierno. Para comprender totalmente en qué medida depende la economía corporativa de la socialización del transporte y los gastos de comunicaciones, imagine qué pasaría si se cobraran los suficientes impuestos sobre el combustible de los camiones y los aviones para pagar el coste completo de su mantenimiento así como los gastos de los nuevos edificios de las carreteras y aeropuertos; y si fueran eliminadas las concesiones de agotamiento de combustibles fósiles. El resultado sería un aumento masivo de los costes de transporte. [55]

Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones, a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, han seguido el mismo camino. En Estados Unidos, según Thomas Di Lorenzo, «la cruzada para crear una industria telefónica monopolizada con mecanismos gubernamentales tuvo éxito cuando el gobierno federal usó la Primera Guerra Mundial como excusa para nacionalizar la industria en 1918» [56]. Hacia la segunda mitad del siglo XX, principalmente entre los años 1970-1990, se daría una enorme expansión del complejo teleinformático y la consolidación de nuevos monopolios en dicho campo, gracias al otorgamiento de patentes y licencias exclusivas a las empresas innovadoras, y que luego se verían fortalecidas por la centralización de los gastos estatales en dicho sector. En esta etapa, veinte de las mayores empresas productoras de equipos teleinformáticas centralizaban el 95% de las ventas mundiales. Sin embargo, más de la mitad de dichas ventas eran realizadas al sector público. Di Lorenzo concluye que:

La teoría del monopolio natural es una ficción económica. Tal cosa como un “monopolio natural” jamás ha existido. La historia de los así llamados “servicios públicos” es que a fines del siglo diecinueve y principios del veinte las empresas competían vigorosamente y, como en todo el resto de industrias, no les gustaba la competencia. Las empresas obtuvieron monopolios por parte del gobierno, y entonces, con ayuda de algunos economistas influyentes, fabricaron la racionalización (justificación) ex post para su poder monopólico.

La “utilización” de los economistas académicos para legitimar las prácticas estatales, en este caso no se ha limitado sólo a decretar que los monopolios artificiales han sido un producto de la libre competencia, sino incluso a justificar ex post el establecimiento de “leyes antitrust” por parte de los gobiernos. Más aún, han intentado hacer ver tales medidas como el producto de la fuerte influencia académica sobre la legislación, la cual siguió los sabios consejos de los economistas. Más bien, la legislación y la política estatal han influenciado notablemente el cuerpo de economistas, que han necesitado justificarlas y legitimarlas teóricamente. Al respecto, George Stigler ha observado que:

Los economistas tienen sus glorias, pero no creo que el cuerpo de leyes antitrust americanas sea una de ellas. Baso mis dudas fundamentales sobre nuestra influencia en la política antitrust en el hecho de que hemos proporcionado bastante poco conocimiento económico contrastado para guiar la política. Nadie puede creer que hayamos establecido una relación precisa entre la concentración y el poder de mercado. […] Pero, ¿dónde hubo una política de regulación introducida en respuesta a un problema descubierto y popularizado por economistas? La Sherman Act, cabría recordar, fue completa y generalmente rechazada por los economistas americanos. [57]

En definitiva, la creación y consolidación de monopolios es obra y gracia de la acción redistributiva de los Estados, transfiriendo riqueza desde la clase productiva hacia la clase política y los sectores económicos ligados a ella. El monopolio que, considero, más relevante en la actualidad, es el monopolio del dinero, el cual será tratado en el siguiente capítulo.

[40] Carl Menger, El origen del dinero (1892).

[41] Ludwig von Mises, El cálculo económico en la comunidad socialista (1920). Para un desarrollo exhaustivo de esta teoría, ver Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial (1992).

[42] La subproducción o sobreproducción pueden darse sectorialmente o aisladamente, pero nunca en forma general, ya que es inconcebible que todos los productores de la economía se equivoquen al mismo tiempo, a menos que estén recibiendo información distorsionada desde el sistema de precios. Distorsiones que son el efecto inevitable de toda intervención coactiva del Estado en la economía.

[43] Entre ellos, uno de los principales exponentes de la escuela clásica de economía Thomas Malthus. Siguieron a Malthus en este punto economistas como Simonde de Sismondi. Más tarde John A. Hobson, Silvio Gesell y el famoso economista inglés John Maynard Keynes se sumarían a este punto de vista. Las teorías de este último son las que principalmente han prevalecido hasta nuestros días, aunque bajo una forma más vulgar. El libro de Thomas Sowell, Reconsideración de la economía clásica (1980), presenta una recopilación y síntesis excelente de la controversia que se generó alrededor de este punto en los albores de la economía política, así como de la llamada “Ley de Say”.

[44] Es evidente que John M. Keynes lo único que hace es denominar a la demanda de bienes presentes o de consumo como “demanda efectiva” y establecerla como el determinante principal de la inversión, junto con la tasa de interés. Para él, la “demanda efectiva” es una variable cuya disminución hay que impedir mediante la intervención del Estado, sin contar que tal fenómeno conllevaría una disminución de la tasa de interés y el consecuente “estiramiento” de la estructura productiva del mercado, sin reducción del empleo o aumento de la producción. Ver su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936).

[45] Eugen von Böhm-Bawerk, La función del ahorro (1901).

[46] Edward Miller, “Medidas económicas gubernamentales y hacienda pública, 1000-1500”, en Historia económica de Europa, I. La Edad Media, de Carlo M. Cipolla (1972).

[47] Como señalaría Murray Rothbard: «Desde luego que el estado gasta siempre los ingresos que recibe en diversos grupos y siempre hay así subsidios cruzados puesto que el que recibe fondos del gobierno de una u otra manera no necesariamente coincide con lo que pagó… En última instancia, hay dos grupos antagónicos que se crean como lo ha señalado Calhoun. Se trata de los contribuyentes netos y de los que consuman el fruto de los impuestos». Ver El impuesto al consumo: una crítica (1994).

[48] Milton Friedman, Teoría de los precios (1962). Si bien el análisis de Friedman es correcto, como la mayoría de los liberales no contempla este tipo de intervenciones coactivas en las relaciones comerciales en toda la extensión de la economía. Como se verá más adelante, algunos de los más beneficiados de la intervención en el mercado son algunos sectores más pudientes de los poseedores de capital.

[49] Hans-Hermann Hoppe, Falacias de la teoría de los bienes públicos y la producción de seguridad (1989).

[50] Hans-Hermann Hoppe, Ibíd.

[51] Alberto Benegas Lynch (h), Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado (1997).

[52] Benjamin Tucker, Libertad individual (1926).

[53] Este monopolio ha sido fervientemente atacado por pensadores como Proudhon, Josiah Warren y Henry George.

[54] Kevin Carson, Estudios de una economía política mutualista (2004).

[55] Kevin Carson, Ibíd.

[56] Thomas Di Lorenzo, El mito del monopolio natural (1994). Thomas Di Lorenzo, siguiendo la misma idea expresada en este trabajo, llega a establecer que en el caso del monopolio de servicios telefónicos, la creación del mismo «fue el resultado de una conspiración entre AT&T y políticos que querían ofrecer “servicio telefónico universal” como un “derecho” a sus lectores. Los políticos empezaron por denunciar a la competencia como “duplicante”, “destructiva”, “un desperdicio”, y varios economistas fueron pagados para asistir a audiencias del Congreso en las que declararon en tono taciturno a la telefonía un monopolio natural». Por “monopolio natural” debe entenderse no como la formación de un monopolio a través de ayudas “externas” como la intervención del Estado, sino como un producto espontáneo de los procesos de mercado.

[57] George Stigler, El economista como predicador y otros ensayos (1982).

La teoría mutualista de la tierra

2009-04-20T16:42:00.005-03:00

Antes de comenzar el artículo tal vez sea oportuna una nota introductoria, aunque no tenga mucho que ver con el tema. En primer lugar, este artículo no es parte de la serie sobre la teoría anarquista que estoy intentando desarrollar. Se trata de algunas breves reflexiones aisladas sobre un tema que nunca se ha tratado en el blog como lo es el de la propiedad sobre la tierra. La serie será retomada luego desde el capítulo 6. Por cierto, y siguiendo la sugerencia de Tsekub, ya edité la parte I y la subí a 4shared.com en formato PDF.

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La teoría mutualista de la tierra

Los mutualistas han sostenido desde sus inicios [1] que la propiedad absoluta sobre la tierra es totalmente ilegítima por no estar basada en el trabajo. Más allá de las consideraciones éticas sobre la propiedad absoluta o lockeana sobre la tierra, a la cual oponen la propiedad de tipo usufructuaria, es decir, basada en la ocupación y el trabajo, hay fuertes razones económicas que nos sugieren que la teoría mutualista tiene fundamentos suficientemente sólidos. La crítica económica a la propiedad absoluta sobre la tierra, y con ella a la casta terrateniente y la elevada renta que estos obtienen, tiene sus orígenes en la teoría de la renta de David Ricardo, quien buscaba elaborar una teoría de la distribución del ingreso en el mercado.

Ricardo hace una división tajante entre los diferentes grupos económicos y el tipo de ingreso que perciben: los trabajadores, quienes obtienen un salario a cambio de su labor; los capitalistas, quienes aportan su capital, por lo que obtienen un beneficio o interés; y los terratenientes, quienes perciben una renta por el uso el su tierra. Según Ricardo, la estructura del mercado capitalista estaba dada para que los terratenientes sean los máximos beneficiarios en la economía, mientras los trabajadores y los capitalistas ven caer sus ingresos producto de la competencia. El concepto central para entender este proceso es el de los rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes pueden entenderse como aquella producción en la que la adición de más unidades de trabajo a los factores, producen cada vez menos unidades de producto. Por ejemplo, en el caso de la tierra puede darse la siguiente situación [2]:

Como vemos, en esta situación existen cuatro extensiones de tierra de diferente fertilidad o productividad. Ricardo sostenía que a medida que los rendimientos decrecientes comenzaban a surtir efecto en las tierras más productivas, se hacía cada vez más rentable ocupar las tierras menos fértiles. En nuestro ejemplo, si suponemos que se están empleando dos unidades de trabajo en la tierra A, cuya productividad es de 19 unidades de producto, vemos que si el propietario quiere aumentar la producción le resulta más rentable adquirir la tierra B y emplear una unidad de trabajo en ella, que añadir una más a la tierra que ya posee. Con el primer método obtiene 28 unidades de producto, y con el segundo 26. De la misma forma, cuando se halle empleando dos unidades de trabajo en la tierra B, si continúa aumentando la producción, será más rentable pasar a ocupar la tierra C con una unidad de trabajo.

De esta manera, grandes propietarios encontraban muy beneficioso comprar grandes extensiones de tierra que no se encontraban trabajando dada su baja productividad relativa, y sentarse a esperar, especulando con que el precio de las tierras obtenidas crecerá enormemente cuando los propietarios de las tierras más fértiles demanden aún más terrenos para hacer frente a los rendimientos decrecientes. Esto explica lo que ocurre en la Pampa y la Patagonia en Argentina hoy en día y en muchas partes del mundo, en la que enormes extensiones de terreno que podrían estar produciendo alimentos u otros bienes primarios se encuentran inutilizadas, dado que poderosos especuladores —en algunos casos, funcionarios políticos— las han apropiado, a la espera de que su valor crezca en el futuro.

Quedaría en claro, entonces, que esto golpea negativamente en los demás sectores sociales: las tierras más fértiles lanzan al mercado cantidades decrecientes de productos, y al existir tierras que no pueden utilizarse dado que sus propietarios simplemente especulan con el valor de las mismas a futuro, el precio de los mismos, y sobretodo de los alimentos, sube. Ricardo sostenía que el precio de los alimentos produciría un aumento en los salarios —puesto que el salario para él estaba determinado por la cantidad de recursos necesarios para su subsistencia mínima—, y una consecuente reducción en los beneficios. El proceso terminaba generando una transferencia de riqueza de las demás capas de la sociedad hacia los terratenientes.

Incluso podemos encontrar muchos de los procesos colonizadores en América Latina generados por este fenómeno. América Latina presentaba un foco de terrenos sin propietarios legales —más allá de los aborígenes— que potencialmente podían ser apropiados por un lado para aumentar la producción de alimentos y mitigar los efectos negativos del aumento de la renta. En la Gran Bretaña de principios del siglo XIX ya comenzaban a evidenciarse los rendimientos decrecientes, y Ricardo, que escribió sus Principios en 1817, señalaba preocupado: “Si pudiéramos agregar una zona de tierra fértil a nuestra Isla… los beneficios no bajarían nunca; el aumento de la tierra fértil haría bajar la renta y el costo de producción del trigo” [3]. El otro fin con el que se emprendía la colonización, que fue el que finalmente predominó, era para la especulación de grandes propietarios e incluso de jefes de ejército y muchos funcionarios.

¿Es entonces antieconómica la propuesta mutualista? De ningún modo lo es, más allá de que necesite algunas puntualizaciones y matizaciones. La propiedad usufructuaria sobre la tierra impediría que grandes propietarios especulen con el valor de las tierras y las mantengan inutilizadas, mientras los alimentos se encarecen y se ven perjudicados los demás sectores de la economía.

[la propiedad mutualista] permite que se envíen las señales correctas a los empresarios y, que de esta forma, faciliten las inversiones adecuadas, con la peculiaridad de que el precio no se aplica sobre la tierra, sino sobre el derecho de ocupación. El ocupante de la tierra no venderá la tierra en sí misma, sino la cesión de su uso. Por ejemplo, si el ocupante de tierras X, que está en una parcela muy fértil y bien comunicada, de la que podría extraer grandes beneficios si se dedicara al cultivo de la vid, actualmente se dedica a la tarea mucho menos rentable de cultivar tomates, pronto otro empresario le ofrecerá una cuantiosa suma de dinero por su derecho de ocupación, y de esta forma cada parcela tendría asignada un precio, sin necesidad de estar sujetas a propiedad absoluta. Las parcelas cuyos rendimientos podrían ser muy rentables tendrían un precio de ocupación muy cuantioso, mientras aquellas cuyos rendimientos podrían ser menores tendrían un precio más asequible.

… el ocupante de la tierra puede cederla a quien quiera siempre que sus herederos, a su vez, ocupen también la tierra. De esta forma la inversión de capitales no será desalentada, y el campesino tendrá la seguridad de que sus cuidados e inversión sobre la misma tendrán continuidad. [4]

[1] Puede considerarse la primera formulación de esta teoría la obra ¿Qué es la propiedad? (1840) de Pierre-Joseph Proudhon, el padre del mutualismo.

[2] El cuadro está basado en el expuesto por Thomas Sowell en Reconsideración de la economía clásica (1980). En este contexto, los términos “unidad de trabajo” y “trabajador” son intercambiables.

[3] Citado por Ricardo M. Ortiz en Historia económica de la Argentina, Tomo I (1955). Diez años antes de que Ricardo dijera esto, en 1806 y 1807, el ejército británico emprendía una de las tantas expediciones militares por toda América, las llamadas “Invasiones Inglesas” en el Río de la Plata, que fueron resistidas victoriosamente por la milicia criolla.

[4] Víctor L., La propiedad de la tierra II (viabilidad económica), en Mutualismo.org.

5. El Estado como clase

2009-04-13T14:49:00.005-03:00

La deducción lógica de la anterior descripción de la economía libre, “sociedad económica”, o simplemente anarquía, es que el Estado no es una institución deliberadamente creada para “establecer” el orden y la armonía en la sociedad. Los primeros en adoptar la postura opuesta, esto es, que los gobiernos son una creación deliberada de los hombres para poner fin al caos y el desorden de la anarquía, han sido, históricamente, los sacerdotes e intelectuales apologistas del poder de los Estados [29], y los que mejor sistematizaron la idea —aunque no por ello otorgándole mayor veracidad— fueron los contractualistas Hobbes, Locke y Rousseau. La teoría original del “contrato” entre gobernantes y gobernados ha sido parcialmente abandonada en la actualidad, pero ha persistido a lo largo de los siglos la idea de que los Estados son, de alguna forma, entidades que, independientemente de su origen, cumplen la función de proteger el bienestar común y los derechos de sus ciudadanos. Esta falacia es la que intentaré demostrar como falsa a lo largo de los próximos capítulos, y nada mejor para ello que comenzar con una revisión sobre los orígenes de los Estados.

5.1. Los orígenes del Estado

Podría decirse que existen, dentro del anarquismo, dos tendencias sobre el origen y formación de los Estados. La primera, la adoptada por los anarquistas de mercado en general y muchos anarcocomunistas, afirma que el Estado es una creación de grupos belicosos y violentos externos a la sociedad libre y productiva, que dominan y, consecuentemente, explotan a la población sometida. Esta teoría es también denominada “teoría de la conquista”. La segunda, adoptada por un grupo numeroso y creciente de anarcocomunistas, es la teoría marxista que resumimos en el capítulo 3, que sostiene que los gobiernos son meros “instrumentos” de una clase económicamente dominante, que previamente se impone sobre la clase dominada por medios puramente económicos, siendo el Estado un “residuo” o “producto” de dicha división clasista. Ya hemos demostrado en el capítulo mencionado que no existe, ni puede existir, algo así como una “explotación económica”, es decir, fundada en medios puramente económicos [30]. Y ahora quedará en claro, y en los subsiguientes capítulos también, que la teoría marxista también comete la peligrosa equivocación de desestimar el papel económico del Estado en la sociedad, considerándolo una simple parte de la “superestructura política” de la sociedad.

La teoría de la conquista, como he dicho, sostiene que los gobiernos son creados por la “institucionalización” coactiva de grupos violentos y externos al proceso productivo que intervienen la economía libre. Los fines de estos grupos agresivos son el obtener beneficios económicos a partir de la extracción y apropiación de la producción ajena. Oppenheimer ha señalado que «… el Estado ha surgido siempre del poder extraeconómico, y casi siempre del poder exterior, entendiendo la palabra “exterior” en el doble sentido de un poder ejercido desde afuera, por grupos extraños, y de un poder que se sirve de medios externos, bélicos, en contraste con el poder espiritual o clerical ejercido por inteligencias reflexivas. En todo caso, el Estado no procede del medio “económico”: el trabajo y el trueque equivalente; sino del medio “político” no desarrollado: robo o engaño, etc. En definitiva, la idea sociológica del Estado funda este en la conquista» [31]. El Estado es, entonces, una institución artificial y no espontánea, creada deliberadamente para obstruir y entorpecer el orden social libre, y su forma original más primitiva es la de grupos de individuos nómadas que se dedican al saqueo y el robo de otras poblaciones más pacíficas o, en todo caso, más débiles.

... emprendida la migración con fines de explotación natural y conquista, chocan unos pueblos más belicosos, o numerosos, o mejor armados, con otros que lo son en menor grado, los someten y fundan sobre ellos su estado como “una institución jurídica impuesta unilateralmente por el grupo vencedor al vencido con el único fin originario de explotarlo tanto y por tanto tiempo como sea posible”. [32]

La “institucionalización” de estos grupos bélicos como Estados se da cuando dichos grupos comprenden que más económico que saquear periódicamente poblados distintos es asentarse definitivamente en una población determinada y establecer sobre ella un dominio político y jurídico permanente, previamente establecido el dominio militar. Vencedor y vencido pasan a compartir un mismo territorio, pero ambos conviven sin fusionarse, sin formar “sociedad”. La división entre uno y otro es clara, y su posición en el proceso productivo determina su carácter de clase: la clase dominada es la económicamente productiva y que subsiste con su propio trabajo, y la clase dominante es aquella que no contribuye directamente en el proceso de producción, sino que se apropia del “plus-trabajo” extraído a la clase dominada. El cobro de tributos o impuestos son la fuente por excelencia de los ingresos del Estado.

El Estado, en palabras de Oppenheimer, es la organización de los medios políticos; es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto, el parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasítica puede ser cortada en cualquier momento, a través de la resistencia de las víctimas. El Estado provee un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada; hace segura y relativamente pacífica la vida de la casta de parásitos en la sociedad. [33]

Esta teoría del origen del Estado puede extenderse no solo a las relaciones “externas” de una sociedad, sino también a sus relaciones “internas”. El antropólogo Marvin Harris ha presentado su obra Caníbales y reyes (1977) una teoría sobre el origen de lo que ha llamado los “Estados prístinos”, para diferenciarlos de los “Estados secundarios”. Los Estados secundarios deben ser considerados un producto de la Estados prístinos, y sus orígenes pueden ser explicados de la forma mencionada. El origen de los Estados prístinos o primarios según la teoría de Harris, por su parte, puede considerarse una aplicación del concepto weberiano del “líder carismático” a las sociedad primitivas o tribales. A modo introductorio resulta útil revisar este concepto por boca del mismo Max Weber:

Dominación carismática, en virtud de devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales (carisma) y, en particular; facultades mágicas, revelaciones o heroísmo, poder intelectual u oratorio. Lo siempre nuevo, lo extracotidiano, lo nunca visto y la entrega emotiva que provocan constituyen aquí la fuente de la devoción personal. Sus tipos más puros son el dominio del profeta, del héroe guerrero y del gran demagogo. [34]

El “líder carismático” es una categoría sociológica presente en cualquier realidad social. Sin embargo, como veremos a continuación, su acción puede tener tanto efectos positivos como negativos. En palabras de Weber, «la autoridad carismática es uno de los grandes poderes revolucionarios de la historia, pero, en su forma absolutamente pura, es por completo autoritaria y dominadora» [35].

Marvin Harris sostiene que algunas comunidades primitivas, ya sedentarias, tendían a generar mecanismos capaces de incentivar la intensificación de la producción y un mayor y mejor empleo de trabajo sobre el suelo, sobretodo en tiempos de creciente necesidad —por lo general por las presiones reproductoras—. Estos mecanismos cobraban la forma, como en cualquier sistema económico, de “recompensas” a los productores. Para ello, surgían individuos denominados mumis o “grandes hombres”, que organizan y estimulan a parientes y amigos a intensificar su producción, prometiendo dar, con lo producido, un gran festín. En estos festines, quienes se habían esforzado disfrutaban de la abundante comida y los suculentos banquetes, mientras que los mumis no comían nada, y si lo hacían se quedaban con las sobras. El renombre, popularidad y número de seguidores de estos “grandes hombres”, como es de esperar, crece enormemente, y no tardan a aparecer otros hombres con intenciones de competir con él, y fomentar entre su círculo la intensificación de la producción, para dar un banquete más grande que el de los demás mumis, y aumentar su status. Como vemos, esta figura de “gran proveedor” puede ser considerada como una categoría económica cercana al “empresario” de la Escuela Austriaca moderna, y la competencia entre ellos tiene efectos sobre el proceso productivo que son evidentemente positivos para toda tribu.

Sin embargo, el gran poder de estos “caudillos” provenía de su capacidad para “arrastrar” a otros individuos a emprender proyectos comunales, sean económicos o bélicos. En determinado punto, el “gran proveedor” nota su gran influencia, reputación y popularidad sobre la tribu y descubre que puede organizar y convencer a sus seguidores para invadir y saquear otras tribus. El poder que antes estaba limitado exclusivamente por la cantidad de bienes que conseguía producir y la grandeza de los festines que era capaz de organizar, pasaba a estar limitado por su investidura de “gran guerrero” y por los botines que podía asegurar al resto de su séquito. Si antes el mumi se quedaba con la peor parte de los banquetes que él mismo se esforzaba en organizar, ahora era el que se quedaba con la mayor parte de la riqueza robada. Este paso del “gran proveedor” como categoría económica al “gran guerrero” como categoría militar o, si se quiere, política, no pudo realizarse si no es a través de la coacción. Es probable que el dominio total sobre el resto de la tribu por parte del caudillo llegara en el momento en que éste y su círculo se hicieran con el control sobre las reservas de alimentos y otros bienes comunes.

Cuanto mayor y más densa es la población, más grande es la red distributiva y más potente el jefe guerrero redistribuidor. En determinadas circunstancias, el ejercicio del poder, de un lado por parte del redistribuidor y de sus seguidores más cercanos y, de otro, por los productores comunes de alimentos, estaba tan desequilibrado que, en todos los sentidos y propósitos, los jefes redistribuidores constituían la fuerza coercitiva principal de la vida social. Cuando eso ocurría, las contribuciones a la reserva central dejaban de ser voluntarias. Se convertían en impuestos. Las tierras de labrantía y los recursos naturales dejaban de ser elementos de acceso por derecho. Se convertían en favores. Y los redistribuidores dejaron de ser jefes. Se convirtieron en reyes. [36]

La “institucionalización” consumada del Estado en la sociedad primitiva se realizaba cuando el puesto del “gran guerrero” devenido en rey pasaba a ser hereditario. El líder dejaba de estar asociado a una personalidad humana particular y trascendía en el tiempo. ¿Cómo podía lograr esto? La fuerza no puede ser el único mecanismo posible para que el “gran guerrero” permanezca en el poder y domine a toda la tribu. Esta es más numerosa y potencialmente más fuerte, y en determinado momento, podría rebelarse. La respuesta se encuentra en la implementación de una serie de mecanismos de distribución de bienes que, si bien no alcanzan a toda la sociedad, mantienen calmos y del lado del líder a una parte importante, tal vez mayoritaria, de la población. Esta es una de las grandes “leyes” que rigen a los sistemas estatistas, y en los siguientes capítulos intentaré desarrollarla con mayor profundidad. El otro mecanismo es, obviamente, la ideología —de la mano de, como se ha mencionado más arriba, los intelectuales—, y su función también será tratada más adelante, pero para quienes atribuimos mayor peso a las motivaciones económicas en los individuos, el papel de la redistribución de los bienes apropiados por los Estados deberá ser analizado con mayor atención.

Esta teoría demuestra que, en comunidades de cierto tipo y bajo cierto tipo de condiciones económicas, el verdadero germen del Estado se encuentra en la aparición y competencia de “líderes carismáticos”. Es importante hacer notar aquí, que este principio no es una “ley” general de los Estados en el verdadero sentido de la palabra. Solo puede darse cuando: (a) las condiciones económicas y de producción exigen cierto “liderazgo” o “dirección” —cuya centralización, en la actualidad, dados los instrumentos que facilitan la democracia directa, sería imposible—; (b) ese liderazgo se encuentra en una posición en la que puede acceder a ciertos instrumentos coactivos que permitan dominar al resto de los individuos; (c) la comunidad a ser subyugada es reducida demográficamente y no ha desarrollado instituciones capaces de defender el principio de no agresión —en una compleja y desarrollada estructura social como la actual probablemente no tendría lugar tal fenómeno—. Esta explicación, si bien se refiere a casos accidentales, permite descubrir los orígenes de esos grupos “externos” a la sociedad a los que se refería Oppenheimer, que acababan dominándola y convirtiéndose en Estados. Las menciones que hacen los antropólogos, sociólogos y otros especialistas sobre primitivos pueblos, culturas y etnias como naturalmente violentos y belicosos hacen referencia a sociedades en las que el germen de un Estado de este tipo era posible, y que, de hecho, se dio. En tales sociedades está el origen de los primeros reyes, y con ellos empiezan a girar las ruedas de la historia estatista.

Vale la pena aclarar, por otro lado, que la formación de un Estado a partir del principio de “líder carismático” poco tiene de espontánea. Si bien el propio Harris intenta deslizar tal conclusión —aunque parece utilizar el término más bien como sinónimo de “gradual” o “paulatino”—, si nos apegamos al concepto hayekiano del orden espontáneo descrito el capítulo anterior notaremos que tal idea es falsa. La creación de tales Estados no se realiza dentro del marco de las instituciones, principios y reglas fundamentales, fundadas en la tradición y la costumbre, de la sociedad en la que ocurren tales procesos, sino que el “líder carismático” y sus seguidores, para conseguir el poder, debe violarlos y sustituirlos artificialmente por otros mediante la coacción. [37] De esta manera, mientras queda un margen evidente para que las acciones individuales produzcan un orden parcial espontáneo, se produce por otro lado un desorden también espontáneo producto de un sistema de reglas de juego impuesto coactivamente desde “fuera”, y que tiende a favorecer ciertos fines —los de la clase dominante— en detrimento de otros —los de la clase dominada—. El principio es básicamente el mismo que en la teoría de la conquista, sólo que el grupo agresor es “interno” a la sociedad, en lugar de “externo”.

5.2. El Estado como clase dominante

Todo esto nos demuestra que la verdadera clase dominante es, contrariando la definición marxista, aquella que detenta los medios de coerción, en lugar de los medios de producción. La posesión sobre los medios de producción no puede generar una clase dominante en sí, dado que en una sociedad libre el proceso de competencia produce un efecto de descentralización y desconcentración que impediría su formación. Un grupo de individuos con la capacidad de extraer y apropiarse el plus-trabajo generado por los productores en contra de la voluntad de estos solo puede existir en tanto los primeros detenten el monopolio de los medios de coerción, y es lo que conocemos como clase dominante. El Estado es en sí una clase separada del resto de la sociedad y del proceso de producción, pero que obtiene sus ingresos a costa de esta útlima.

Desde luego, este punto de vista no es nada nuevo. Si bien el estudio pionero sobre el violento origen del Estado corrió a cargo de Piotr Kropotkin, uno de los primeros y más importantes exponentes de la idea del Estado como clase fue Mijaíl Bakunin. Su obra Estatismo y anarquía (1873) es una clara aplicación de este concepto a la situación europea posterior a la Guerra Franco-Prusiana. Los Estados, a los ojos de Bakunin, no son más que clases privilegiadas de intelectuales y burócratas que, mediante la violencia y la coacción explotan a la población y benefician económicamente a grupos como los grandes banqueros y financistas, terratenientes y ricos comerciantes, para quienes el gobierno es «un protector generoso, benevolente e indulgente con el robo legal y bastante lucrativo». De esto deduce que cuanto más grande y vasto es el aparato estatal, más lejos están los intereses del pueblo de cumplirse y satisfacerse.

Bakunin también hace una mención bastante interesante y lamentablemente breve a la base cultural que debe sostener un Estado, a la cual parecía atribuir mayor importancia que la base económica en el sentido marxista. A los ojos de Bakunin, el pueblo alemán presentaba un caldo de cultivo excelente para que el principio estatista se propague y desarrolle ampliamente: era servil, obediente, nacionalista, militarista, invasor y entendía su bienestar como el bienestar del Estado. Por su parte, el pueblo eslavo tenía el instinto de la libertad y era intrínsecamente revolucionario, de hecho, una de las tesis más importantes de la obra de Bakunin es que el pueblo eslavo era, tanto por razones históricas como culturales, incapaz de construir un Estado y mucho menos uno centralizado, que agrupara a todos los serbios, checos, búlgaros, yugoslavos, etc., bajo una misma autoridad. «Los alemanes buscan su vida y su libertad en el Estado: para los eslavos el Estado es una fosa fúnebre. Los eslavos deben buscar su emancipación fuera del Estado, no sólo en la lucha contra el Estado alemán, sino en la rebelión de todos los pueblos contra todo Estado, en la revolución social». En oposición a Marx y Engels, Bakunin veía en el gobierno no un órgano supraestructural de protección de una clase propietaria de los medios de producción, sino una clase en sí misma, con la capacidad de explotar a la clase productiva, y que tendía a favorecer y proteger a algunos selectos grupos económicos.

La experiencia histórica nos ha demostrado, y la lógica también, que es imposible que un Estado se sostenga pura y exclusivamente extrayendo plus-trabajo y explotando a la población si no goza de cierta legitimidad y aceptación. Los marxistas atribuyen, ingenuamente, la producción de esta legitimidad a la superestructura ideológica de la sociedad, echando por tierra todo su supuesto materialismo. En un mundo en el que los individuos tienen motivaciones principalmente materiales, es decir, económicas, la legitimidad de un ente explotador sólo puede provenir del rédito económico que provee a dichos individuos. Y como la experiencia histórica y la lógica también pueden indicarnos, es imposible que un Estado provea de beneficios económicos a toda la población en la misma medida mientras les sustrae parte de sus ingresos. Existirán diferentes capas de la población que gozarán de distintos privilegios económicos creados gracias a la explotación de los otros estratos. Mientras algunos sectores recibirán exenciones impositivas, desregulaciones, protección económica, y cientos de medidas encaminadas a mejorar su posición y ganarse su legitimidad por parte del Estado; otros sectores sufrirán la sustracción de parte de su producto, restricciones, regulaciones y trabas legales a su actividad económica, etc.

Este es el principal mecanismo que garantiza la existencia del Estado: el mecanismo económico. No porque su existencia sea la manifestación de intereses económicos previamente creados en el tejido social, sino porque los integrantes del Estado poseen intereses económicos propios. Sería absurdo creer que tales individuos puedan obrar en contra de su propio bienestar material para satisfacer intereses económicos ajenos. No obstante, su existencia como clase depende de las voluntades que pueda “fidelizar” gracias a su poder coactivo, dado que no posee, en un sentido estricto, el monopolio de los medios de coerción, por más que por motivos teóricos se lo denomine así. Si bien posee gran parte de los medios de coerción existentes en la sociedad, el Estado no puede hacer nada contra una sociedad que se rebela contra él y se niega a que le expropien más plus-trabajo. Por otro lado, los integrantes del Estado, políticos profesionales, funcionarios, burócratas, legisladores, jueces, cuerpos de represión, etc., poseen a la vez intereses económicos individuales cada uno de ellos. La estabilidad deseada por el Estado consiste, entonces, en encontrar el equilibrio en la distribución de los recursos recaudados impositivamente que mantenga a sus integrantes satisfechos, que garantice la legitimidad de los grupos económicamente influyentes como las grandes empresas, corporaciones, importantes grupos de inversión y finanzas, etc., y que sostenga el nivel de vida de un vasto número de trabajadores del sector público. La clase dominante es ahora, a nuestros ojos, más grande de lo que originalmente se cree.

La clase dominada y oprimida, es decir, la clase que con su trabajo sostiene todo este parasitismo, no puede ser amansada por medios económicos y jamás legitimaría su posición pacíficamente. Aquí sí interviene el elemento que Marx y Engels denominarían “superestructura ideológica”, e intentaré explicar sus mecanismos más adelante. Pero continuando con nuestra idea de redistribución de recursos recaudados, la clase realmente productiva, y por tanto explotada, legitima parcialmente al Estado porque sus expectativas son positivas respecto a la posibilidad de formar parte de los beneficiarios del robo masivo llevado a cabo por los gobiernos. Es indudable que esto tiende a polarizar y “sectorizar” a la clase dominada en cuanto a intereses económicos. El Estado puede hacer discriminaciones a la hora de privilegiar mínimamente a algún sector económico —por razones obvias no puede beneficiar a todos, ni siquiera a la mayoría de ellos—. Un ejemplo común de este proceso son las disputas respecto a si priorizar la producción industrial o la agropecuaria, o el sector interno o externo. [38] La democracia representativa no hace más que garantizar y reforzar esto.

5.3. Los fundamentos de la teoría del Estado

Luego de tan largo repaso histórico de la teoría anarquista y de matizar algunos puntos de la teoría del Estado, podemos pasar a sintetizar sus fundamentos para comenzar a desarrollar la forma en que el Estado actúa y como afecta este a la sociedad. Podemos dividir la base de las premisas en tres puntos:

(a) Los individuos buscan maximizar su propia satisfacción, o mejorar su bienestar económico. Este es el principal supuesto del individualismo metodológico que defendí en el capítulo 2, y la norma de “maximización” es común a todos los individuos que están plantados en el “juego” social, tanto los capitalistas, como los trabajadores, como los integrantes del Estado. Existe un error muy generalizado, tanto en filosofía política, como en ciencias políticas, como en teoría económica, y es creer que a los funcionarios del gobierno se les deben asignar motivaciones diferentes a las de los demás agentes económicos. Los políticos pasan a ser personas con las herramientas de poder que la sociedad voluntariamente les brinda dispuestas a escuchar las sugerencias de los economistas en lo que respecta a la administración pública, y que las medidas propuestas por ellos serán llevadas a cabo, independientemente de si benefician o no económicamente al Estado como clase.

(b) El Estado busca extraer el máximo posible de “plus-trabajo”, mientras que los productores buscan minimizar tal extracción. Este es el planteo básico que ofrece Marx de su lucha de clases, y que desarrollé en el capítulo 3. La diferencia radica en la forma de concebir a la clase dominante y a la clase dominada. La primera pasa a ser representada por el Estado, y para mayor comodidad lo concebiremos actuando como un ente individual o una empresa. La segunda está conformada por todos los demás individuos que están involucrados en el proceso productivo, es decir, que viven pura y exclusivamente con los ingresos provenientes de los productos de su trabajo. Incluí a los empresarios en este último grupo dado que intentaré adoptar la visión dinámica de la Escuela Austriaca, donde, si bien el empresario no es productor directo, su acción permite que las fuerzas del mercado se equilibren y permitan que los salarios de los trabajadores se acerquen a su productividad marginal.

(c) Los productores, por tanto, prefieren que a los demás individuos se les incremente la porción de “plus-trabajo” extraída si eso significa minimizar la extracción de su propio producto por parte del gobierno. Esta es la situación que planteamos en la anterior sección. Los productores tienden a prestar apoyo o votos al Estado en tanto minimice la carga fiscal o las trabas y obstáculos legales sobre su propia actividad económica, o maximice las subvenciones y protecciones sobre la misma. Dado que esto significa una corriente de ingresos menor para el Estado, este debe aumentar la explotación sobre otros productores, pero esto es indiferente para los productores beneficiados. La generación de conflictos sociales es entonces inevitable, y la oposición entre los diferentes grupos de productores y no productores conduce a una cada vez mayor intervención del Estado en la sociedad.

La implicación teórica principal de estas premisas es que los funcionarios sean despojados de tal vela con el que fueron cubiertos por la ingenuidad de los intelectuales. El punto de vista que quiero defender es muy similar al que Geoffrey Brennan y James M. Buchanan sostienen en su “modelo de Leviatán”: «… existe una diferencia importante entre la aplicación y el uso de nuestro modelo y los del modelo implícito en la discusión política ortodoxa. En esta última se presenta al gobierno como un déspota benevolente, como una entidad imaginaria que puede escuchar, aceptar y actuar de acuerdo con el consejo político dado por el economista. Por el contrario, nuestra utilización del modelo del Leviatán no supone ninguna oferta, ni aviso, ni consejo para los gobiernos.» [39] En efecto, el modelo de Leviatán propuesto sostiene que el Estado busca maximizar su propio excedente, lo que conduce, en este modelo extremo, a la total explotación fiscal de los ciudadanos. Brennan y Buchanan expresan tal esquema de la siguiente manera:

S = R – G

Donde S es la variable a maximizar por el Estado, R los ingresos recaudados impositivamente, y G la cuantía que gasta efectivamente en bienes públicos. Si el Estado debe gastar un porcentaje dado en bienes públicos, α, la fórmula puede expresarse como S = (1 – α) R, donde queda en evidencia que los mecanismos por los cuales el gobierno puede aumentar su excedente es, o aumentando R, o minimizando α. Mientras la primera opción es políticamente aceptable, la segunda es bastante más fraudulenta, puesto que puede alterarse independientemente de lo establecido. Este será el modelo que utilizaremos en los siguientes capítulos para explicar las diferentes formas de actuar del Estado.

[29] Murray Rothbard sostiene en su “Anatomía del Estado”, de Igualitarismo como una revuelta contra la Naturaleza y otros ensayos (1974), que un Estado, para sostenerse, debe lograr la legitimación de la mayoría de sus gobernados y convencerla «por medio de la ideología de que su gobierno es bueno, sabio, al menos inevitable y ciertamente mejor que las alternativas concebibles. La tarea social fundamental de los “intelectuales” es promover dicha ideología entre la gente. […] Los intelectuales son, por lo tanto, los “formadores de opinión” en la sociedad. Y ya que precisamente lo que el Estado necesita desesperadamente es el moldeamiento de la opinión pública, la base de la antigua alianza entre el Estado y los intelectuales se hace clara».

[30] Por “medios económicos” entendemos, al igual que Oppenheimer, el trabajo y el intercambio libres. Marx entendía exactamente lo mismo, y, conciente de la imposibilidad de que tales medios produzcan una división en clases de la sociedad, recurrió a una artificial y forzada teoría del valor en la que intenta demostrar que la explotación puede “brotar” de un intercambio libremente establecido. Por supuesto, tal teoría es totalmente incorrecta, como ya mencionamos anteriormente.

[31] Francisco Ayala, Oppenheimer (1942).

[32] Francisco Ayala, Ibíd.

[33] Murray Rothbard, op. cit.

[34] Max Weber, Economía y sociedad (1922).

[35] Max Weber, Ibíd.

[36] Marvin Harris, Caníbales y reyes (1977).

[37] No debe concluirse de todo esto que la figura del “líder carismático” en una comunidad signifique un fenómeno negativo para su organización libre. Muchos de ellos han sido personas indiscutiblemente valiosas desde el punto de vista de la organización y armonía social. El caso aquí analizado lo demuestra: el mumi originario es una categoría económica sumamente útil a la hora de intensificar la producción bajo el comunismo primitivo.

[38] El anarcocapitalista Hans-Hermann Hoppe hace en su obra Libertad o socialismo (2009) una observación muy similar sobre los grupos a los que se tiende a redistribuir la riqueza producida por parte del Estado, y deja en claro que la naturaleza del fenómeno es exactamente la misma, sin importar el grupo social que salga beneficiado: «La diferencia entre el conservadurismo y lo que ha sido llamado socialdemocracia radica exclusivamente en el hecho de que apelan a distinta gente o distintos sentimientos en la misma mente en tanto y en cuanto prefiera una forma distinta en que el ingreso y la riqueza quitada forzosamente a los productores son luego redistribuidos a los no-productores. […] El socialismo redistributivo particularmente favorece a los menos ricos entre los no-productores, y expolia principalmente a los más ricos de entre los productores; y por tanto, tiende a encontrar a sus seguidores entre los primeros y a sus enemigos entre los últimos. El conservadurismo otorga privilegios especiales a los más ricos dentro del grupo de no-productores y particularmente daña los intereses de los menos ricos de entre la gente productiva; de tal modo que tiende a encontrar seguidores principalmente entre los primeros y causa desesperanza, desazón y resentimiento entre estos últimos.»

[39] Geoffrey Brennan y James M. Buchanan, El poder fiscal (1980).

4. La economía libre

2009-03-10T23:59:00.004-02:00

“La libertad no es hija del orden, sino su madre”.

Pierre-Joseph Proudhon

La economía libre, como hemos mencionado, se funda en la cooperación humana y los intercambios mutuamente beneficiosos, sin necesidad de una autoridad centralizada. La economía libre ha existido en algunas formas primarias de organización social, el comunismo primitivo, donde no se ha desarrollado en forma suficiente la autoridad política, y a lo largo de la historia económica humana en aquellos márgenes que los Estados y sus instituciones coactivas han dejado al comercio, al mercado y a la autogestión.

Continuando con la idea de la “sociedad económica” de Oppenheimer, podemos decir que los individuos en sociedad buscarán satisfacer sus necesidades vía dos “medios económicos” principales, el trabajo y el intercambio. A partir de este principio, puede deducirse cómo los individuos cooperan en el marco de la división del trabajo, desarrollando y perfeccionando sus medios y sus técnicas, expandiendo la demanda colectiva [16] y, de esta manera, superando las distintas etapas de la evolución económica. Según Oppenheimer, este natural proceso se ha visto obstaculizado principalmente por los Estados:

Este progreso continúa hasta que hasta que la sociedad se ha hecho lo bastante poderosa para cubrir todo el globo terráqueo de medios de comunicación y superar los últimos obstáculos opuestos a su desarrollo por la naturaleza. A partir de este momento —momento que Oppenheimer identifica con el presente— sólo los obstáculos políticos pueden entorpecer la última y definitiva integración de los pueblos en la gran humanidad. [17]

La “sociedad económica” no necesita de los gobiernos para desarrollarse y evolucionar. El Estado aquí no tiene utilidad siquiera para establecer las normas y leyes que regulen la vida social con el fin de que no se “autodestruya” o “desorganice” —su función más citada—, puesto que la sociedad se las da a sí misma en forma espontánea y consuetudinaria. Las normas o leyes sociales necesarias surgen espontáneamente de la tradición y la costumbre mediante lo que Carl Menger veía como un proceso de imitación social que tiende a generalizar la acción creativa de algunos individuos guiados por su propio interés, y que pasan a formar parte del todo social mediante el hábito, dando lugar a instituciones determinadas [18]. Estas instituciones se encuentran sometidas a una “competencia” histórica con otras instituciones surgidas por nuevas costumbres y hábitos sociales, de modo que, mediante la prueba y el error, las instituciones innecesarias y descoordinadas respecto a las cambiantes condiciones sociales desaparezcan paulatinamente. De esta manera, la misma sociedad se asegura, casi sin proponérselo, el conjunto de instituciones más eficaces para resolver sus propios desajustes, sin que medie la acción de ningún órgano coactivo.

La sociedad se ha organizado sin gobierno durante miles y miles de años en economía libre, como ha documentado en forma brillante Piotr Kropotkin en su ya mencionado trabajo El Estado (1897), donde, ocupándose de las organizaciones sociales primarias, y planteando una idea similar a la iniciada por Menger en 1871, señala que «toda una serie de instituciones y muchas más que paso en silencio, todo un código de moral de tribu, fue elaborado durante esta fase primitiva... y para mantener este núcleo de costumbres sociales, bastaban el vigor, el uso, la costumbre y la tradición. Ninguna necesidad tuvieron de la autoridad para imponerlo». De esta manera, la organización económica primitiva no necesitaba de un órgano centralizado para coordinar sus múltiples funciones e instituciones —por más precarias que fueran—, entre las cuales se encontrarían la propiedad común de la tierra, la equidad en la distribución de los bienes y en los “derechos” de cada integrante de la tribu, la división de tareas, y sobretodo —y este es un punto que trataré más adelante—, la educación. Todos estos procesos encontraban su armonía mediante un orden espontáneo que logró estabilidad por milenios.

Usualmente se considera que este tipo de sociedades primitivas no necesitan de algún tipo de autoridad política dado su escaso desarrollo cultural y económico, y que a medida que la sociedad, en su organización y estructura, se vuelve más compleja, se hace necesario algún tipo de órgano directivo para evitar la descoordinación y el desorden, pero no hay ni argumentos ni evidencia de peso para sostener esto. Si bien el salto lógico de esta etapa es, según varios historiadores, la esclavitud producto de la guerra entre tribus, este modelo de vida, con las adaptaciones históricas pertinentes, continuó imperando paralelamente a la esclavitud y la servidumbre feudal en la Europa entre los siglos V al VII, según documenta Kropotkin.

Con el nombre de guildas, amistades, hermandades, universitas, etc., pululan las uniones para la defensa y apoyo mutuo; para vengar las ofensas inferidas a un miembro de la unión y responder de ellas solidariamente a fin de sustituir la venganza del ojo por ojo, por la compensación, seguida de la aceptación del agresor en la hermandad; para impedir las pretensiones de la naciente autoridad; para el comercio; para la práctica de la buena vecindad; para la propaganda, en fin, para todo lo que el europeo educado por la Roma de los césares y de los Papas pide actualmente al Estado. […]

Desde el Atlántico hasta la mitad del curso del Volga, y desde Noruega, a Italia, Europa se cubrió de comunas. Unas se convirtieron en ciudades populosas como Florencia, Venecia, Nuremberg o Novgorod, otras permanecieron siendo burgos de un centenar o hasta de una veintena de familias, y sin embargo fueron tratados como a iguales por sus hermanas más florecientes y prósperas.

Organismos henchidos de savia, estas comunas se diferenciaban evidentemente en su evolución. La posición geográfica, el carácter del comercio exterior, las resistencias del exterior que había que vencer, etc., daban a cada comuna su historia propia. Pero para todas el principio era siempre el mismo. Pskow en Rusia y Brugge en Holanda, un burgo escocés de trescientos habitantes y la rica Venecia con sus islas, un burgo del norte de Francia y de Polonia o la bella Florencia, representaban la misma amitas; la misma amistad de las comunas de pueblo y de las guildas asociadas; su constitución, en sus rasgos generales, es siempre la misma. [19]

Estas comunas campesinas fueron las antecesoras directas de los municipios de la Edad Media. Los burgos y las ciudades libres, consolidadas hacia el siglo VII, fortificadas y rodeadas de murallas, no disponían de autoridades centralizadas, y los conflictos eran solucionados mediante la mediación y la intervención de jueces nombrados por la comunidad. Surgían así federaciones libres y comunidades donde regía el derecho consuetudinario, organizadas bajo un orden espontáneo fundado en la tradición y la costumbre, ajeno a las ambiciones de los príncipes y los señores feudales. Kropotkin destaca que este proceso, «en alguna región fue un desarrollo natural. En las demás —y fue la regla general para la Europa occidental— fue el resultado de una revolución […]. Eran a centenares las comunas que vivían sin otra sanción que su voluntad, sus murallas y sus lanzas». Toda esta organización social espontánea construida en siglos, sucumbió bajo la violencia y la conquista de los Estados, bajo la alianza “del jefe militar, el juez romano y el sacerdote”, en palabras de Kropotkin. Los Estados modernos, tal como los conocemos hoy, surgieron de esta forma, en muchos casos no son más que su evolución y desarrollo.

Durante los tres siglos siguientes [al siglo XV], los Estados que se formaron en toda Europa destruían sistemáticamente las instituciones en las que hallaba expresión la tendencia de los hombres al apoyo mutuo. Las comunas aldeanas fueron privadas del derecho de sus asambleas comunales, de la jurisdicción propia y de la administración independiente, y las tierras que les pertenecían fueron sometidas al control de los funcionarios del estado y entregadas a merced de los caprichos y de la venalidad. Las ciudades fueron desposeídas de su soberanía, y las fuentes mismas de su vida interior, la véche (la asamblea, el tribunal electo, la administración electa y la soberana de la parroquia y de las guildas), todo esto fue destruido. Los funcionarios del estado, tornaron en sus manos todos los eslabones de lo que antes constituía un todo orgánico. [20]

La idea de distinguir tajantemente entre una sociedad estatizada y una sociedad sin estado o libre, basándose en el concepto de que la primera tiende a desorganizar la estructura social, dividirla en estratos en forma coactiva y a generar conflictos internos —lo que Marx y Engels llamarían “sociedad clasista”—, conlleva a su vez, en forma implícita o explícita, el concepto de un “orden espontáneo” que se desarrolla dentro de la “sociedad sin clases”.

Podría decirse que este concepto está íntimamente ligado con el anarquismo a lo largo de la historia, y hasta podría servir para identificar qué tendencia puede considerarse dentro del segmento anarquista y cual no [21]. El concepto de orden espontáneo está presente en la mayoría de los anarquistas clásicos, y ha sido revalorizada por los anarquistas contemporáneos más cercanos a la tradición de libre mercado [22]. Podemos encontrar premisas y principios dispersos en algunos casos y bien estructurados y sistematizados en otros en las obras de Proudhon, Bakunin, Kropotkin o Malatesta, mientras que los anarquistas actuales que se acercan a esta concepción simpatizan más con el orden espontáneo concebido por Hayek y Rothbard.

En Proudhon y en Bakunin las referencias a la existencia de procesos íntimos en la sociedad que llevan a la coordinación entre las acciones de los individuos están desperdigadas a lo largo de su obra y se hace difícil articularlas para poder afirmar que existía algo así como una “teoría”. Podemos encontrar, sin embargo, ideas relacionadas con el orden espontáneo en la teoría de la revolución de Proudhon. Él veía en la sociedad procesos y tendencias inherentes que la llevarían a una organización libre y sin Estado: «En medio de los mecanismos gubernamentales, bajo la sombra de las instituciones políticas, lejos de la vista de los hombres del Estado y de los sacerdotes, la sociedad está produciendo su propio organismo, lenta y silenciosamente, y construyendo un nuevo orden, la expresión de su vitalidad y autonomía, la negación de su antigua política y de su antigua religión» [23]. Este nuevo orden, que crecía desde dentro de la sociedad estatizada, se desenvolvía espontáneamente mediante las acciones libres de los individuos, la división del trabajo, las asociaciones laborales, los contratos, la igualdad en el cambio, la competencia, etc.; y sustituiría los gobiernos por la “soberanía del pueblo” y los hombres explotados y oprimidos por ciudadanos libres. De la misma forma, la idea también está presente en su teoría de la federación, en la cual el papel del Estado debe estar «en legislar, instituir, crear, inaugurar, instalar, lo menos posible en ejecutar» [24]. De hecho, exigía que todas las grandes atribuciones del Estado fueran dejadas, paulatinamente, en manos del pueblo: «Comprendo, admito, reclamo si es necesario, la intervención del Estado en todas las grandes creaciones de utilidad pública; pero no veo la necesidad de dejarlas en sus manos después de entregadas al uso de los ciudadanos» [25]. Como vemos, su idea del accionar del gobierno, de la misma forma, nos presenta el mismo concepto: que existen en la sociedad procesos intestinos que conducen al orden y la coordinación entre los intereses y acciones de los individuos.

Las ideas de Bakunin sobre el orden espontáneo son, en cierta forma, más difíciles de articular. Esto se debe a que Bakunin ha sido primordialmente un teórico de la revolución popular y de la naturaleza y esencia del Estado, además de un crítico implacable de la religión, más que un sociólogo. No obstante, su rechazo del Estado y otras instituciones coactivas conlleva, implícitamente dentro de sí, la suposición de que la sociedad no necesita órganos externos que la dirijan ni reglamenten la conducta de los individuos para alcanzar el orden y la armonía, y muchas de sus formulaciones filosóficas lo confirman. Uno de sus principales conceptos filosóficos es la oposición entre sociedad, como producto de la naturaleza y sus leyes, y el Estado, producto artificial y humano, y por lo tanto, histórico y temporal. Al formar parte de la naturaleza, la sociedad posee así sus propias leyes internas de las cuales el individuo no puede rebelarse, porque sería rebelarse contra sí mismo y contra el “orden natural” de cosas [26].

Por su parte, Kropotkin y Malatesta fueron más explícitos a la hora de tratar la idea del orden espontáneo. Como mencioné anteriormente, Kropotkin fue uno de los teóricos que más cerca estuvo de dilucidar los procesos espontáneos de la sociedad sin Estado. Su más conocido trabajo, El apoyo mutuo: un factor de evolución (1902), explica el papel determinante que desempeña la ayuda y la cooperación en el reino animal y vegetal y la naturaleza en general, en el curso de su supervivencia, y eleva tal principio a la altura de la “selección natural” darwiniana. Pero el aporte realmente importante a la teoría anarquista, tal como la he dado a entender aquí, reside en la aplicación que del concepto de “apoyo mutuo” al desarrollo histórico de las sociedad humanas, desde la era de las tribus hasta la sociedad moderna. Según Kropotkin, los seres humanos están dotados de instintos que los impulsan, como a todos los seres vivos, a cooperar y ayudarse mutuamente para sobrevivir y mejorar su existencia, y que tal inclinación interior por sus semejantes forma parte de su naturaleza. Según esto, el impulso natural de apoyo mutuo lleva a los individuos y las sociedades, sin la intervención de un órgano directivo, a mejorar espontáneamente su calidad de vida en conjunto y sortear los difíciles obstáculos de la naturaleza para sobrevivir. El problema en la recepción de la teoría del “apoyo mutuo” de Kropotkin, y este es un error que él mismo no se libró de cometer, fue que en muchos casos se concluyó rápidamente que tal principio debía ser aplicado a la manera de “imperativo categórico” a la sociedad, como una norma inviolable que los individuos debían respetar y hacer cumplir, en lugar de creer que tales prácticas surgirían espontáneamente en una sociedad sin Estado.

Malatesta tenía bien presente la idea del orden espontáneo, aunque estuvo muy lejos de elaborarla en forma de teoría —como es sabido, Malatesta no fue nunca un teórico—. No obstante, queda en evidencia su optimismo respecto a la cuestión del orden en una sociedad sin Estado en numerosas citas:

Por lo demás, para comprender cómo una sociedad puede vivir sin gobierno, basta observar un poco a fondo la sociedad actual y se verá en realidad que la mayor parte, la esencia de la vida social, se realiza, aun hoy día, con independencia de la intervención del gobierno y cómo el gobierno no se entremete sino para explotar a las masas, para defender a los privilegiados y para sancionar, bien que inútilmente, todo cuanto se hace sin él y aun contra él. Los hombres trabajan, cambian, estudian, viajan, observan como quieren las reglas de la moral y de la higiene, aprovechan los beneficios del progreso de las ciencias y de las artes, sostienen entre sí relaciones infinitas, sin sentir necesidad de que nadie les imponga la manera de conducirse. Y justamente son las cosas en que el gobierno no se entremete las que menos diferencias y litigios ocasionan, las que se acomodan a la voluntad de todos, de modo que todos hallan en ellas su utilidad y su agrado. […]

Abolid esta potencialidad negativa, que es el gobierno, y la sociedad será aquello que debe ser, según las fuerzas y las capacidades del momento. Si en ella se encuentran hombres instruidos y deseosos de difundir la instrucción, ellos organizarán escuelas y se esforzarán en hacer sentir a todos la utilidad y el placer de instruirse… Si en sociedad se encuentran médicos e higienistas, ellos organizarán, a buen seguro, el servicio sanitario. Si existieran ingenieros y maquinistas, ellos cuidarían de establecer y organizar ferrocarriles, si no existieran, es evidente también que un gobierno no podría inventarlos. [27]

A menudo esta idea ha inundado muchas de sus opiniones sobre la forma que cobrará la anarquía de realizarse, y sobretodo, sobre sus compañeros anarquistas de otras tendencias. Ya hemos citado su postura en una carta dirigida al revolucionario ucraniano Nestor Makhno, respecto a la absurda controversia generada entre anarcocomunistas y anarcoindividualistas —que continúa hasta nuestros días—, y no puedo dejar de lado su crítica a algunos otros anarquistas sobre su posición frente a la Primera Guerra Mundial.

Anecdóticamente, uno de los más importantes teóricos del orden espontáneo no ha sido precisamente un anarquista. Friedrich Hayek fue uno de los pocos pensadores capaces de sintetizar la idea del orden espontáneo en una economía libre en una teoría, algo que los autores mencionados sólo lograron hacer a medias. Hayek, y la escuela austriaca de economía en general, han insistido en que el principal problema en la organización de una sociedad reside en la forma en que se utiliza y transmite la información entre los distintos actores. Por “información”, la escuela austriaca se refiere a los conocimientos subjetivos que poseen los individuos, en relación a unas circunstancias de tiempo y lugar dadas, un tipo de información parcial, dispersa y difícilmente articulable. [28]

El medio en el que este conocimiento subjetivo e imperfecto es mejor utilizado por los individuos es aquel en el que la “estructura” social está claramente definida, entendiendo por “estructura” un conjunto de reglas o principios básicos que permiten y facilitan la coordinación y la transferencia de esa información entre los distintos actores individuales. Estas reglas o principios pueden considerarse sinónimos de las instituciones sociales espontáneas de la mencionada teoría de Menger. Los individuos pueden perseguir sus propios intereses en el marco de estas reglas o normas sociales, coordinando sus acciones y planes individuales, y produciendo, de esta manera, un orden general no deliberado.

En definitiva, el orden espontáneo concebido por Hayek no se diferencia demasiado de las interpretaciones parciales de los teóricos anarquistas clásicos, particularmente Proudhon y Kropotkin. Tanto unos como otros manifestaron que la “sociedad libre” en el primer caso, o la anarquía en el segundo, el orden espontáneo surgirá como consecuencia de la libre interacción entre los individuos en el marco de unas reglas o principios básicos comunes a todos ellos. Si bien la postura de todos los teóricos mencionados consiste en intentar dilucidar cuáles deberían ser esas reglas o principios que deben establecerse, opino que el perfecto complemento de la teoría del orden espontáneo, tal como se ha descrito aquí, es la teoría de las instituciones de Menger —que ha sido adoptada por la escuela austriaca—. Es un asunto poco fructífero intentar demostrar qué principios o instituciones serían las más eficaces para que los individuos coordinen y se organicen en verdadera libertad, si la abolición de la propiedad privada, su más completo respeto o la adopción del “derecho de posesión”, si el principio federativo, el gobierno limitado o la organización comunitaria, etc. Las sociedades adoptarán las instituciones y normas que sean más eficientes para el orden general según sus condiciones materiales e históricas, y el orden espontáneo surgirá en tanto dichas instituciones no estén fundadas en la coacción, sino en la absoluta libertad de asociación, la costumbre, la tradición y el derecho consuetudinario.

[16] El economista John Hicks, al igual que Oppenheimer, considera la “concentración de la demanda” un verdadero factor de importancia en el desarrollo de la economía a lo largo de la historia, viendo el mercado como el mejor medio para ello. Ver Una teoría de la historia económica (1969). Dicho sea de paso, Hicks comienza esta obra haciendo una distinción entre la “economía consuetudinaria” y la “economía autoritaria”, bastante similar al contraste que hace Oppenheimer entre la “sociedad económica” y la “sociedad política”.

[17] Francisco Ayala, Oppenheimer (1942).

[18] Ver la teoría del dinero de Carl Menger, en Principios de economía política (1871) o El origen del dinero (1892). Si bien Menger elabora esta teoría de los procesos institucionales espontáneos en forma algo elemental para encontrar los orígenes de la utilización del dinero, su teoría sería más tarde matizada con mayor detalle por Friedrich Hayek y Bruno Leoni, ampliándola a otros campos económicos, jurídicos, morales, etc.

[19] Piotr Kropotkin, El Estado (1897).

[20] Piotr Kropotkin, El apoyo mutuo: un factor de evolución (1902).

[21] Como he señalado anteriormente, la tarea de los anarquistas es dilucidar cómo la sociedad se organiza por sí misma sin una autoridad coactiva centralizada, o lo que es lo mismo, buscar las raíces del orden espontáneo, en lugar de desarrollar y planificar normas externas a la sociedad que los individuos que la integran deben respetar porque son “éticas”, “justas”, etc.

[22] Por otro lado, algunos anarcocomunistas parecen alejarse cada vez más de este concepto. La sociedad ya no debe buscar “organizarse por sí misma”, ni los individuos particulares asociarse libre y voluntariamente en las formas más diversas para alcanzar sus fines y satisfacer sus necesidades. El orden aquí, entendido como socialismo, es deliberadamente construido por los trabajadores, la economía planificada totalmente en forma colectiva, muchas actividades y aspectos son definidos de antemano como asuntos de “interés común”, que serán tratados por las organizaciones anarquistas mediante la democracia directa, y ya hay una variada gama de posiciones que han sido estrictamente establecidas como “libertarias”, y que una sociedad “libertaria” necesariamente deberá adoptar y tratar “en comunidad” —como en cuestiones de género, de ecología, de educación, entre otros—.

[23] Pierre-Joseph Proudhon, Idea general de la revolución del siglo XIX (1851).

[24] Pierre-Joseph Proudhon, El principio federativo (1860).

[25] Pierre-Joseph Proudhon, Ibíd.

[26] Esta teoría se hace explícita en la obra de Bakunin Dios y el Estado (1871), y se encuentra excelentemente explicada en el mencionado trabajo de Cappelletti, Bakunin y el socialismo libertario (1986).

[27] Errico Malatesta, Anarquía y gobierno (1891).

[28] Friedrich Hayek, El uso del conocimiento en la sociedad (1945). Si bien el argumento hayekiano está desarrollado en términos económicos, creo que es mejor interpretarlo en términos más generales, abarcando ámbitos sociales más amplios. Algo que, de todas formas, Hayek tenía en mente.

3. El análisis de clases

2008-12-24T01:37:00.010-02:00

El número de anarquistas que adhieren a la teoría marxista de la lucha de clases es importante. Esto es una verdadera lástima, en primer lugar porque la adopción de tal enfoque se hace en forma parcial y errónea. En segundo lugar, y esto es lo más importante, porque tal aceptación de la teoría marxista ha impedido a los anarquistas desarrollar su propio análisis de clases, que solucione las contradicciones y lagunas del planteo de Marx y Engels. Esto es algo sumamente curioso, porque tanto anarquistas como marxistas se han esforzado a lo largo de toda la historia por dejar bien en claro las diferencias tanto teóricas como prácticas entre ambos enfoques; y sin embargo, se ha dado el extraño fenómeno en el que los primeros adoptan muchos de los conceptos de los segundos, mientras que el segmento “libertario” de los segundos [1] se ha acercado cada vez más a los movimientos anarquistas.

Tal vez la causa haya sido el estancamiento teórico que hemos intentado describir anteriormente, como un producto de la indefinición y ambigüedad en la definición misma de la tradición anarquista y la teoría anarquista, la cual hemos intentado redefinir no como un “programa” de organización que la sociedad deba adoptar, sino como una explicación de la forma en que la sociedad se organizaría espontáneamente por sí misma en ausencia de un Estado. El vacío analítico al que ha conducido esta tendencia en el anarquismo, puede decirse que ha provocado un natural acercamiento hacia teorías ya formadas y que aparentaran hacerle la “lucha al sistema”.

Esto ya podía evidenciarse en el mismo Mijaíl Bakunin, quien, dada su vocación principalmente filosófica, adoptaba buena parte de las herramientas marxistas de análisis histórico. Sin embargo, y esto era algo que enardecía a Marx y Engels y a los marxistas clásicos en general, invertía la predicción del “socialismo científico”, en la que el proletariado se hace del poder del Estado hasta que las diferencias de clases desaparezcan, de forma que el órgano estatal se vuelva superfluo e innecesario y caiga por su propio peso; y establecía que la clase obrera debe buscar destruir al Estado primero, y que sin su protección, los privilegios de la burguesía desaparecerían. Es por esto que rechazaba el comunismo marxista y sus pretensiones de establecer un “Estado popular”. Bakunin consideraba al Estado una clase dominante en sí, en lugar de ser una “herramienta” de una clase, y que, como aparato coactivo, tenía motivaciones independientes de las clases económicamente dominantes.

[La burguesía] No había calculado que el régimen militar cuesta caro, que ya por su sola organización interior paraliza, inquieta, arruina las naciones y que, además, obedeciendo a una lógica que le es propia y que no ha sido desmentida jamás, tiene por consecuencia infalible la guerra; guerras dinásticas, guerras de punto de honor, guerras de conquista o de fronteras naturales, guerras de equilibrio -destrucción y todo para satisfacer la ambición de los príncipes y de sus favoritos, para enriquecerlos, para ocupar, para disciplinar las poblaciones y para llenar la historia. [2]

Esta tesis contradecía las conclusiones de Marx y Engels, pero no los principios del materialismo histórico, como intentaré explicar. La realidad es que Bakunin no estaba tan errado en su concepción de la lucha de clases y del Estado, y es una verdadera tragedia que la mayoría de los anarquistas no hayan seguido su camino, desarrollando y mejorando sus conceptos —algo que el propio Bakunin no se esforzó en hacer—, en lugar de caer en un pseudo-marxismo “libertario”, incapaz de explicar las relaciones de poder en las sociedades actuales para poder actuar en consecuencia.

3.1. El análisis marxista

Es sabido que la dialéctica materialista de Marx y Engels nace de la dialéctica idealista de Hegel. Ellos aplicarían la idea del movimiento como una eterna sucesión y lucha de afirmaciones y negaciones que dan lugar a síntesis superadoras que reinician el proceso volviéndose nuevas afirmaciones, a la materia —eliminando el idealismo del sistema teórico—, y más específicamente, a las relaciones sociales de producción. Esto, naturalmente, derivaría en una teoría de los movimientos históricos producidos por la lucha de clases, de continuas afirmaciones y negaciones sociales que se veían en conflicto y que daban vida a la historia humana. Para entender cómo aplicaban este concepto de Hegel a la organización de las sociedades humanas, debemos tener en cuenta cómo Marx y Engels desarrollarían y relacionarían los conceptos de estructura-superestructura, modo de producción y propiedad sobre los medios de producción, explotación y dominación.

Marx y Engels definían la “estructura” de una sociedad como la base de relaciones económicas que la sostiene. Más concretamente, su modo de producción, que determina el resto de las relaciones sociales —políticas, ideológicas, educativas, etc.—, que son definidas como la “superestructura”. He aquí en qué sentido el análisis marxista es “materialista”: se enfoca, principalmente, en cómo los individuos transforman la materia y la naturaleza, mediante su trabajo, para satisfacer sus necesidades [3]. El concepto de modo de producción describe la forma en que los individuos, en dicha sociedad, producen la riqueza y cómo se valen de las fuerzas productivas vigentes para ello. El modo de producción determina el lugar de cada individuo en la estructura social y forma conglomerados humanos con un sitio común en la producción social, en una palabra, clases. Este modo de producción no es ahistórico, sino que se ve sujeto a constantes cambios y transformaciones, y Marx y Engels creen ver cierta “homogeneidad” entre las sucesivas metamorfosis de las fuerzas productivas, que les permiten establecer “períodos históricos” —de esta manera se habla, por ejemplo, de modo de producción feudal, o modo de producción capitalista—.

Las relaciones sociales se hallan íntimamente ligadas a las fuerzas productivas. Al conseguir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian su modo de producción, y al cambiar el modo, es decir, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales. El molino de brazos nos dará la sociedad con el señor feudal; el molino de vapor, la sociedad con el capitalista industrial. [4]

El lugar de los individuos en el modo de producción, y la consecuente división en clases, viene dada por la propiedad sobre los medios de producción. Los marxistas suelen dedicar mucha atención a este punto, ya que, según estos, la distribución de bienes está “contenida” ya en el proceso productivo, y la propiedad sobre los medios de producción determina entonces el control sobre los bienes producidos en general. Los seres humanos, para satisfacer sus necesidades deben poseer los medios para ello, por lo que, según Marx y Engels, el control sobre los medios de producción por parte de un grupo social presupone cierto control sobre las necesidades de aquellos despojados de tal condición. La división en la posesión sobre los medios de producción determina entonces la división entre la clase poseedora y la clase desposeída, y el dominio de la primera sobre las necesidades de la segunda.

La relación que se establecerá entre ellas será de conflicto, en la que la clase poseedora se aprovechará de su posición privilegiada y buscará poner a su servicio a la clase desposeída, extrayéndole “plus-trabajo” o “plusvalía”. Marx y Engels utilizan este término en relación directa a su teoría del valor basada en el trabajo, pero también puede utilizarse en un sentido más bien técnico, como el excedente de producción por sobre las necesidades del productor directo. La explotación es, entonces, «la apropiación de plus-trabajo y la distribución de la producción excedente a individuos sobre los que los productores tienen poco o ningún control, en un proceso de producción sobre el que, igualmente, tienen poco o ningún control» [5]. El rol de cada clase en esta relación de explotación denota la contradicción mutua de intereses entre ellas: una clase buscará maximizar ese excedente de producción o “plus-trabajo”, y la otra intentará minimizar el esfuerzo y el gasto de trabajo, e intentar trabajar en las condiciones menos onerosas y desagradables posibles. Como señala Maurice Dobb en el ensayo titulado El capitalismo,

El interés compartido que constituye a un cierto grupo social como clase en el sentido a que nos estamos refiriendo no deriva, como a veces se supone, de una similitud cuantitativa de ingresos… Tampoco basta afirmar, simplemente, que una clase consiste en aquellos que derivan su ingreso de una fuente común —aunque lo que aquí importa sea la fuente de ingresos y no su magnitud—. Es preciso señalar, en este contexto, algo muy fundamental atinente a las raíces de un grupo social en una determinada sociedad. En otras palabras: la única relación que puede engendrar, en un caso, un interés compartido en preservar y extender un particular sistema económico y, en otro un antagonismo de intereses en torno a ello, ha de ser una relación con un particular modo de extraer y distribuir los frutos del trabajo sobrante, esto es, deducido el que provee al consumo del productor efectivo.

A partir de aquí se traza una línea divisoria entre los medios y los fines de la clase dominante. El fin de esta es mantener la explotación y la apropiación de plus-trabajo, y para esto se vale de la monopolización de los medios de coerción en una primera instancia, y la utilización de la ideología para asegurarse la dominación sobre la clase explotada. Marx y Engels sostenían que la división en clases es primeramente económica, y que luego necesita verse sostenido por una superestructura jurídica, política e ideológica, al punto de no ver en el Estado, su sistema legal y sus complejos educativos otra cosa que herramientas programadas para “proteger” a las clases poseedoras de los medios de producción. Como sentencian en una famosa cita, «el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa» [6].

3.2. Los problemas de la teoría marxista

Podemos encontrar las primeras deficiencias de este sistema teórico en algunos conceptos un poco ambiguos como, principalmente, el de “medio de producción”. Marx y Engels remarcaban que es la propiedad sobre los medios de producción la que determina la división en clases de la sociedad, pero si bien es evidente que se referían con este término a las manufacturas, las fábricas o la tierra, el término “medio de producción”, entendido como recursos económicos o bienes de capital, es más amplio. En este sentido, los medios de producción son todos los bienes de la economía, incluido el trabajo, salvo los bienes de consumo directo. Esto quiere decir que, paradójicamente, los medios de producción en el capitalismo no están monopolizados por una sola clase social. El medio de producción más importante de la economía, el trabajo, es propiedad privada y exclusiva del proletario. La diferenciación que hacen los marxistas de “medio de producción”, que bajo el capitalismo adopta la forma de “capital”, y el bien final o “producto”, es más bien arbitraria. De esta confusión surge el histórico error de considerar al socialismo como una economía donde los “medios de producción” están bajo propiedad común o social [7], y distinguir tal sistema del capitalismo en base a este concepto, donde los medios de producción, empleados con el fin de obtener un beneficio, pasan a convertirse en “capital”. Citando a Benjamin Tucker:

Marx, como hemos visto, resolvió el problema al declarar al capital una cosa diferente del producto, y mantener que el capital pertenecía a la sociedad, que debe ser capturado por ésta y empleado para el beneficio de todos por igual. Proudhon, por el contrario, despreció esta distinción entre capital y producto. Mantuvo que capital y el producto no son diferentes clases de riqueza, sino simplemente condiciones o funciones alternativas de la misma riqueza; que toda la riqueza sufre una incesante transformación de capital a producto y, nuevamente, de producto a capital, que este proceso se repite interminablemente, que capital y producto son términos puramente convencionales; que lo que es producto para un hombre inmediatamente se convierte en capital para otro, y viceversa; que si hubiera una sola persona en el mundo, toda la riqueza sería para él, al mismo tiempo, capital y producto; que el fruto de la labor de A es su producto, el cual, al ser vendido a B, se transforma en el capital de B (a menos que B sea un consumidor no productivo, en cuyo caso sería simplemente riqueza gastada, lo que queda fuera del ámbito de la economía política); que una máquina a vapor es tan producto como una capa, y que una capa es tan capital como una máquina a vapor… [8]

Por lo tanto, suponer que la división de la sociedad en clases se fundamenta en que los “medios de producción” sean propiedad privada es más bien equivocado, puesto que, más bien al contrario, estos se hallan ampliamente distribuidos en la sociedad, y su naturaleza depende más bien de las necesidades y la subjetividad de los individuos. El proletariado mismo posee un medio de producción muy valioso como lo es el trabajo, pero los marxistas sostienen un concepto de “trabajo” bastante extraño. Según su punto de vista, los únicos productores en un sistema son los que, como dijera Marx en el tomo I de El Capital, sufren «un gasto de fuerza de trabajo humana», que emplean su potencia de «gelatina de trabajo humano indiferenciado» en el proceso productivo. Son numerosas las críticas que se han dirigido a este metafísico concepto de un “potencial indiferenciado” de “energía humana”, y más aún el misterioso “tiempo socialmente necesario” de producción al que lleva como conclusión.

El término “productor” puede ser empleado más provechosamente, como significando aquel agente económico que incurre en algún costo de oportunidad para contribuir en el proceso productivo, con el fin de que el mismo de cómo resultado final bienes económicos. Este concepto incluiría todo tipo de cooperación humana empleada en la producción de bienes, desde los aportes físicos como el trabajo del obrero, los aportes financieros como el capital del empresario, o los aportes técnicos como el intelecto de los ingenieros [9]. La escuela austriaca de economía ha demostrado el papel fundamental del empresario en el proceso productivo con su teoría de la función empresarial [10], lo mismo que el economista Joseph A. Schumpeter y su concepto de la “destrucción creadora” [11].

Aunque muchos marxistas y pseudo-marxistas se opongan, es indudable que los empresarios e innovadores son tan “productores” como los trabajadores mismos, que por lo general, ni siquiera siguen el proceso productivo completo y sólo intervienen en una única etapa en la elaboración de bienes —lo que se conoce popularmente como especialización y división del trabajo—. El marxismo sólo considera al empresario como un simple “poseedor” de medios de producción o capital, y que sólo el proletario, aquel que emplea su fuerza de trabajo directamente, merece ser considerado “productor”. No presta atención a su importante participación en la asignación de recursos y en la eficiencia económica a partir del sistema de precios. Si el empresario se limitara únicamente al ocio, la clase capitalista hubiera desaparecido hace siglos producto del consumo del capital, y sólo se hubiera diferenciado del obrero en que el primero tiene más “tiempo” de disfrute antes de quedar sin posesiones. Si el empresario no empleara esfuerzo y no incurriera en costos de oportunidad —no valuados en unidades monetarias— para invertir en forma rentable sus recursos y donde mejor sacíen las necesidades de la demanda, su capital no produciría ganancias. Y si no buscara encontrar nuevos métodos de producción, nuevas invenciones tecnológicas, nuevas formas de satisfacer necesidades humanas, sus beneficios desaparecerían producto de la competencia.

Si la explotación consiste, como ha definido Ralph Miliband en el fragmento citado en la sección anterior, en la extracción y apropiación de plus-trabajo por parte de una clase sobre la otra, es indudable que el empresario no entra en la primera categoría, puesto que su acción es determinante para la producción de tal plus-trabajo.

En relación a este punto —la explotación—, podemos encontrar nuevos errores. Más concretamente en el orden causal que Marx y Engels proponen en la relación entre explotación y dominación. Ellos argumentaban que la explotación surgía de la división en clases de la sociedad a partir de la propiedad sobre los medios de producción y el control de las fuerzas productivas, y que tal explotación debía verse “asegurada” por un proceso de dominación que incluía la monopolización de los medios de coerción, la política o ideología, la educación, es decir, la formación de un Estado. [12]

Lo primero que podemos señalar en este punto es que la división en clases, tal como se ha planteado, es decir, como la explotación de un grupo social sobre otro a partir de la extracción y apropiación de plus-trabajo, jamás se ha dado históricamente según el orden causal que los marxistas han planteado —recordemos que no estamos considerando a los empresarios e innovadores como “explotadores” sino como verdaderos productores—. La explotación en tal sentido ha sido una consecuencia de la dominación previa de un grupo sobre otro, es decir, de la obtención, por parte de una clase, de los medios de coerción o de la formación de un Estado de facto. [13] Esto quiere decir que la explotación o extracción de plus-trabajo de una clase sobre la otra surgida del propio proceso social de producción o “explotación económica” es un fenómeno imposible de darse en una economía libre, a menos que se disponga de un monopolio de la coacción. En pocas palabras, para que una clase explote a la otra, primero debe dominarla, y no al revés.

En segundo lugar, los propios marxistas contradicen la relación causal establecida por ellos cuando intentan explicar el paso del modo de producción capitalista al modo de producción socialista. Marx y Engels han hablado siempre de la necesidad histórica de que el proletariado se organice en armas y tome el aparato estatal, para poner en marcha el socialismo y eliminar todos los vestigios de la sociedad burguesa. Es decir, que debía tomar previamente los medios de coerción, para dominar luego la esfera económica e instaurar el modo de producción socialista. Las referencias a este proceso en el Manifiesto Comunista son abundantes —de hecho, allí se establece todo un programa de medidas que el Estado debe emprender para encaminar la sociedad hacia el comunismo—, y Engels señala explícitamente en otro escrito que «el modo capitalista de producción, al convertir más y más en proletarios a la inmensa mayoría de los individuos de cada país, crea la fuerza que, si no quiere perecer, está obligada a hacer esa revolución. […] El proletariado toma en sus manos el poder del Estado y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado». [14]

Como hemos visto, la teoría de la lucha de clases marxista no es fundamentalmente errónea, sino que Marx y Engels se han desviado en algunos puntos del camino correcto, reduciendo la división en clases de la sociedad a la apropiación sobre los inexactamente definidos medios de producción, haciendo un uso selectivo del término “trabajo” y “productor”, y entendiendo inversamente la relación entre la explotación y la dominación.

3.3. Una teoría alternativa

Una teoría de la lucha de clases alternativa o, si se quiere, “anarquista”, no tiene porqué rechazar los aportes de Marx y Engels en lo relativo a los conceptos de explotación y dominación, si incorporamos la relación causal adecuada. La explotación puede ser entendida, como expliqué anteriormente, como un fenómeno por el cual una clase o grupo social humano puede apropiarse y extraer “plus-trabajo” o parte de su producción al resto de los sectores sociales realmente productivos, y la dominación como el mecanismo que la asegura, por medio de la coerción, la política o ideología y la educación. La obtención por parte de un grupo del monopolio de la coacción permite a dicho grupo el obtener ingresos sin necesidad de contribuir al proceso productivo, es decir, explotar a los que se ven despojados de tal condición.

El error de Marx y Engels consistía en creer que existe algún tipo de “explotación económica” —concepto que jamás ha sido dilucidado—, es decir, una explotación que nacía del proceso de producción en forma natural y espontánea y sin necesidad de coacción física, y que dicho fenómeno debía ser protegido y legitimado por medio de la construcción de una superestructura política y coercitiva. La relación causal no queda clara en términos teóricos, y la experiencia es incapaz de corroborarla, como veremos en el próximo capítulo. La verdadera relación causal marcha en dirección opuesta.

En sí, la forma más moderna que conocemos de este monopolio de la coacción, capaz de explotar a la sociedad productiva, es el Estado-nación, pero poco se distingue de sus formas más primitivas, desde el jefe guerrero de las organizaciones sociales primarias, pasando por el régimen de castas, los señores feudales y los reyes. Todos se han situado en el juego social de la forma que hemos descrito anteriormente: buscando maximizar la cantidad de plus-trabajo, adoptando la estrategia que involucre la menor cantidad de fuerza ejercida sobre el grupo dominado, y buscando que dicha acción erosione lo menos posible su legitimidad ante la sociedad —es indudable que la segunda opción es el objetivo máximo y más económico para una clase dominante—. Este, podría decirse, es nuestro segundo supuesto.

Todo esto nos lleva a una reflexión sobre la división entre una “economía libre” y una “economía con Estado” o dividida en clases. Esta idea ya se encuentra presente en el sociólogo alemán Franz Oppenheimer:

Así como la aplicación del medio político para la obtención de los bienes necesarios engendró el Estado, el medio económico dio lugar, por su parte, a la sociedad económica propiamente dicha, que se desarrolla dentro del cuadro de aquel, como el resultado más perfecto posible en cada momento —bajo el influjo de los factores de poder establecido por la vía política— del instinto económico. […] En las formas primitivas de la sociedad humana la división y asociación del trabajo que funda la sociedad económica tiene ya un carácter no orgánico, sino técnico. Esa división y reunión prodúcense en formas cada vez más perfeccionadas que presentan cada vez perfeccionadas que representan cada vez el medio menor, hasta llegar a la “sociedad económica superior, agrupada en torno a su mercado”. [15]

La economía libre, o como la llama Oppenheimer, “sociedad económica”, en contraste a la sociedad donde gobiernan los “medios políticos” para la obtención de riqueza, se basa en todas las variadas formas de cooperación humana que se desarrollan y fomentan en el marco de la división del trabajo, desde el comunismo primitivo hasta las formas más complejas de comercio y la producción industrial. El desarrollo y crecimiento de esta cooperación humana o la proliferación de los medios económicos se ven entorpecidos por la acción del Estado y sus medios coactivos para conseguir riqueza. Es decir, por la aparición de una clase que puede obtener bienes sin participar del proceso productivo y contribuir a la división del trabajo.

El perfeccionamiento de los medios políticos y de la acción del Estado consiste en necesitar cada vez menor esfuerzo para que el resto de la sociedad enriquezca a la clase dominante, dado que la utilización de la fuerza o la ampliación del aparato educativo estatal o la intervención en los medios de comunicación implica un gasto de recursos indeseable. Si bien este es el ideal al que aspira una clase que dispone del monopolio de la coerción, es por el momento inconcebible que se llegue a tal punto de perfección en la acción de un Estado, por lo que históricamente los Estados han necesitado beneficiar a ciertos sectores económicos a expensas de otros para asegurarse el apoyo de buena parte de la sociedad. La aparición de un Estado en la estructura social provoca entonces, a los ojos de un individuo maximizador de su propia utilidad, significa el surgimiento de una nueva oportunidad de ganancia sin necesidad de incurrir en algún costo —más allá del apoyo político o ideológico a la clase dominante—, o de la reducción de los costos en su actividad, y por lo tanto, establece un fuerte incentivo para legitimarlo. Y este plegamiento a los intereses de la clase dominante, en caso de “institucionalizarse”, es decir, de pasar a formar parte de la estructura social estatizada, ubica al individuo cómplice directamente en la clase dominante, dado que obtiene ganancias a expensas de otros individuos a partir del monopolio de la fuerza.

Los desarrollos que siguen ya formarían parte de la teoría del Estado específicamente. En el siguiente capítulo intentaré, siguiendo este marco analítico aquí expuesto aplicar esta teoría de la lucha de clases a las sociedades estatizadas, tarea que Bakunin, lamentablemente, dejó en unas pocas frases perdidas en sus obras y que no ha sido sistematizado coherentemente.

[1] Por “segmento libertario” del marxismo me refiero a los marxistas con ideas más bien cercanas al comunismo consejista, que comienzan, podría decirse, con Rosa Luxemburgo, y continúan con Antón Pannekoek, Paul Mattick, hasta John Holloway.

[2] Mijaíl Bakunin, Federalismo, socialismo y antiteologismo (1868).

[3] El materialismo marxista era casi totalmente aceptado por Bakunin, quien, no obstante, utilizaba el término “materialismo” más bien como negación del idealismo religioso y teísta, que, podría decirse, ha sido su más grande enemigo y el punto en el que concentró con mayor fuerza sus ataques. Ver Ángel Cappelletti, Bakunin y el socialismo libertario (1986).

[4] Karl Marx, Miseria de la filosofía (1847).

[5] Ralph Miliband, Análisis de clases, en La teoría social, hoy (1987).

[6] Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto Comunista (1848).

[7] Como señalé en el capítulo 1, el concepto de socialismo como aquel sistema donde el trabajador obtiene el producto íntegro de su trabajo es más satisfactoria y coherente con las intenciones de los primeros socialistas teóricos.

[8] Benjamin Tucker, Libertad individual (1926). Lo que intenta explicar este párrafo es que la condición de “medio de producción” depende, en gran parte, de la subjetividad de los que intervienen en el proceso económico. Para un productor de maquinaria útil parta la fabricación de automóviles, los aparatos mecánicos finales son su producto; mientras que este producto, a los ojos del fabricante de automóviles, son un “medio de producción”, y el automóvil, su producto final. El automóvil, a su vez, al ser un bien de consumo durable, puede ser un medio de producción a los ojos de un individuo que lo utiliza para trasportar mercadería u otros bienes. Pero si hay un factor que desprecia e ignora totalmente el sistema marxista es la subjetividad de los individuos y los efectos de la misma sobre un sistema económico.

[9] Es bien sabido que el mismo Marx consideraba el “trabajo psíquico” o “intelectual” un tipo de gasto de energía del potencial de trabajo humano indiferenciado bajo la categoría “trabajo complejo”, como señala en El Capital (1867): «Se considera que el trabajo más complejo es igual sólo a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple».

[10] El economista Jesús Huerto de Soto define en Socialismo, cálculo económico y función empresarial (1992), la función empresarial de la siguiente manera: «… podría afirmarse que ejerce la función empresarial cualquier persona que actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro… el sentido de empresa como acción está necesaria e inexorablemente unido a una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, descubrir, crear o darse cuenta de nuevos fines y medios…». En esta teoría, tanto los beneficios como los costes son subjetivos y no necesariamente monetarios, entrelazando el concepto de empresario con el concepto misiano de “acción humana”. En este sentido, todos los agentes económicos del mercado son empresarios.

[11] La siguiente cita explica perfectamente el fenómeno de la “destrucción creadora”: «El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista. […] La apertura de nuevos mercados, extranjeros o nacionales, y el desarrollo de la organización de la producción… ilustran el mismo proceso de mutación industrial —si se me permite usar esta expresión biológica— que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial del capitalismo.» Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia (1942). El mismo Marx no se ahorra alabanzas a la provechosa intervención de la burguesía capitalista en los procesos productivos en su Manifiesto Comunista (1848): «La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuantas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. […] La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes».

[12] Pueden encontrarse varias referencias a esta forma de ver el Estado en algunas principales obras marxistas. Por ejemplo, Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884) establece que «[el Estado] es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado». Vladimir Lenin, en El Estado y la revolución (1917), también señala que «según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases».

[13] Por “Estado de facto” debe entenderse la formación de un monopolio de la coacción todavía no “institucionalizada”. Un Estado se “institucionaliza” cuando logra interiorizarse en el todo social y formar parte de su cultura, pero este punto ya lo desarrollaré más adelante.

[14] Friedrich Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico (1880).

[15] Francisco Ayala, Oppenheimer (1942).

2. Los fundamentos de una teoría anarquista

2008-12-16T17:33:00.006-02:00

Podemos tomar el último concepto plasmado como la base común del anarquismo. El anarquismo debe pasar a ser una ferviente defensa de la libertad de asociación, de la libertad de contrato, y de las organizaciones y agrupaciones sociales voluntariamente edificadas. Sólo el respeto por estos ideales puede llevar a una armonización, en anarquía, de todos los sistemas anarquistas posibles, desde el mutualismo de Proudhon, Greene o Tucker y el comunismo de Kropotkin, Reclus o Malatesta, hasta el anarcocapitalismo de Rothbard, D. Friedman o Hoppe. Si todos los anarquismos hubieran aceptado el principio de la libre asociación y el voluntarismo como base, los distanciamientos y las exageradas diferencias entre anarcocomunistas y anarcoindividualistas [24] hubieran desembocado en simples matizaciones y distintos puntos de vista sobre la forma de organización social más eficiente, como exigía Malatesta.

El principal obstáculo para esto es que muchos anarquistas consideran el sistema que defienden como el auténticamente “anarquista”. Murray Rothbard, en una entrevista en 1972, ha señalado que el capitalismo —entendido como economía de mercado sin Estado— es la expresión más completa del anarquismo, y viceversa. Por su parte, Kropotkin ha dedicado páginas y páginas a combatir el individualismo, y hoy es una creencia casi generalizada que el anarquismo es intrínsecamente socialista —signifique lo que signifique este término—. Es común que, quienes se afanan en negar a los anarquistas de mercado su lugar dentro del anarquismo, intenten argumentar que la anarquía se opone principalmente a todo tipo de autoridad, y que por lo tanto la relación capital-trabajo es inadmisible. Pero no hacen el mismo juicio de la relación padres-hijos, o mayoría-minoría en una asamblea, y a menudo se asume que es legítimo respetar la autoridad moral de un profesional —como puede ser un médico o un maestro—. En todos estos casos existe una autoridad, pero no podemos vislumbrar la razón por la que son “legítimas” o “libertarias”, en contraposición a las “esclavizantes” relaciones asalariadas. El anarquismo no tiene porqué oponerse a la autoridad en tanto sea voluntariamente admitida por las partes involucradas, como ha señala Bakunin:

Si me inclino ante la autoridad de los especialistas, si me declaro dispuesto a seguir, en una cierta medida durante todo el tiempo que me parezca necesario sus indicaciones y aun su dirección, es porque esa autoridad no me es impuesta por nadie, ni por los hombres ni por Dios. De otro modo la rechazaría con honor y enviaría al diablo sus consejos, su dirección y su ciencia, seguro de que me harían pagar con la pérdida de mi libertad y de mi dignidad los fragmentos de verdad humana, envueltos en muchas mentiras, que podrían darme. […] En una palabra, rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal, convencidos de que no podrán actuar sino en provecho de una minoría dominadora y explotadora, contra los intereses de la inmensa mayoría sometida.

He aquí en qué sentido somos realmente anarquistas. [25]

Es por esto que calificar al anarquismo como “socialista”, “capitalista” o “anticapitalista”, o creer que un sistema moral, económico y político universal es el único legítimamente libertario y que debe regir exclusivamente en anarquía, son absurdos. El anarquismo simplemente defiende la libertad del individuo de asociarse y agruparse con quien desee y como desee, que realice acuerdos y transacciones libremente con otros, sin coacción ni uso de la fuerza. La anarquía es aquella organización social donde los individuos pueden realizar espontáneamente estas acciones en libertad, por lo que la coexistencia de sistemas de mercado y comunistas o socialistas no es un problema real [26]. Y es aquí donde quiero introducir los principios de una teoría realmente anarquista, y creo que es este el punto donde fallaron los teóricos antes mencionados. La mayoría de los pensadores anarquistas han señalado ciertos principios básicos inviolables para la organización social.

Proudhon, como hemos explicado anteriormente, ha elaborado su mutualismo para hacer frente a la usura y la especulación; Kropotkin y los anarcocomunistas han trazado planes de organización de la producción y el consumo, y una serie de principios éticos incuestionables; más actualmente, los rothbardianos más extremos defienden la propiedad privada en base a principios lockeanos como la norma social auténticamente libertaria. En algunos casos, los anarquistas han derivado o en un completo utopismo, en donde es inconcebible en sus sistemas que los individuos se desvíen del principio adoptado; o en un pseudo-estatismo, donde por acción de algún tipo de fuerza que nunca se especifica, los detractores son reencauzados. Llegar a estas posturas es caer en un completo error, puesto que se comienza defendiendo la completa libertad del individuo, y se termina cercenándola en nombre de algún valor supremo, como la “igualdad”, el “derecho natural” o el “bien común”. Se trata del viejo dilema planteado por Max Stirner, sólo que en este caso el pecado es doble: se reprime al individuo en nombre de la “libertad”.

Este problema está implícito en otras teorías anarquistas ya formuladas, y explícito en muchos anarquistas actuales, y la necesidad de un cambio de enfoque se hace evidente. He aquí la propuesta de una teoría científica anarquista: esta debe buscar la forma de predecir o deducir, a partir de ciertas premisas, el comportamiento de los individuos en un sistema de transacciones libres y voluntarias, en ausencia de un monopolio activo de la coacción —esté el mismo “institucionalizado” como un Estado o no—; en lugar de decretar normas o principios básicos que los individuos deben obedecer y alrededor de los cuales debe girar la organización social. De hecho, una teoría anarquista debe comenzar admitiendo la posibilidad de que los individuos pueden optar por respetar tales normas o no, o, en todo caso, debe intentar explicar como una estructura social sin Estado provee los incentivos necesarios para que los mismos las respeten, algo a lo que muchos teóricos anarquistas no han prestado atención. Como señalaba Malatesta en la cita final de la primera parte, los anarquistas no deben decirle al pueblo qué debe hacer en ausencia de un Estado. Los anarquistas en realidad deben explicar cómo el pueblo se organizaría, por sí mismo, en anarquía.

De las premisas de las que va a intentar partir esta teoría, la principal es la del individualismo metodológico, enfoque similar al utilizado en la teoría económica. El trabajo va a intentar centrarse en las decisiones del individuo en un marco social determinado: en primer lugar, en una sociedad estatista, y en segundo lugar, en una sociedad anarquista —con propiedad privada por un lado y con propiedad común por otro—. En principio enfocar la atención en las acciones individuales puede entrar en contradicción con la idea, que también se plantea este trabajo, de establecer una teoría de la lucha de clases alternativa a la marxista. Pero no existe tal contradicción en tanto se comprenda que los fenómenos sociales son una manifestación de las acciones individuales, y que las clases sociales, en sí, no determinan la conducta del individuo, como supone erróneamente el determinismo marxista en muchos casos adoptado por los anarquistas. Esto no implica que el entorno social y económico no afecte el comportamiento del individuo en cierta medida, pero esto no nos permite concluir que no busca maximizar su propia satisfacción, independientemente del “interés colectivo objetivo”. De lo contrario deberíamos sostener que el individuo puede sacrificar su interés por el interés de la clase, lo cual nos llevaría a la nada cuando intentemos definir el interés de la clase como disociado y totalmente distinto del interés individual [27]. En realidad, el “interés de clase” en este sentido no existe, pero sobre este asunto y la teoría marxista ya me extenderé más adelante.

Puede decirse que no existe un método común o universal en el anarquismo. Siguiendo con los teóricos clásicos, el enfoque de Proudhon varió mucho a lo largo de sus obras. Como señalaba Bakunin, Proudhon fue siempre un idealista y basaba sus análisis en su idea abstracta y metafísica del derecho natural. Proudhon concebía el derecho, al mejor estilo hegeliano, como una idea separada de la realidad, susceptible de ser alcanzada por el hombre mediante la razón. Kropotkin, por su parte, era un naturalista que extrapolaba sus observaciones sobre las ciencias naturales a la realidad social, y rechazaba buena parte de la doctrina marxista del materialismo histórico. La mayoría de los anarquistas actuales adoptan una especie síntesis de enfoques, a medio camino entre el materialismo marxista y el naturalismo kropotkiniano. Los individualistas americanos, tal vez más cercanos a la teoría económica, no disponían de un método sistemático, pero adoptaban también elementos de la filosofía de Proudhon y de la escuela clásica de economía.

Salvo los últimos, que estuvieron cerca de dar con el enfoque que considero correcto, puesto que centraban su atención en el individuo y su relación con las instituciones capitalistas, Proudhon, Kropotkin y la mayoría de los anarquistas actuales cometen el error de alejar su atención de las relaciones sociales en términos individuales. Caso paradigmático es el de Proudhon, que por momentos hasta se alejaba de la realidad social y se perdía en el terreno de la metafísica, algo que le valdría las duras críticas de Marx [28]. Kropotkin, por su parte, elaboraba sus conceptos de ayuda mutua y cooperación en la lucha por la supervivencia en términos de sociedades humanas, al margen de la conducta individual. Reducir los hechos sociales a acciones individuales no podía ser otra cosa que el atomismo de los contractualistas [29] o el individualismo nietzscheano. Los conceptos de Kropotkin no son, de por sí, erróneos, dado que se acercó ligeramente a la posibilidad de predecir o deducir el comportamiento espontáneo de una sociedad sin Estado; el problema residía en que dichas conclusiones derivaron en un imperativo moral al cual todos se debían ajustar, como señalábamos párrafos antes. Muchos anarquistas actuales, por su parte, en sus análisis sociológicos, se dejan llevar por un pseudo-determinismo marxista que no les permite elaborar sólidas teorías —si es que elaboran teorías— de las relaciones entre el individuo, la sociedad y el Estado.

Tal vez uno de los pocos teóricos anarquistas que se acercaron al individualismo metodológico que intento plantear aquí fue Murray Rothbard, desde la praxeología de Ludwig von Mises. Hay varios puntos en común y algunos puntos en desacuerdo entre el enfoque analítico que deseo para la teoría anarquista con la praxeología, y reseñarlas puede servir para que se comprenda mejor el marco teórico del trabajo.

En primer lugar, podemos señalar como diferencia que esta teoría anarquista no busca asentarse en axiomas evidentes en sí mismos como la praxeología de Mises. El individualismo metodológico es más bien un método hipotético-deductivo, donde la primer hipótesis es que “los individuos buscan el máximo de satisfacción”, habitualmente utilizada en la teoría económica, y el resto de los razonamientos deben deducirse lógicamente de ella.

En segundo lugar, podemos señalar como coincidencias que tanto este individualismo metodológico como la praxeología buscan centrarse en las acciones y manifestaciones de los individuos, en lugar de creer que las acciones son realizadas por extraños “agregados sociales” —a veces tan incoherentes como algunos “agregados” de la macroeconomía—. Esto no quiere decir que, en el transcurso de este trabajo, no vaya a considerar en nuestro análisis a las “clases sociales” como lo anuncia mi propósito de elaborar una teoría de la lucha de clases alternativa a la marxista. Simplemente quiere decir que tales “agregados sociales” están microfundamentados en acciones individuales, y que en un sentido holístico, no actúan.

Otro punto en común con la praxeología es que trataremos de abordar el estudio, en su aspecto sociológico, económico, y sobretodo político, con una mirada “cataláctica”, es decir, enfocaremos las relaciones sociales “naturales” o “espontáneas” como actos de intercambio. El intercambio no es un fenómeno exclusivamente del mercado, en el aspecto político es sumamente importante, como en los procesos democráticos, y es un concepto que debemos tener presente, porque nos obliga a prestar atención a las acciones individuales, y a la acción coactiva del Estado como su antítesis: mientras el intercambio involucra voluntariedad, la coacción implica la subordinación de una de las voluntades participantes en la relación. Mientras el “intercambio voluntario” produce aumentos del bienestar para las dos partes, el “intercambio coactivo” produce ganancias para una parte y pérdidas para la otra —de otra forma, se llevaría a cabo naturalmente sin necesidad del uso o la amenaza del uso de la fuerza—. [30]

Creo que no es necesario extenderse más al respecto del marco teórico de este trabajo. Los puntos de vista que no hayan quedado del todo fundamentados aquí se completarán más adelante, en el transcurso de los estudios subsiguientes, dedicados al análisis de clases y la teoría del Estado respectivamente.

[24] Entiéndase por “anarcoindividualismo” tanto al mutualismo, como al anarcocapitalismo y el agorismo de Samuel Konkin.

[25] Mijaíl Bakunin, Dios y el Estado (1871).

[26] Es evidente que esto implica la aceptación social y general de la propiedad privada, algo que en un principio puede molestar a los anarcocomunistas. Pero en un sistema social en el que no todos los individuos se rigen por los puntos de vista comunistas, y deciden seguir otras formas de organización, la propiedad privada es una consecuencia natural. Las comunas socialistas, por más que comunicen sus propiedades, no pueden aceptar la intromisión de free-riders, ni que un grupo externo a la comunidad tome “del montón” lo que desee, si antes no ha pactado con todos los demás integrantes cooperar en la producción de bienes y servicios según su capacidad. La propiedad sería entonces, “común” hacia adentro y “privada” hacia fuera, y es, por esto, una norma social útil tanto para anarcoindividualistas como para anarcocomunistas.

[27] La teoría marxista —y los anarquistas que la siguen— se ha encontrado numerosas veces con fenómenos imposibles de explicar por su marco analítico, como es el caso de los obreros sindicalistas que “traicionan” los intereses de su clase para obtener beneficios directos de la burguesía a corto plazo. No es extraño que se desprecien tales fenómenos, por cierto muy comunes, como “excepciones”.

[28] Si bien toda la crítica de Marx hacia Proudhon está teñida de conflictos personales entre él y el francés, no por ello deja de ser, en el terreno filosófico, correcta en gran parte: «Los economistas expresan como categorías fijas, inmutables, eternas, las relaciones de la producción burguesa, la división del trabajo, el crédito, la moneda, etc. Proudhon, que tiene ante él estas categorías ya formuladas, quiere explicarnos el acto de formación, la génesis de estas categorías, principios, leyes, ideas y pensamientos. […] Las categorías económicas no son más que las expresiones teóricas, las abstracciones de las relaciones sociales de producción. Proudhon, como verdadero filósofo, tomando las cosas al revés, no ve en las relaciones reales más que las encarnaciones de estos principios, de estas categorías que adormecían, nos dice todavía Proudhon el filósofo, en el seno ‘de la razón impersonal de la humanidad’». Karl Marx, Miseria de la filosofía (1847).

[29] No obstante, la crítica de Kropotkin al contractualismo de Hobbes, Locke o Rousseau es indiscutible y aplastante. Su conferencia sobre El Estado de 1897, constituyen un estudio histórico y sociológico brillante, que demuestran que es inconcebible la existencia individual, y mucho menos política, sin una existencia social, y que, al contrario de lo que se cree, el Estado es una institución antisocial, en lugar de ser el fundamento de la sociedad misma.

[30] No hace falta aclarar que estos últimos conceptos tienen mucho en común con la idea del sociólogo alemán Franz Oppenheimer de la existencia de “medios económicos” y “medios políticos” para la satisfacción de las necesidades.

1. La historia del pensamiento anarquista

2008-12-08T16:04:00.007-02:00

Lo que sigue es un largo ensayo sobre el progreso de las ideas anarquistas desde que Proudhon diera el puntapié inicial. Voy a intentar continuar esta serie de escritos largos sobre el anarquismo y la teoría anarquista, y más adelante sobre el Estado y la lucha de clases, enfocados desde esta perspectiva. Espero que el trabajo no resulte engorroso de leer y que las numerosas notas y referencias no entorpezcan la comprensión del texto.

El pensamiento anarquista ha tenido la particularidad, a lo largo de la historia, de no presentar una línea de ideas homogénea y compacta sino hasta fines del siglo XIX, cuando el anarcocomunismo se constituyó en la doctrina hegemónica dentro del movimiento libertario. Las “minorías” anarquistas persistieron algún tiempo más, pero acabaron perdiendo influencia y desapareciendo como corrientes alternativas a la principal [1]. El anarcocomunismo se ha presentado a sí mismo como la única corriente viable y hasta legítima a partir de entonces, marginando a las demás tendencias. Sin embargo, hurgando en las raíces históricas del anarquismo, podremos ver que los anarquistas más primitivos tenían posiciones muy alejadas del comunismo libertario.

Podemos considerar como el primer teórico anarquista al francés Pierre-Joseph Proudhon, famoso por sentenciar en 1840 que “¡la propiedad es un robo!”. Muchos anarquistas, actualmente, toman esta frase sin preguntarse mucho sobre todo lo que hay detrás, y cuál es el verdadero pensamiento proudhoniano. Las credenciales de Proudhon como libertario son inobjetables. Fue el primer pensador en autodenominarse “anarquista”, y en utilizar el término “anarquía” para referirse a un tipo de organización social donde prive el orden voluntario y sin coacción ni gobierno, en contraposición a la habitual equiparación del mismo con el desorden y el caos [2]. Por otro lado, fue una influencia directa del filósofo ruso Mijaíl Bakunin —junto con el alemán Max Stirner—, algo que Karl Marx y Friedrich Engels se esforzaron en remarcar, incomodados por la persistente y errónea utilización que hacía Bakunin de su materialismo histórico, de forma que las aguas quedaran bien divididas.

El núcleo del pensamiento proudhoniano es en general desconocido para los anarquistas actuales, que le reconocen el único mérito de haber formulado su famosa frase arriba mencionada y haber sentado los principios de la organización federativa. Pero los aportes de Proudhon al anarquismo van mucho más lejos, y las contribuciones de su madurez intelectual son habitualmente olvidadas. El francés, que comenzó adhiriendo en su juventud a una anarquía por aquel tiempo difusa, y a un socialismo basado principalmente en la teoría laboral del valor de David Ricardo, terminó afirmándose más bien como partidario del mutualismo y del principio federativo. Si los anarquistas actuales señalan a la propiedad privada como el principal de los males, Proudhon más bien al contrario, la defendía como una fuerza verdaderamente liberadora, siempre que estuviera fundada en el trabajo y no en la usura.

Este último sería su principal enemigo a lo largo de su trayectoria teórica. Y su mutualismo estaría consagrado a desterrarla de la economía humana. El mutualismo era concebido por Proudhon como un sistema de transacciones libres basadas en el “principio del costo”, es decir, en la cantidad de trabajo objetivamente incorporado en los bienes. El principio del costo se deducía de su teoría del valor, la cual señalaba que el valor de los bienes estaba determinado, efectivamente, por la cantidad de esfuerzo involucrado en el proceso de producción. De este fenómeno, Proudhon extraía un principio moral que establecía que «el trabajador conserva, aun después de haber recibido su salario, un derecho natural de propiedad sobre la cosa que ha producido. […] El trabajo de los obreros ha creado un valor; luego este valor es propiedad de ellos» [3]. La mayoría de los socialistas pre-marxistas coincidían en este punto [4]. El socialismo para ellos era, más que la propiedad colectiva o común de los medios de producción, la instauración del principio del costo en la organización económica de la sociedad, es decir, que a los trabajadores se les retribuya con el producto íntegro de su esfuerzo [5].

Proudhon establecía que la verdadera revolución, y el camino hacia una organización socialmente y económicamente viable dependía de que los individuos defendieran la propiedad basada en este principio, es decir, legitimada por el trabajo. Este derecho natural debía ser defendido de los embates del Estado y de la usura capitalista. Aquí vemos de donde nace el “anticapitalismo” de Proudhon. La usura era el mecanismo por el cual unos podían, mediante la protección estatal, violar el principio del costo natural. El Estado otorgaba a ciertos individuos privilegios como el derecho absoluto de propiedad sobre la tierra [6], sostenía un medio de cambio como el oro, que posibilitaba la acumulación extraordinaria y cobrar intereses por el capital, intervenía en los mecanismos del laissez-faire, cuyo resultado eran precios de mercado que diferían de los costos de producción, y regulaba los negocios bancarios. Estos aportes serían luego reformulados por su seguidor más fiel Benjamin Tucker, como los “cuatro grandes monopolios”.

Proudhon no solía cuestionar los principios de la economía clásica sobre la libre competencia y el libre mercado, más bien los adoptaba. Podemos encontrar numerosas citas de su pensamiento más maduro en referencia a esto:

[Los mutualistas] reconocen gustosos, con los economistas de la escuela puramente liberal, que la libertad es la primera de las fuerzas económicas, y debe confiársele todo lo que pueda hacer por sí sola; pero que donde no pueda llegar la libertad, mandan el buen sentido, la justicia y el interés general, que intervenga la fuerza colectiva, que no es aquí sino la mutualidad misma… [7]

En relación a esto último, sentenciaba que la libertad de comercio necesitaba eliminar la usura para permitir que el mercado tendiera a distribuir los productos según el esfuerzo y el trabajo de los individuos en la sociedad, mediante la abolición del oro como medio de cambio, la instauración de un Banco del Pueblo o Banco de Trueque, la instauración de un derecho sobre la tierra basado en el usufructo, y la completa liberación de las fuerzas del mercado. Proudhon tenía en mente al parecer, y su principal discípulo Benjamin Tucker más explícitamente aún, la idea de que el libre mercado tiende al equilibrio como en el modelo de competencia perfecta de Leon Walras —quien polemizó con Proudhon hacia 1859 sobre el tema del crédito popular o gratuito—. En este modelo no hay lugar para los beneficios capitalistas, la economía está dividida entre unidades familiares y empresas, no existe el dinero como medio de atesoramiento, y los precios reflejan el costo de producción. La diferencia es que Proudhon llamaba al precio de equilibrio de un bien, el “precio justo”, conforme al principio del costo, y señalaba la existencia de usura y especulación cuando los precios se alejaban del equilibrio. Veía en este estado de equilibrio el escenario social ideal, el cual, una vez alcanzado por el mercado, se mantenía estático y los precios quedaban “fijos”.

No es posible vender por largo tiempo ninguna mercancía a más del justo precio: si sucede eso, es porque el consumidor no es libre. La moral pública y la regularidad de las transacciones ganarían si se generalizase la venta a precio fijo; los negocios irían mejor para todo el mundo. No se harían tan grandes y rápidas fortunas, pero habría menos quiebras y bancarrotas, menos hombres arruinados y desesperados. Un país donde no se vendiesen las cosas sino por lo que valen, sin especulación, habría resuelto el doble problema del valor y de la igualdad. [8]

Algunas de estas ideas económicas pueden tomar desprevenidos a varios anarquistas actuales, dado que se trata de una faceta de Proudhon casi olvidada. Proudhon manifestaba más cercanía con algunos principios liberales que con algún tipo de comunismo libre —aunque en sus tiempos el comunismo “libertario” no se hallaba sistemáticamente formulado—. Esto se hace aún más evidente si observamos su idea de la federación, como un tipo de organización política basada en el libre contrato —concepto clásico liberal—, y no sólo como una herramienta de organización geográfica y económica [9]. Y no debería, por esto, llamarnos la atención que cite entre sus principales “maestros” a Adam Smith.

Como hemos dicho, Mijaíl Bakunin es uno de sus principales “hijos” intelectuales, y de hecho el ruso compartía algunos principios económicos de Proudhon, más que con Marx. El sistema de Bakunin es esencialmente filosófico y político, y no gozaba de una seria formación seria sobre economía social —algo que Marx y Engels siempre insistieron en remarcar—, por lo que adoptaba buena parte de las teorías proudhonianas. El tributo de Bakunin al francés es enorme, como podemos ver en la siguiente cita:

… Proudhon: hijo de un campesino, y por naturaleza e instinto cien veces más revolucionario que todos los socialistas doctrinarios y burgueses, se armó de una crítica tan profunda y penetrante como despiadada, para destruir todos sus sistemas. Oponiendo la libertad a la autoridad contra esos socialistas de Estado, se proclamó atrevidamente anarquista, y, en las barbas de su deísmo o de su panteísmo, tuvo el valor de proclamarse sencillamente ateo, o más bien, con Agusto Comte, positivista. Su socialismo, fundado en la libertad tanto individual como colectiva, en la acción espontánea de las asociaciones libres, no obedeciendo a otras leyes que a las generales de la economía social, descubiertas o a descubrir por la ciencia, al margen de toda reglamentación gubernamental y de toda protección de Estado, subordinando, por otra parte, la política a los intereses económicos, intelectuales y morales de la sociedad, debía más tarde, y por una consecuencia necesaria, llegar al federalismo. [10]

Proudhon, para Bakunin, era un auténtico revolucionario de la ciencia y del socialismo, y como él, creía que la proliferación de las asociaciones voluntarias y los intercambios libres estaban entorpecidos por la acción del Estado. Incluso reconoce que «la libertad de la industria y del comercio es ciertamente una gran cosa y uno de los fundamentos esenciales de la futura Alianza Internacional de todos los pueblos del mundo. Amigos de la libertad a todo precio, de todas las libertades, debemos serlo igualmente de ésta.» [11] Bakunin compartía con Proudhon la idea de que el trabajador debía recibir el justo e íntegro producto de su trabajo y esfuerzo. Si bien estimaba que la organización en la producción debía ser colectiva y cooperativa, la distribución de los bienes debía corresponder a la retribución de cada individuo a la sociedad. Incluso concebía un medio de pago similar al dinero del que los trabajadores podrían disponer para intercambiar productos [12].

Las diferencias reales entre Bakunin y Proudhon surgen en el terreno filosófico. El ruso, que adoptaba la filosofía materialista y la dialéctica de Marx, consideraba equivocada la postura de Proudhon, que había heredado la visión más idealista de Hegel.

Proudhon, a pesar de todos sus esfuerzos para colocarse en el terreno práctico, ha permanecido, sin embargo, idealista y metafísico. Su punto de partida es la idea abstracta del derecho; del derecho va al hecho económico, mientras que el señor Marx, en oposición a Proudhon, ha expresado y demostrado la verdad indudable, confirmada por la historia pasada y contemporánea de la sociedad humana, de los pueblos y de los Estados, que el factor económico ha precedido siempre y precede al derecho jurídico y político. [13]

La filosofía de Bakunin tiene varios puntos en común con el individualismo de Max Stirner. Si en algo tenía mucha razón Engels, es en que el anarquismo de Bakunin es una amalgama de elementos proudhonianos y stirnerianos, combinados con algo de materialismo histórico. Stirner sostenía, influido por el idealismo hegeliano, que en cada período histórico reinaba un “espíritu” distinto —en términos más materialistas, una “ideología dominante”—, que demandaba el total sacrificio individual para alimentarse y expandirse, sea “Dios”, el “Estado”, la “Nación”, la “raza”, etc. A esto Stirner oponía su idea del Único, el hombre individualista y egoísta, que se niega a inmolar su propio interés por el interés de un espíritu dominante, y su visión de la asociación egoísta y de una sociedad de contratos libres se basa totalmente en ella.

Bakunin no llega a tal grado de individualismo, pero toma de Stirner la valoración que hace del individuo frente a los grandes “espíritus” que intentaban devorarlos, como el estatismo y el nacionalismo. A estos oponía la importancia de la libertad individual, criticando las ideologías dominantes que exigían un sacrificio absoluto del hombre en favor de una causa mayor, sea la gloria del Estado o la gloria de la nación. El escrito Dios y el Estado (1871) es una representación lúcida y enérgica de este concepto. Nadie deja tan claro como él que la idea de un Dios en los cielos implica, como consecuencia lógica ineludible, la total sumisión y sacrificio de la individualidad y la libertad de los hombres en la tierra, en una palabra, la esclavitud [14].

En resumen, los padres del anarquismo, Proudhon y Bakunin, no se encontraban tal alejados de las ideas liberales clásicas [15] e individualistas. Si bien el segundo estaba más cerca del marxismo y el socialismo igualitarista y el primero era más afín al laissez-faire, ambos creían en la libertad de asociación entre empresas dirigidas por colectivos de trabajadores libres y la propiedad privada —aquella que no fuera fruto de la especulación y los privilegios del gobierno—, criticaban fuertemente al comunismo, y veían en el Estado el principal responsable de los males sociales.

Muchas de estas concepciones cambiarían bastante en el anarquismo con la aparición del anarcocomunismo. Podríamos dividir el anarcocomunismo en dos sub-corrientes. Una primera rama, el anarcocomunismo que ha imperado hasta la actualidad, que comienza con Kropotkin y continúa hasta la actualidad con múltiples acercamientos al marxismo libertario o consejista e incluso al marxismo-leninismo; y una segunda rama que ve en el anarcocomunismo un ideal ético y enfatiza más en la libertad de asociación, heredando el pensamiento del genial anarquista italiano Errico Malatesta.

Kropotkin comenzaría alejándose del anarquismo de Proudhon y Bakunin criticando su “asalariamiento colectivista”.

Se comprende que los socialistas ingleses de comienzos de este siglo hayan inventado los bonos de trabajo. Trataban simplemente de poner de acuerdo el capital y el trabajo, rechazando toda idea de tocar con violencia la propiedad de los capitalistas. Si más tarde hizo suyo ese invento Proudhon, también se comprende. En su sistema mutualista, trataba de hacer menos ofensivo el capital, a pesar del mantenimiento de la propiedad individual, que aborrecía en el fondo del alma, pero que conceptuaba necesaria como garantía del individuo contra el Estado. […] Pero, ¿cómo puede defenderse esta nueva forma del asalariamiento —el bono de trabajo— si se admite que la casa, el campo y la fábrica ya no son propiedad privada, sino que pertenecen al municipio o a la nación? [16]

Kropotkin veía una contradicción irresoluble en mantener la propiedad común en algunos aspectos, y la propiedad privada en otros. «Pues bien; para nosotros es evidente que una sociedad no puede organizarse con arreglo a dos principios opuestos en absoluto, que se contradicen de continuo. Y la nación o el municipio que se diesen tal organización, veríanse obligados a volver a la propiedad privada o transformarse inmediatamente en sociedad comunista.» [17] Sin embargo, no fundamenta demasiado su punto de vista. Kropotkin asume simplemente que todos tienen derecho a satisfacer sus necesidades más elementales, y que por lo tanto, dividir el papel de cada individuo en la producción y remunerar según la productividad era un absurdo. Kropotkin, en realidad, lo único que hace es oponer el iusnaturalismo que los anarquistas sostenían en aquella época, sustentado en la teoría laboral del valor, por otro basado en las necesidades y el bienestar de todos. Pero la falacia naturalista es la misma en ambas concepciones, con lo que el príncipe ruso no puede superar en ningún aspecto el sistema mutualista o el bakuninista. Y los problemas para estimar el trabajo realizado de cada uno serían tan difíciles de solucionar como estimar las necesidades de cada individuo.

En realidad, el anarquismo de Kropotkin pretende ser científico, pero se basa en principios más éticos y morales. El problema de Kropotkin, y lo que incluso nos puede permitir poner en duda su calidad de “anarquista” si se insiste en esta interpretación, es que exige una única organización social, una única organización de la producción y consumo, una única moral solidaria y cooperativa, que debe ser extrapolada a todos los miembros de la sociedad. No queda claro como podría lograrse semejante cohesión social para que todos los individuos sigan estos principios [18].

Kropotkin puede argumentar que el progreso y el desarrollo que ha alcanzado la humanidad como especie se debe en gran parte por los instintos solidarios y por el apoyo mutuo. La humanidad no hubiera llegado hasta donde llegó si los intereses y el bienestar individuales no coincidieran con los intereses sociales, con lo que su anarcocomunismo pasaría a estar fundado más en una suerte de utilitarismo que en el iusnaturalismo. «En general, los moralistas que han levantado sus sistemas basados en la pretendida oposición del sentimiento egoísta y el altruista, han equivocado el camino. Si esa oposición existiera en realidad, si el bien del individuo fuera verdaderamente opuesto al de la sociedad, la especie humana no existiría; ningún animal habría podido alcanzar su actual desarrollo» [19]. Pero entonces no queda claro como son posibles los sentimientos egoístas y los comportamientos que contrarían los intereses de otros. Sólo podemos afirmar que los intereses individuales pueden o no coincidir con los sociales, y que no son en sí contradictorios. Esto nos lleva a la sustitución entre una moral solidaria-comunista a una moral basada en la libertad de asociación, es decir, que cada individuo se asocie con otros que compartan sus intereses individuales y rijan sus vidas según la moral que deseen como principio genuinamente anarquista, o lo que es lo mismo, proponer la multiplicidad de sistemas morales, en lugar de una moral única.

No sería extraño que este principio universalista de Kropotkin degenerara posteriormente en un anarquismo dogmático, que veía toda conducta individual que no fuera solidaria y cooperativa, aunque no implique coacción ni violencia contra terceros, no sólo como anti-anarquista, sino como anti-natura. Esta degeneración acabaría considerando el comunismo como único sistema viable, libertario y humano, y ante esta situación, el coqueteo con los comunistas marxistas sería inevitable. El anarquismo hoy en día toma prestada gran parte de la teoría marxista sobre el Estado, sobre la economía capitalista y sobre la sociedad en general. Y el lógico resultado de esto sería un alejamiento cada vez mayor para con las ideas originales de Proudhon, algunas ideas de Bakunin y los anarquistas individualistas como Stirner, Tucker, Spooner, entre otros, al punto de ni siquiera considerar como parte del anarquismo a sus continuadores.

Aquí salta a la vista la notable superioridad del anarcocomunismo de Malatesta, que podría decirse, está basado en el “sentido común” anarquista. Malatesta consideraba el anarcocomunismo un ideal ético, pero que debía ser voluntariamente aceptado y socialmente corroborado. Veía la experiencia el principal instrumento para demostrar que el comunismo era realmente el mejor sistema, por lo que nunca proclamó de antemano la superioridad de este sistema sobre los demás sistemas anarquistas mutualistas, individualistas o colectivistas. De hecho, consideraba a los anarquistas individualistas verdaderos hermanos, con quienes los anarcocomunistas debían aliarse para formar un solo frente contra el Estado.

La perspectiva e intervenciones de Malatesta en las absurdas polémicas entre los anarcocomunistas que se desviaban cada vez más de la libertad de asociación y los anarcoindividualistas son excelentes. Consideraba que «los individualistas suponen o hablan como si supusieran que los comunistas (anarquistas) desean imponer el comunismo, lo que naturalmente los excluiría en absoluto del anarquismo» [20]. Esta actitud criticada por los anarcoindividualistas no es común a todos los anarcocomunistas, pero actualmente pareciera que sí, como hemos mencionada más arriba. Por otro lado, «los comunistas suponen o hablan como si supusieran que los individualistas (anarquistas) rechazan toda idea de asociación, desean la lucha entre los hombres, el dominio del más fuerte, y esto los excluiría no sólo del anarquismo sino también de la humanidad» [21]. Pero esta suposición es una malinterpretación —y en algunos casos tergiversación deliberada— que ha quedado demostrada más arriba, cuando reseñábamos las relaciones entre el mutualismo de Proudhon y las ideas liberales clásicas, y la relación entre el primero y filosofía de Bakunin y con el individualismo de Stirner. Malatesta era conciente de esto, y por eso señalaba que «resulta claro que no existe una diferencia esencial».

El comunismo, el individualismo, el colectivismo, el mutualismo y todos los programas intermedios y eclécticos no son, en el campo anarquista, sino el modo que se cree mejor para realizar en la vida económica la libertad y la solidaridad, el modo que se considera más adecuado para la justicia y la libertad de distribuir entre los hombres los medios de producción y los productos del trabajo. [22]

Esta última idea, llevaría a Malatesta a sugerir que los distintos sistemas podrían convivir en una misma anarquía, donde cada individuo decidiese a qué sistema asociarse según sus intereses y preferencias, y confiaba con toda su buena fe que imponer el comunismo a todos y una única moral solidaria a todos era no sólo innecesario sino absurdo, puesto que la mayoría de las personas lo adoptarían voluntaria y espontáneamente [23]. Este enfoque notablemente pragmático quedaría en evidencia en el siguiente comentario, dirigido a Nestor Makhno en una carta de 1929:

Creo que lo importante no es la victoria de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestras utopías, que en cualquier caso necesitan de la confirmación de la experiencia y pueden ser modificados por la experiencia, desarrollados y adaptados a las condiciones materiales y morales reales de cada época y lugar. Lo que más importa es que el pueblo, todas las personas, pierdan el instinto y los hábitos serviles que les han legado miles de años de esclavitud, y aprendan a pensar y actuar libremente. Y a esta gran tarea de liberación del espíritu a la que los anarquistas se deben dedicar especialmente.

Es decir, Malatesta, a diferencia de otros anarquistas, no creía que estos debían decirle a las personas y al pueblo en general qué hacer, cómo debían organizarse y qué principios seguir. Sólo debían exigir al pueblo que reclame su autonomía, y que permita a los individuos organizarse libremente como prefieran y a pensar por sí mismos, sin relegar soberanía a otros. Esto es equivalente a elevar como valor máximo la libertad de asociación, principio que debería ser adoptado por todos los anarquistas. ¿Por qué los anarquistas se han desviado de este principio? Explicar esto es algo que trataré de hacer más adelante, puesto que de ello depende el futuro del movimiento libertario.

[1] Nos estamos refiriendo por un lado a las tendencias anarcoindividualistas, herederas del pensamiento proudhoniano, cuyos representantes más destacados fueron Lysander Spooner y Benjamin Tucker, entre otros, localizados en Estados Unidos; y por otro al bakuninismo de los revolucionarios españoles, corriente más pragmática que teórica, que influenció notablemente a las masas trabajadoras hasta la Guerra Civil. En las últimas décadas ha habido un resurgir del anarquismo individualista en Estados Unidos, reuniendo elementos del mutualismo de Spooner y Tucker, y del anarcocapitalismo de Murray Rothbard y Karl Hess, entre otros.

[2] Pierre-Joseph Proudhon, ¿Qué es la propiedad? (1840).

[3] Pierre-Joseph Proudhon, Ibídem.

[4] Esta teoría, si bien fue formulada en forma independiente por Proudhon, ya estaba siendo divulgada principalmente en Inglaterra por los llamados “socialistas ricardianos”, entre los que podemos citar a Thomas Hodgskin, William Thompson, John Gray o John Bray, que extraían las mismas conclusiones de la teoría del valor de Ricardo, como señala Diego Guerrero en su Historia del pensamiento económico heterodoxo (1996): «[este] grupo de escritores ingleses se dedicaba a utilizar la obra de Smith y (sobre todo) Ricardo como base teórica para la defensa de los trabajadores contra lo que consideraban abusos del capital. Estos ricardianos proletarios, o ‘socialistas ricardianos’, como se les conoce, escribieron en la época en que se hacía sentir la influencia de autores como Godwin (considerado padre del anarquismo) o como Owen (uno de los socialistas ‘utópicos’ más conocidos), la época en que se desarrollaban los primeros intentos de resistir los efectos de la industrialización capitalista, cuando al mismo tiempo aparecen los primeros ejemplos de unión organizada de los trabajadores en defensa de sus intereses». De hecho, una de las principales críticas de Marx a Proudhon en su Miseria de la filosofía (1947) consistía en echarle en cara al francés este punto, señalando la escasa originalidad de su descubrimiento. Para una brillante explicación y aplicación mutualista del principio del costo proudhoniano, ver Anarquismo y socialismo de Estado: en qué coinciden y en qué difieren, de Benjamin Tucker, en Libertad individual, (1926).

[5] No está de más señalar que la teoría laboral del valor ya está suficientemente refutada por el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk. Éste ha demostrado la superioridad de la teoría de la utilidad marginal frente a las teorías del valor basadas en el trabajo, no sólo las de la escuela clásica y los socialistas ricardianos, sino también de la teoría de Marx y de otros economistas influidos por las ideas de Ricardo como Alfred Marshall. No deseo extenderme demasiado en este punto, simplemente puedo recomendar algunos de sus escritos, como El determinante último del valor (1894) o Una contradicción no resuelta en el sistema económico marxista (1896).

[6] La obra ¿Qué es la propiedad? de Proudhon, ha sido, en este punto, fatalmente incomprendida entre los anarquistas. La acusación de que la propiedad es un robo se dirige, en este escrito, únicamente a la propiedad lockeana sobre la tierra, y no a todo tipo de propiedad. El derecho natural del trabajador individual al producto íntegro de su trabajo jamás es cuestionado.

[7] Pierre-Joseph Proudhon, La capacidad política de la clase obrera (1864).

[8] Pierre-Joseph Proudhon, Ibíd.

[9] Pierre-Joseph Proudhon, El principio federativo (1960).

[10] Mijaíl Bakunin, Federalismo, socialismo y antiteologismo (1868).

[11] Mijaíl Bakunin, Ibíd.

[12] En este punto es en el que aparecen las diferencias con los anarcocomunistas, y es uno de los principales puntos criticados por Piotr Kropotkin, quien aducía que para esto último se necesitaría de un centro de distribución que asigne la retribución según el trabajo, que podría degenerar en una burocracia administrativa y en última instancia, en un Estado.

[13] Mijaíl Bakunin, Estatismo y anarquía (1873). Ya hablaremos más adelante sobre el materialismo histórico de Marx y la teoría del Estado.

[14] El filósofo anarquista Ángel Cappelletti sostiene, en Bakunin y el socialismo libertario (1986), que Bakunin plantea un claro paralelismo entre la relación de dominación entre Dios y el mundo de los hombres y la relación entre el Estado y los gobernados: «El hombre ‘sabio’ para la teología y para la filosofía tradicional, es el que no sólo reconoce la división de la realidad sino también la acata, y renuncia al mundo por Dios, al cuerpo por el alma, a sus derechos de gobernado a favor de los derechos del gobernante. De ahí lo acertado del título que los editores pusieron a esta obra de Bakunin: Dios y el Estado, ya que, supuesta la dualidad del cuerpo y el alma, se hace necesario admitir las otras dos, y Dios es en el universo lo que el Estado en la sociedad».

[15] Entendido el “liberalismo clásico” no como una corriente apologética de las grandes empresas y las corporaciones, sino como una defensa de las libertades individuales, el libre-cambio, la libertad de empresa, de competencia y de contrato.

[16] Piotr Kropotkin, La conquista del pan (1880).

[17] Piotr Kropotkin, Ibíd.

[18] En realidad, este problema es aplicable a gran parte de las tendencias anarquistas previas. ¿Cómo puede lograrse que todos los individuos respeten una norma única y sigan una forma de vida única? ¿Hay forma de lograr tal cohesión sin un aparato de coacción que los obligue a ello como el Estado? Proudhon, Bakunin, Malatesta o Tucker solucionaban medianamente este problema defendiendo la libertad de asociación de todos para agruparse según sus intereses individuales en la organización social que deseen —digo “medianamente” porque ellos también exigían ciertas normas y principios que todos deberían seguir para vivir en sociedad, con lo que el asunto no queda del todo solucionado—. Pero Kropotkin asume una sociedad única e ideal, la comunista, donde todos se organizan “espontáneamente” de acuerdo a sus principios, y resulta difícil encontrar en sus escritos alguna referencia a la existencia de disidentes que busquen organizarse de formas alternativas.

[19] Piotr Kropotkin, La moral anarquista (1890).

[20] Errico Malatesta, Anarquismo y anarquía (1932).

[21] Errico Malatesta, Ibíd.

[22] Errico Malatesta, Ibíd.

[23] Es obvia la similitud entre esta propuesta y la sugerencia de Max Nettlau de una sociedad donde los diferentes sistemas y gobiernos voluntariamente adoptados compitan entre sí, expuesta en el artículo Panarquía (1909), idea ya presentada por Paul E. De Puydt en 1860.

Teoría de los procesos democráticos I

2008-11-17T01:13:00.003-02:00

La democracia, que es un simple método para la toma de decisiones colectivas, se ha transformado en los últimos tiempos en un valor en sí misma, y su importancia como medio para alcanzar ha pasado a un segundo plano. Esto es común a casi todos los partidarios del estatismo —de izquierda y de derecha—, y la tendencia se extiende hasta la mayoría de los libertarios —exceptuando a los anarquistas de mercado— y marxistas libertarios. Los primeros insisten en que la democracia representativa como forma de expresar la voluntad popular, y los segundos anhelan una sociedad en donde todas las decisiones, tanto de la esfera económica como social, se lleven a cabo mediante democracia directa. [1]

Pero en ningún punto se detienen a analizar las consecuencias que la democracia, como método de toma de decisiones más que como principio fundamental o fin último, en la economía y la sociedad en su conjunto. Aquí intentaremos elaborar una teoría que explique cómo las comunidades pueden organizarse democráticamente en sus dos variedades —en forma directa o representativa—, y los efectos que tendría dicho sistema sobre las mismas, tomando lo que consideremos más acertado de los estudios de Schumpeter, Buchanan, Tullock, entre otros autores. Comenzaremos analizando la democracia directa y continuaremos en un próximo artículo con la democracia representativa.

1. La democracia directa como método

La democracia no es otra cosa que una forma de tomar decisiones colectivas. Cualquier definición que se aleje de este primer sentido carece de objetividad. Como método en sí, implica que las decisiones que reciban en apoyo de la mayor parte de los participantes deben ser las que se lleven a cabo. Llevado esto a escala social, significa que una comunidad que se organiza en forma democrática es aquella en donde las decisiones públicas, para ser efectivas, deben ser votadas por la mayoría de los ciudadanos.

(a) Lo primero que hay que definir es la cualidad de ciudadano. Joseph Schumpeter ha señalado que pueden hacerse todo tipo de discriminación para considerar que un individuo ha conseguido es status de “ciudadano”. Los ciudadanos pueden ser únicamente los hombres, excluyendo a las mujeres y los esclavos. O puede incluir a todos estos pero dejar afuera a todo aquél que ha nacido en otra nación. O puede excluir a todos los menores de determinada edad, o aquellos que han cometido delitos, o que son considerados “enemigos del pueblo”. Hay todo un sinfín de categorías y posibles discriminaciones, y no existe ninguna que pueda denominarse “democrática”. Sin embargo, aquí intentaremos analizar la concepción moderna de la democracia, en donde los ciudadanos son todos aquellos individuos que han alcanzado cierta edad.

(b) En segundo lugar debemos aclarar en qué casos se llevarán a cabo las decisiones colectivas. Los teóricos de la Public Choice han establecido que las mismas deberán regir sobre la administración de los bienes públicos, sea cual sea la definición de los mismos [2]. Muchos anarquistas de mercado han señalado que no hay límite previo a la extensión de la democracia directa. ¿Es posible que la comunidad opte por decidir sobre si determinado grupo de individuos debe ser eliminado? ¿O si sobre deben alterarse por la fuerza las costumbres o algunos aspectos de las minorías? Objetivamente hablando, no existe tal límite. Los teóricos liberales han establecido que debe existir una serie de leyes e instituciones constitucionalmente establecidas por sobre las cuales las decisiones colectivas no pueden erigirse —los derechos a la vida, la libertad y la propiedad—, pero ellos mismos reconocen que para salvaguardar tales instituciones se necesita un aparato estatal que, para administrar dicha protección, necesita violar aquellos derechos que dice proteger, con lo cual el problema no queda resuelto.

Lo más sensato es suponer, como lo hacen James Buchanan y Gordon Tullock en El cálculo del consenso (1962), que las decisiones colectivas regirán sobre los costes externos producto de la actividad privada. Es decir, los ciudadanos elevarán a sus “asambleas comunales” —u otra entidad similar— propuestas y exigencias para que la sociedad adopte medidas pertinentes para eliminar dichos costes externos. Aquellos costes que afecten a un número considerable de ciudadanos serán sobre los que se organizará la democracia directa, sea cual sea la regla de toma de decisiones. De esta forma, a medida que aumentan las externalidades sobre un grupo de individuos, aumentan las posibilidades de llevar a cabo una decisión colectiva.

(c) Las reglas para la toma de decisiones indica el mínimo de individuos necesarios que deben apoyar una medida para que esta se haga efectiva. Hay distintos tipos de reglas para la toma de decisiones en una democracia. La más conocida es la de la mayoría simple: ante una propuesta en la que los individuos pueden votar a favor o en contra, bastaría con que una de las dos posturas reciba como mínimo, el 51% de los votos —la “mitad más uno”— para que prevalezca. Pero también podemos adoptar, como proponía Knut Wicksell, la regla de la unanimidad, que establece que para que una medida se lleve a cabo, debe recibir el apoyo de todos los ciudadanos sin excepción. Desde un punto de vista del bienestar social, la regla de la unanimidad es la más eficiente, puesto que asegura que no se tome ninguna decisión que conlleve un perjuicio para algún individuo. A medida que nos alejamos de esta regla ideal, la disminución del bienestar social es mayor, siendo posible cualquier regla, incluso algunas que impliquen un número de individuos necesarios menor al 50% de los ciudadanos en conjunto.

El principal obstáculo para la regla de la unanimidad es que implica costes de negociación mucho mayores que cualquier otra regla. Los costes de negociación incluyen todo desgaste y pérdida de recursos, tiempo y esfuerzo que debe sufrir un individuo para asegurar el apoyo de otros ciudadanos a su propuesta. Trasladando esto a una sociedad numerosa, incluso a una comunidad pequeña, es evidente que la regla de la unanimidad, si bien impediría que se lleven a cabo medidas que disminuyan el bienestar de las minorías, también impediría que se hagan efectivas la mayor parte de las decisiones colectivas, puesto que sería enormemente difícil obtener el consenso de todos los ciudadanos. Cada individuo sería el monopolista exclusivo de su voto, y podría poner el precio que deseara al mismo en forma de compensación a los demás individuos si quieren obtener su apoyo para alguna medida. Es obvio que la mayor parte de las decisiones colectivas se verían descartadas.

¿Cuál sería la regla para la toma de decisiones más eficiente? Buchanan y Tullock han propuesto una representación gráfica de los costes externos y los costes de negociación, cuya intersección manifestaría la regla de toma de decisiones óptima para cada individuo. La curva de costes externos es decreciente a medida que la regla para la toma de decisiones es más inclusiva, es decir, a medida que se acerca a la unanimidad, puesto que su influencia en las decisiones colectivas será más grande y será menos probable que se lleven a cabo medidas que lo perjudiquen. La curva de costes de negociación, a su vez, aumenta a medida que la regla se acerca a la unanimidad, porque será más difícil encontrar el consenso con un grupo mayor de individuos. En la práctica, “sólo por coincidencia tendrá lugar la mayoría simple. El voto de la mayoría es así generalmente sub-óptimo. Para asuntos más importantes necesitaríamos algo más”. [3] En los siguientes párrafos adoptaremos la regla de la mayoría simple.

(d) Por último, debemos considerar que los votos tienen en sí un valor económico. Esta es la principal implicación económica de los procesos democráticos. En síntesis, el mecanismo por el cual cada ciudadano dispone de un voto no manifiesta la intensidad de preferencia individual. El “poder de votación” del ciudadano es igual tanto si es indiferente a la propuesta que se debate colectivamente, como si es tan importante para él que está dispuesto a ceder otros bienes o lo que sea para que gane su postura.

Esto entra en contradicción con toda noción de eficiencia económica, porque se descuida principalmente lo que se necesita satisfacer para que los agentes económicos aumenten su bienestar: las preferencias individuales. Es evidente que una situación en la que se intenta decidir en forma colectiva si el ciudadano A será o no sacrificado, su intensidad de preferencia en forma de negativa a la propuesta será enorme, y probablemente superior a la de varios individuos que favorecen a la misma. Seguramente, A estaría dispuesto a compensar a algunos ciudadanos con “pagos adicionales”, para que cambien de postura y se opongan a la medida. La introducción de estos pagos adicionales es lo que se ha denominado logrolling, y también pueden cobrar la forma de “intercambio de votos”. Si se prohíbe el logrolling abierto, de forma que surja un verdadero mercado de votos; surgirá el logrolling implícito, en donde los acuerdos se realizarán en forma secreta y a espaldas de los demás ciudadanos, lo que reducirá la eficiencia de este método —que es lo que sucede en los parlamentos y congresos actuales—.

2. La eficiencia y la democracia directa

Una vez establecidos los principales conceptos a tener in mente a la hora de interpretar los procesos democráticos, podemos intentar utilizarlos para descubrir las consecuencias de los mismos sobre la estructura social y económica. Aquí debemos hacer una división analítica. Las repercusiones de la democracia directa no serán las mismas bajo un contexto de propiedad privada y libre mercado, que en un sistema donde todas las decisiones económicas, es decir, en lo relativo a la producción, distribución y consumo de los bienes y en la asignación de factores se realizan mediante la democracia directa y la participación colectiva de todos los ciudadanos, como proponen el anarcocomunismo y otras tendencias similares.

2.1. La democracia directa bajo un sistema de propiedad privada

Los métodos democráticos en una sociedad donde está instaurado un sistema de propiedad privada en la “administración de los recursos públicos” nunca producirán resultados Pareto-eficientes. Esto quiere decir que será imposible que aumente el bienestar de un individuo o grupo sin que disminuya el bienestar de otro individuo o grupo. El individuo o grupo cuyo bienestar cae es siempre la minoría. Enfoquémonos principalmente en algunos ejemplos puramente económicos [4].

Supongamos una sociedad conformada por tres personas, que reciben una subvención externa de $90, y que para decidir la distribución de tal monto recurren a la democracia directa regida por la mayoría simple, es decir, la opción que más votos reciba se hará efectiva. Los resultados posibles de la votación son: (1) que cada individuo vote porque él mismo reciba los $90, con lo que ninguno de los tres obtendrá el mínimo necesario de votos para ganar; (2) que los $90 sean distribuidos equitativamente entre los tres, de modo que cada uno reciba $30; o (3) que se forme una coalición de dos individuos que se aseguren $45 cada uno, dejando al tercero sin nada. El individuo racional, guiado por su propio interés intentará establecer una coalición con alguno de los otros dos, dado que el resultado (3) le permite asegurarse $15 más que el resultado (2). En este caso “introductorio”, si bien la regla es inferior a la unanimidad, y existe una minoría que pierde la votación, el resultado no es sub-óptimo, porque el individuo perdedor permanece en la misma situación económica.

Pero si suponemos que el monto de $90 debe ser financiado con impuestos, de modo que se decida democráticamente la forma en que se distribuirá el mismo, el resultado nunca será Pareto-eficiente. Una coalición mayoritaria puede asegurarse todos los beneficios, por lo que lo único que obtiene la minoría son pérdidas netas. Se trata de una transferencia pura de ingresos de un grupo a otro, en nuestro ejemplo, de un individuo a la coalición de dos individuos. La regla de la mayoría tiende a imponer costes externos sobre las minorías, los cuales no se tienen en cuenta a la hora de realizar la decisión colectiva. No hay nada inherente a los procesos democráticos que nos permita suponer que se producirán resultados deseables desde el punto de vista de las preferencias individuales.

Muchos de estos problemas pueden ser corregidos gracias a la introducción de los pagos adicionales. La principal ventaja de este fenómeno es que no necesita ser incentivado ni organizado desde arriba, sino que tiende a surgir espontáneamente de las relaciones de negociación típicamente democráticas entre los individuos. Por ejemplo, en el caso que citamos más arriba, en el que puede estar en debate la ejecución de un individuo del grupo, los pagos adicionales pueden ayudar a manifestar la intensidad de preferencia de los ciudadanos. Los individuos que no apoyen tan intensamente la medida y el individuo cuya vida peligra posiblemente aumentarían su bienestar estableciendo acuerdos y compensaciones entre ellos, permitiendo a este último alcanzar la mayoría. Buchanan y Tullock aseguran que tal mecanismo puede asegurar mejoras mínimas de eficiencia en el sistema.

Sin embargo, y este punto es algo en lo que hemos insistido varias veces, bajo un sistema de propiedad privada los procesos democráticos se verían sanamente limitados. Dado que cada individuo controla y planifica su propia economía privada, cada emprendimiento que involucre intentar organizar una acción colectiva por medios democráticos le impondrá altos costes de negociación, que seguramente superarían con creces los costes externos que motivarían tal intento. El contexto de libre mercado asegura que la acción colectiva se organice allí donde realmente hay costes externos que involucran a amplios sectores sociales y en lo que, de antemano, existe cierta cuasi-unanimidad.

2.2. La democracia directa en la planificación económica

El principal problema que se le presenta a la democracia directa en la asignación de recursos proviene de su fuerte contradicción con el cálculo económico. Un sistema en donde, como hemos dicho, no se permite expresar la intensidad de preferencia de los individuos elude el principal problema a resolver: las necesidades individuales —las supuestas “necesidades sociales” están compuestas, a su vez, por necesidades individuales—. Para un cálculo económico realmente eficaz no sólo se necesita recopilar toda la información técnica y objetiva relevante, sino también la información de carácter subjetiva, referente a los objetivos y preferencias individuales relativas a un tiempo y lugar específico.

Una asignación democrática de recursos, en donde cada individuo dispone sólo de un voto para expresar sus preferencias, repetimos, no permite expresar la intensidad de preferencias. La planificación eficiente precisa conocer cuánto prefiere un individuo una medida a la otra, y la única forma de manifestarla sin recurrir a una arbitraria medida intersubjetiva de la utilidad es permitirle al individuo demostrar qué recursos o bienes está dispuesto a ceder para obtener otros a cambio. [5] Un individuo que no sigue este procedimiento votaría positivamente todos los proyectos de inversión de recursos que se le presentaran, puesto que le prometen incrementar la oferta de bienes. Pero un individuo que puede, para hacer efectiva una medida o inversión en la que intenta apoyar con mucho énfasis, retirar bienes o recursos de otros sectores que considera de menor valor con los cuales compensar a los individuos que se oponen a su postura para que cambien de parecer, contribuye a una economía donde se hace medianamente eficaz el cálculo económico.

Sin embargo, el individuo de una comunidad de tipo anarcocomunista no tiene recursos propios para realizar pagos adicionales, ya que todos los bienes son de propiedad común. Solo puede emprender el logrolling mediante el “intercambio de votos”. Este consiste en establecer acuerdos con otros individuos, de forma que A prometa votar en el futuro por una medida en la que B está de acuerdo a cambio de que B vote una medida en la que A está de acuerdo hoy. Si un individuo cree que la inversión de factores productivos en determinado sector que otro grupo quiere emprender será negativa y consistirá en un derroche para su propio bienestar, puede “retirar” votos suyos de proyectos futuros y ofrecérselos a otros a cambio de que ellos voten hoy en contra del proyecto ineficiente.

Por ejemplo, el individuo puede desear fervientemente que aumente la producción de calzado, pero al parecer la mayor parte del grupo desea incrementar la producción de vestimenta. Para el individuo en cuestión, la vestimenta tiene menos valor que el calzado, y si se invierten recursos en una expansión de la producción de los vestidos, desde su óptica será un derroche ineficiente. De esta manera, puede proceder retirando votos de proyectos futuros a cambio de obtener más votos para la decisión presente entre calzado y vestimenta por medio del intercambio, aumentando su “poder adquisitivo”. Esto constituiría un verdadero mecanismo sustitutivo al cálculo económico. [6]

3. Conclusiones

Los efectos de la democracia directa son bastante importantes para ignorarlos. Es factible suponer que bajo un sistema de propiedad privada y libre mercado las consecuencias serán más leves que en un sistema de tipo anarcocomunista. Las decisiones colectivas en el primero estarían limitadas a esporádicas reuniones asamblearias para problemas locales, y poco se diferenciarían de asociaciones vecinales simples. Bajo el anarcocomunismo, en cambio, se presentarían problemas importantes en la planificación económica. En primer lugar, adolecería del mismo inconveniente que sufriría un sistema de propiedad privada: los altos costes de negociación. Dado que la planificación requeriría juntas, asambleas y debates recurrentes sobre la asignación de factores productivos, los costes serían incluso más altos todavía.

En segundo lugar, el mecanismo de intercambio de votos como sustituto del cálculo económico se llevaría a cabo con cierta dificultad. Es difícil imaginar una sociedad en la que cada individuo se informe minuciosamente sobre todos los proyectos en lo que participará en el futuro como para planificar “individualmente” su distribución de votos sobre los mismos. No hay incentivos concretos para que un individuo emprenda tal práctica si estima que las decisiones finales no las toma él mismo, sino que dependen de cómo se conforme la coalición mayoritaria, y el cálculo previo a cualquier participación colectiva no puede evidenciarle si tiene posibilidades o no de formar parte de ella. Los individuos emprenderían el intercambio de votos sólo cuando estimen que la posible decisión presente los afecta realmente en su bienestar.

En suma, aquí se sostiene que la economía anarcocomunista no es, a priori, necesariamente ineficiente ni contraria al cálculo económico, pero por motivos muy diferentes a los expuestos por muchos “kropotkinianos”, que, al contrario, desprecian todo tipo de fundamentación teórico económica de sus utopías. Esto constituye, en realidad, un aporte más a nuestra postura de una posible “comunión” de sistemas económicos mutualistas, comunistas y “capitalistas” en una sola sociedad anárquica, consecuencia lógica de la libertad de asociación.

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[1] No olvidemos mencionar que desde este sitio se ha sugerido que la gestión de servicios relacionados con el suministro de seguridad y justicia podría realizarse en una sociedad libre, en forma espontánea y voluntaria, mediante la democracia directa y la asociación cooperativa. Esto no implica que no surgirían empresas privadas especializadas en suministrar tales servicios, pero hasta que esta última modalidad se generalice, lo más probable es que las comunidades organicen su seguridad y justicia por medio de la democracia directa como transición.

[2] Para una interesante discusión sobre los llamados bienes públicos y la administración de los mismos, ver Hans-Hermann Hoppe, Falacias de la teoría de los bienes públicos y la producción de seguridad, 1989.

[3] Gordon Tullock, Los motivos del voto. Un ensayo de economía política, 1976. El gráfico, presentado por primera vez en El cálculo del consenso, es el siguiente:

Donde la curva C representa los costes externos y la curva D los costes de negociación en el cálculo individual, y el punto N la regla de la unanimidad. El punto K representa la regla óptima para la toma de decisiones, porque es la que minimiza los costes totales.

[4] Los siguientes párrafos están basados en gran parte en El cálculo del consenso de James M. Buchanan y Gordon Tullock, capítulos XI, XII y XIII principalmente.

[5] Estamos suponiendo, como lo hemos hecho a lo largo de todo el artículo, que el individuo busca maximizar su propio bienestar, y a la hora de la votación no busca específicamente lo que es mejor para el conjunto sino por una cuestión de conveniencia. Su interés puede o no coincidir con el de los demás.

[6] De hecho, esto es lo que sucede en el mercado y lo que origina los precios: la forma de manifestar las preferencias individuales se realiza restringiendo la demanda de bienes que el individuo considera de menor valor para favorecer los que considera de mayor valor.

Sobre la teoría de las expectativas racionales

2008-11-14T00:27:00.005-02:00

Lo que sigue es un fragmento de la obra Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (1998), capítulo VII, del economista de la escuela austriaca Jesús Huerta de Soto —obra que se encuentra disponible en su sitio—, donde realiza una serie de muy interesantes observaciones críticas a la teoría de las expectativas racionales. Los comentarios más importantes tal vez se encuentren, llamativamente, en las extensas notas que se encuentran al final —las cuales numeramos en forma distinta, por un simple motivo de formalidad estética—. En definitiva, Huerta de Soto demuestra, sin dejar lugar a mucha discusión, las falacias contenidas en la teoría de las expectativas racionales, coincidiendo con Roger W. Garrison cuando mencionó, en cierta entrevista, que la sustitución del supuesto de que los agentes económicos no saben nada de su entorno, por otro que afirme que los agentes económicos lo saben todo, no constituye un verdadero avance para la teoría macroeconómica.

Breve referencia a la teoría de las expectativas racionales

El análisis que estamos desarrollando en este libro sirve, igualmente, para criticar tanto la hipótesis de las expectativas racionales como otras aportaciones que se han venido desarrollando dentro de la denominada «nueva macroeconomía clásica». Como es sabido, según la hipótesis de las expectativas racionales, los agentes económicos tienden a realizar predicciones correctas utilizando adecuadamente toda la información relevante, así como el conocimiento científico disponible gracias a la teoría económica. De acuerdo con esta hipótesis, se argumenta que a la larga son infructuosos los intentos de los gobiernos por influir en la producción y en el empleo por medio de las políticas monetaria y fiscal. De manera que las políticas tradicionales, en la medida en que sus efectos tienden a ser previstos por los agentes económicos, se demuestran incapaces de afectar a la producción real o al empleo. [1]

Sin embargo, estos desarrollos analíticos de la nueva macroeconomía clásica adolecen de importantes defectos de lógica económica. En primer lugar, es preciso considerar la imposibilidad de que los agentes económicos puedan hacerse con toda la información relevante, tanto en cuanto a las circunstancias específicas del ciclo en que viven (conocimiento práctico), como en lo que respecta a la correcta teoría económica que explique el curso de los acontecimientos (conocimiento científico). Esto es así, no sólo porque no existe completa unanimidad, ni muchísimo menos, en lo que se refiere a la teoría explicativa de los ciclos: aunque de acuerdo con lo argumentado en este libro, la explicación correcta sea la que da la teoría austriaca del ciclo económico, mientras no sea aceptada con carácter general y unánime por la comunidad científica, no hay ninguna razón para que sea utilizada como explicación adecuada por el resto de los agentes económicos. [2] Además, y exactamente por las mismas razones por las que la teoría económica del socialismo ha demostrado ser imposible que un supuesto benevolente dictador-científico pudiera hacerse con toda la información práctica relevante de los ciudadanos, es igualmente imposible que cada agente económico pueda hacerse con toda la información práctica del resto de sus congéneres de la sociedad, así como con todo el conocimiento científico disponible en cada momento. [3]

Por otro lado, y éste es el argumento más importante en contra de la teoría de las expectativas racionales, aun admitiendo a efectos dialécticos que los agentes económicos pudieran hacerse con la información relevante, y acertaran plenamente en cuanto a la explicación teórica del ciclo (entendiendo y comprendiendo todos ellos los elementos esenciales de la teoría del crédito circulatorio), no es correcta la conclusión de los teóricos de las «expectativas racionales», según la cual las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos serían incapaces de producir efectos reales. Esto es así porque, aun disponiendo de un conocimiento «perfecto» de lo que va a suceder, los empresarios no pueden inhibirse a los efectos de una expansión crediticia, pues su propio ánimo de obtener beneficios les llevará, ineludiblemente, a aprovecharse del nuevo dinero creado. En efecto, aunque entiendan los peligros que supone el alargar la estructura productiva sin base de ahorro real, pueden perfectamente obtener importantes beneficios aceptando los préstamos de nueva creación e invirtiéndolos en nuevos proyectos si es que son capaces de retirarse a tiempo del proceso, vendiendo los nuevos bienes de capital producidos a precios altos antes de que se produzca la caída en el precio de mercado de los mismos que caracteriza la llegada de la crisis. [4] Y es que los beneficios empresariales surgen de un conocimiento sobre las circunstancias específicas de tiempo y lugar, y los empresarios pueden muy bien descubrir la existencia de importantes oportunidades de beneficio en cada proceso histórico de expansión crediticia, al margen de su conocimiento teórico de los procesos que dan lugar inexorablemente a la depresión, y de la que pueden muy legítimamente pensar en eximirse gracias a su mejor conocimiento en torno a cuándo empezarán a desencadenarse los síntomas recesivos. En un sentido parecido se pronuncian Gerald P. O’Driscoll y Mario J. Rizzo, al afirmar que «though entrepreneurs understand this theory at an abstract (or macro-) level, they cannot predict the exact features of the next cyclical expansion and contraction. That is, they do not know how the unique aspects of one cyclical episode will differ from the last such episode or from the ‘average’ cycle. They lack the ability to make micro-predictions, even though they can predict the general sequence of events that will occur. These entrepreneurs have no reason to foreswear the temporary profits to be garnered in an inflationary episode. In the end, of course, all profits are purely temporary. And each individual investment opportunity carries with it a risk. For one thing, other entrepreneurs may be quicker. Or so many may have perceived an opportunity that there is a temporary excess supply at some point in the future». [5]

Además, los teóricos de las expectativas racionales siguen sin comprender la teoría austriaca del ciclo y carecen, al igual que los monetaristas, de una adecuada teoría del capital. No entienden, en concreto, de qué manera la expansión crediticia afecta a la estructura productiva y cómo ello ha de producir forzosamente una recesión, aunque existan expectativas perfectas en cuanto al curso general de los acontecimientos. Y es que los empresarios no pueden dejar de serlo renunciando a la posibilidad de obtener beneficios a corto plazo en un mercado en el que se ha iniciado un proceso expansivo, si es que, subjetivamente, piensan que disponen de más información (subjetiva) que el resto de los agentes económicos, y se creen capaces de retirarse del proceso antes de cosechar pérdidas. O, dicho de otra manera, nadie va a negarse a obtener un dinero creado de la nada, por saber que ello, en última instancia, va a dar lugar a una recesión. «A caballo regalado no se le miran los dientes», sobre todo si uno piensa deshacerse del caballo antes de que venga la hecatombe. [6]

El papel de las expectativas en el ciclo es, por otro lado, mucho más sutil que el que nos presentan los teóricos de la nueva macroeconomía clásica, como fue puesto de manifiesto por los tratamientos que Mises y Hayek dieron a la teoría austriaca del ciclo y que ya hemos comentado en el capítulo VI anterior. En efecto, Mises explicó cómo, en muchas ocasiones, existe un cierto lag temporal entre el inicio de la expansión crediticia y el desarrollo de las expectativas en cuanto a sus efectos. Y en todo caso, el desarrollo de expectativas adecuadas lo único que hace es acelerar los procesos desencadenantes que dan lugar a la crisis y exigir, para que la política de creación de créditos pueda continuar teniendo su efecto expansivo, la adopción de un ritmo progresivamente creciente de concesión de nuevos créditos. Por eso, puede decirse que, a igualdad de circunstancias, conforme los agentes económicos se hayan habituado a vivir en un entorno institucional más estable, la expansión crediticia será más dañina y producirá más desajustes en las etapas del proceso productivo (tal y como sucedió en la expansión de los años veinte previa a la Gran Depresión). E igualmente, ceteris paribus, conforme más se hayan acostumbrado los agentes económicos a la expansión crediticia, mayores serán las dosis de la misma que se necesitará inyectar en el sistema económico para dar lugar a un boom, sin que se produzcan por algún tiempo los efectos de reversión que ya conocemos. (En esto consiste el único trasfondo de verdad que puede apreciarse en la hipótesis de las expectativas racionales, o, en feliz expresión de Roger W. Garrison, «the kernel of truth in the rational expectations hypothesis» [7]). Pero incluso en estas circunstancias, nos encontraríamos muy alejados de los supuestos establecidos por la hipótesis de las expectativas racionales, pues los empresarios nunca podrán evitar del todo el aprovecharse de las oportunidades inmediatas de beneficio que genera la nueva creación de dinero que se les pone en sus manos, con lo que, incluso con expectativas «perfectas», la expansión crediticia siempre producirá efectos distorsionadores sobre la estructura productiva. [8]

En suma, lo que los teóricos de las expectativas racionales están considerando con su hipótesis es que el dinero es neutral, dado que los agentes tienden a prever perfectamente el curso de los acontecimientos [9]. No se dan cuenta de que, como tan correctamente explicó Mises, la noción de dinero neutral es una contradicción en los términos: «The notion of a neutral money is no less contradictory than that of a money of a stable purchasing power. Money without a driving force of its own would not, as people assume, be a perfect money; it would not be money at all.» [10] En estas circunstancias, no es de extrañar que los teóricos de la nueva macroeconomía clásica carezcan, al igual que sus antecesores monetaristas, de una adecuada teoría del ciclo, y que sólo sean capaces de explicar éste en base a impredecibles y misteriosos shocks de tipo real, [11] cuya regular reiteración y aparición con las mismas características típicas no son, en última instancia, capaces de explicar [12].

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[1] Un buen resumen del proceso de formación de estas doctrinas y su relación con las otras escuelas macroeconómicas ha sido recientemente publicado entre nosotros por Carlos Usabiaga Ibañez y José María O’Kean Alonso con el título de La nueva macroeconomía clásica: una aproximación metodológica al pensamiento económico, Ediciones Pirámide, Madrid 1994.

[2] Como bien ha puesto de manifiesto Leijonhufvud: «When theorists are not sure they understand, or cannot agree, it is doubtful that they are entitled to the assumption that private sector agents understand and agree.» [«Cuando los mismos teóricos no están seguros de que entienden, o no pueden ponerse de acuerdo, es dudoso que tengan derecho a suponer que los agentes del sector privado entiendan o estén de acuerdo.»], A. Leijonhufvud, «What Would Keynes Have Thought of Rational Expectations?», UCLA Department of Economics Discussion Paper No. 299, UCLA, Los Ángeles 1983, p. 5.

[3] El argumento, por tanto, es paralelo al que he utilizado en mi obra Socialismo, cálculo económico y función empresarial para explicar la imposibilidad teórica del socialismo y que se basa en la radical diferencia que existe entre la información o conocimiento práctico (subjetivo) y la información o conocimiento científico (objetivo). Los teóricos de las expectativas racionales cometen, por tanto, el mismo tipo de error que los teóricos neoclásicos que trataban de demostrar la posibilidad del socialismo, sólo que, en vez de suponer que es el científico o el dictador el que pueda hacerse con toda la información práctica relevante de los observados, ahora los «nuevos macroeconomistas clásicos» parten de suponer que son los propios observados los que pueden hacerse con toda la información relevante, tanto práctica del resto de los agentes económicos, como la referente a las teorías científicas correctas sobre la evolución del ciclo. Véase Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, ob. cit., pp. 52-54 y 87-110.

[4] Las anteriores consideraciones justifican que nos parezca un poco exagerada la siguiente observación de Ludwig von Mises (véase su artículo «Elastic Expectations in the Austrian Theory of the Trade Cycle», publicado en Economica, agosto de 1943, pp. 251-252): «The teachings of the monetary theory of the trade cycle are today so well known even outside of the circle of economists, that the naive optimism which inspired the entrepreneurs in the boom periods has given way to a greater scepticism. It may be that businessmen will in the future react to credit expansion in another manner than they did in the past. It may be that they will avoid using for an expansion of their operations the easy money available, because they will keep in mind the inevitable end of the boom. Some signs forebode such a change. But it is too early to make a positive statement.» [«Las enseñanzas de la teoría económica del ciclo comercial son hoy tan bien conocidas incluso fuera del círculo de economistas, que el ingenuo optimismo que inspiró a los empresarios en períodos de auge ha dado lugar a un mayor escepticismo. Es posible que los empresarios en el futuro reaccionen a la expansión del crédito de manera distinta a como lo hicieron en el pasado. Es posible que se evite el uso de una expansión de sus negocios por la disponibilidad de dinero fácil, ya que se tiene en cuenta el inevitable final del boom. Algunos signos presagian tal cambio. Pero es demasiado temprano para hacer una declaración positiva.»] Aunque es evidente que las expectativas «correctas» en cuanto a la evolución de los acontecimientos harán que éstos se desencadenen antes y que la «eficacia» de la expansión crediticia sea menor de lo que sería en otras circunstancias, es lo cierto que tal y como hemos argumentado en el texto, incluso con un conocimiento «perfecto» de las características típicas del ciclo, los empresarios no pueden renunciar a los beneficios que a corto plazo les proporciona la expansión crediticia, máxime si se creen capaces de prever el momento adecuado para vender a tiempo sus bienes de capital, evitando las correspondientes pérdidas. El propio Mises, en otro lugar (Human Action, ob. cit., p. 871) aclara que «what the individual businessman needs in order to avoid losses is knowledge about the date of the turning point at a time when other businessmen still believe that the crash is farther away than is really the case. Then his superior knowledge will give him the opportunity to arrange his own operations in such a way as to come out unharmed. But if the end of the boom could be calculated according to a formula, all businessmen would learn the date at the same time. Their endeavors to adjust their conduct of affairs to this information would immediately result in the appearance of all the phenomena of the depression. It would be to late for any of them to avoid being victimized. If it were possible to calculate the future state of the market, the future would not be uncertain. There would be neither entrepreneurial loss nor profit. What people expect from the economists is beyond the power of any mortal man». [«lo que necesita el empresario individual para evitar pérdidas es el conocimiento acerca de la fecha del punto de inflexión en un momento en que otros empresarios todavía creen que el choque está más lejano de lo que realmente está. Luego, su superior conocimiento le dará la oportunidad de organizar sus propias operaciones de tal manera que salga ileso. Pero si el final del boom pudiera ser calculado con arreglo a una fórmula, todos los empresarios aprenderían la fecha al mismo tiempo. Sus esfuerzos para ajustar su conducta de negocios a esta información causarían inmediatamente la aparición de todos los fenómenos propios de una depresión. Sería tarde para cualquiera de ellos para evitar ser las víctimas. Si fuera posible calcular el estado futuro de cualquier mercado, el futuro no sería incierto. No habría ni pérdida ni beneficio empresarial. Lo que la gente espera de los economistas está fuera del poder de cualquier hombre mortal».]

[5] Gerald P. O’Driscoll y Mario J. Rizzo, The Economics of Time and Ignorance, 1.ª edición, Basil Blackwell, Oxford 1985, 2.ª edición, Routledge, Londres 1996, p. 222. Esta cita podría traducirse de la siguiente manera: «Aunque los empresarios entiendan la teoría a un nivel abstracto o macro, no pueden predecir los aspectos concretos y exactos del próximo ciclo de expansión y contracción. Es decir, no saben de qué manera los aspectos únicos de un episodio cíclico diferirán de los del último episodio, o del ciclo normal. Carecen de la habilidad de hacer micropredicciones, aunque sean capaces de predecir la secuencia general de los eventos que van a suceder. Estos empresarios no tienen razón alguna para renunciar a los beneficios temporales que puedan obtenerse de un episodio inflacionario. Al final, desde luego, todos los beneficios son puramente temporales. Y cada oportunidad individual de inversión conlleva riesgo. Y es que otros empresarios pueden ser más rápidos. O puede que muchos empresarios hayan percibido una oportunidad de que exista un exceso temporal de oferta en algún punto distante del futuro.» Otro tratamiento crítico de la teoría de las expectativas racionales puede encontrarse en Gerald P. O’Driscoll, «Rational Expectations, Politics and Stagflation», cap. VII del libro Time, Uncertainty and Disequilibrium: Exploration of Austrian Themes, Mario J. Rizzo (ed.), Lexington Books, Massachusetts, 1979, pp. 153-176. Roger W. Garrison más recientemente ha manifestado, en una línea similar, que «feedback loops, multiple alternative for inputs, and multiple uses of outputs... are complexities [that] preclude the hedging against crisis and downturn on a sufficiently widespread basis as to actually nullify the process that would have led to the crisis. The idea that entrepreneurs know enough about their respective positions to hedge against the central bank is simply not plausible. It all but denies the existence of an economic problem that requires for its solution a market process.» [«los circuitos de información, las multiples alternatives de insumos, y los múltiples usos de los productos… son complejidades [que] se oponen a la cobertura contra la crisis y recesión en una base lo suficientemente amplia como para anular de hecho el proceso que habría conducido a la crisis. La idea de que los empresarios saben lo suficiente sobre sus respectivas posiciones a fin de cubrirse contra la acción del banco central simplemente no es plausible. Esto casi niega la existencia de un problema económico que requiere para su solución del proceso de mercado.»] Véase Roger W. Garrison, «What about Expectations?: A Challenge to Austrian Theory», artículo presentado en la 2nd Austrian Scholars Conference, Auburn University, 4-5 de abril de 1997, manuscrito pendiente de publicación, p. 21, y también Time and Money, ob. cit., pp. 15-30. Que conste que nuestra postura sobre las expectativas racionales es incluso más radical que la de O’Driscoll y Rizzo, pues, como hemos enunciado en los párrafos anteriores, consideramos que aunque los agentes económicos conozcan no sólo la forma típica del ciclo sino además los importes y momentos concretos en que van a producirse los cambios más importantes, les seguirá interesando aceptar el dinero de nueva creación para aprovecharse de la constelación de oportunidades de ganancia que surgen en toda la estructura de bienes de capital conforme se desarrolla el proceso de mercado a lo largo de las distintas etapas del ciclo.

[6] Juana G. Campos y Ana Barella recogen la variante «a caballo presentado, no hay que mirarle el diente», en su Diccionario de Refranes, Anejos del Boletín de la Real Academia Española, Madrid 1975, p. 77 (refrán n.º 490). Sobre la posibilidad de aprovecharse de una «burbuja financiera» y salirse a tiempo de ella, véase a Peter Temin y Hans-Joachim Voth, «Riding de South Sea Bubble», The American Economic Review, vol. 94, n.º 5, diciembre 2004, pp. 1654-1668, y especialmente la p. 1666.

[7] Roger W. Garrison, «What about Expectations?: A Challenge to the Austrian Theory», ob. cit., p. 1.

[8] «The crucial question devolves around the source of errors in cyclical episodes. In Hayek’s analysis, misallocations and errors occur as economic actors respond to genuine price signals... Entrepreneurs are being offered a larger command over the real resources in society; the concommittant changes in relative prices make investing in these real resources genuinely profitable. There is surely nothing ‘irrational’ in entrepreneurs grasping real profit opportunities.» [«La cuestión fundamental recae en torno a la fuente de errores en episodios cíclicos. En el análisis de Hayek, la mala asignación y los errores ocurren porque los actores económicos responden a genuinas señales de precios… Ofrecen a los empresarios un control más grande sobre los recursos reales de la sociedad; los concomitantes cambios de los precios relativos permiten la inversión de estos recursos de forma verdaderamente rentable. No es sin duda nada “irracional” en los empresarios captar oportunidades de beneficio»] Gerald P. O’Driscoll, «Rational Expectations, Politics and Stagflation», en Time, Uncertainty and Disequilibrium, Mario J. Rizzo (ed.), ob. cit., p. 166.

[9] Véase la reciente, matizada y sintética exposición de Robert E. Lucas en su «Nobel Lecture: Monetary Neutrality», Journal of Political Economy, n.º 4, vol. 104, agosto de 1996, pp. 661-682. Lucas ha explicado los ciclos como resultados reales de los shocks monetarios no anticipados por los agentes económicos y ello ha llevado a diversos autores a señalar supuestas similitudes entre la Escuela Austriaca y los teóricos de la nueva macroeconomía clásica. Teniendo en cuenta que los macroeconomistas clásicos carecen de teoría del capital, y que para los austriacos el modelo de equilibrio, el agente representativo maximizador y los agregados que utilizan sus colegas de la nueva macroeconomía clásica no son realistas y/o carecen de sentido, se llega fácilmente a la conclusión de que las «similitudes» son más aparentes que reales. Véase en este sentido a Richard Arena, «Hayek and Modern Business Cycle Theory», en Money and Business Cycles: The Economics of F.A. Hayek, M. Colonna y H. Hagemann (eds.), ob. cit., vol. I, cap. 10, pp. 203-217; y entre nosotros, Carlos Usabiaga Ibáñez y José María O’Kean Alonso, La nueva macroeconomía clásica, ob. cit., pp. 140-144. Las profundas diferencias entre el enfoque austriaco y el paradigma neoclásico que constituye la fundamentación macroeconómica de Lucas están analizadas con detalle en Jesús Huerta de Soto, «La Methodenstreit, o el enfoque austriaco frente al enfoque neoclásico en la ciencia económica», ob. cit.

[10] Ludwig von Mises, Human Action, ob. cit., p. 418. La cita se podría traducir de la siguiente manera: «La noción de un dinero neutral no es menos contradictoria que la de una moneda con un poder adquisitivo estable. El dinero sin fuerza impulsora propia no sería, como la gente supone, un dinero perfecto. No sería dinero en forma alguna.» Hay que insistir en que, ni siquiera a largo plazo, el dinero es neutral para los austriacos, pues la estructura productiva que queda a largo plazo, después de haberse producido todos los reajustes inducidos por la expansión crediticia, nada tiene que ver con la que se hubiera formado en ausencia de inflación.

[11] Así, por ejemplo, Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, «Time to Build and Aggregate Fluctuations», Econometrica, n.º 50, noviembre de 1982, pp. 1345-1370; y también «Business Cycles: Real Facts and Monetary Mith», Federal Reserve Bank of Minneapolis Quaterly Review, n.º 14, 1990, pp. 3-18; estas y otras explicaciones del ciclo económico no basadas en los efectos de la expansión crediticia, se ven obligadas a reconocer, siquiera sea implícitamente, que ésta es un elemento que siempre interviene y sin el cual no cabría explicar, en forma alguna, el crecimiento sostenido del boom expansivo. Véase Ludwig von Mises, «Errores de las explicaciones no monetarias del ciclo económico», La acción humana, 7.ª edición española de 2004, ob. cit., pp. 686-693.

[12] Además, si los teóricos de las expectativas racionales tienen razón y cualquier actuación económica del gobierno es «inútil», ¿qué sentido tiene que una y otra vez se emprendan políticas expansivas? La respuesta radica en los efectos a corto plazo, aparentemente beneficiosos, que siempre revierten perjudicando a la economía a medio y largo plazo.

La libertad económica en Argentina: el Proceso de Reorganización Nacional

2008-10-19T19:36:00.008-02:00

La dictadura militar que sufrió la Argentina de 1976 a 1983, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” es, al igual que el gobierno oligárquico de la llamada “generación del ‘80”, otro de los períodos históricos más identificados por sus detractores con el libre mercado y la libertad económica [1]. Como veremos, si hay algo que jamás se dio durante la dictadura militar, eso fue un auténtico libre mercado. Ni siquiera en un sentido limitado, es decir, con algunos controles superfluos o algunas medidas de “fuerza mayor”. La política económica del “Proceso” extendió privilegios y protecciones masivos para las empresas más importantes, tanto nacionales como internacionales, escondida detrás de una retórica liberal. Facilitó instrumentos de especulación financiera que paralizaron la producción y aumentaron el desempleo. Estatizó las deudas privadas de las gigantescas empresas que contribuyó a ensanchar. La manipulación arbitraria del sistema monetario tuvo consecuencias desastrosas. Todas las medidas fueron tomadas en pos de privilegiar y proteger de la manera más descarada a la clase económica dominante. Y nuevamente, una ligera política de “puertas abiertas” a los mercados internacionales es el único requisito necesario para que un sistema económico sea considerado “liberal” por la apologética estatista, por más que el mercado interno esté enormemente intervenido.

El golpe al gobierno de Isabel Martínez de Perón se produjo el 24 de marzo de 1976. El contexto político y económico en el que se encontraba la Argentina mostraba, por un lado, una inflación que había superado el 400% y un déficit fiscal que se volvía incontrolable, y por otro lado, una activa movilización sindical y huelgas cada vez más periódicas; problemas que la Junta Militar se propuso “solucionar”. Las huelgas y la lucha sindical fueron brutalmente reprimidas mediante el secuestro, la persecución y el asesinato de miles de militantes —no sólo sindicalistas—, y la prohibición de la organización gremial, la supresión de los derechos laborales, etc.; mientras que la inflación y el déficit fue responsabilidad del nombrado ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. El diagnóstico era que la inflación era causada principalmente por el elevado gasto público, por lo que uno de los primeros objetivos era minimizar el déficit fiscal tanto como fuera posible. Por otro lado, para que la economía se desenvuelva eficientemente se propuso liberalizar el mercado, y promover altas tasas de ahorro ofreciendo elevadas tasas de interés.

Si siguiéramos las denuncias de los estatistas más vulgares, estaríamos ante el primer caso histórico en el que un gobierno cumple absolutamente todo lo que promete. Aparentemente, el programa “liberal” se llevó a cabo a amplia escala. Pero si analizamos con un poco de seriedad la gestión económica del gobierno militar, los objetivos establecidos no se cumplieron en lo más mínimo, al contrario: se hizo lo imposible para que no quedara sector económico sin intervención, en su forma más fraudulenta y arbitraria. La primera premisa, reducir el gasto público, no fue respetada en ningún sentido. Si bien disminuyó en los primeros años después del golpe, hacia 1977 comenzó a dispararse, hasta superar los niveles de 1973-75. Este gasto se manifestó bajo la forma de subsidios para las grandes empresas principalmente, además de que el gasto y endeudamiento de las empresas públicas, e inversiones estatales de todo tipo.

Con el fin de “atraer inversores”, el equipo económico de Martínez de Hoz organizó proyectos de inversión que consistían en enormes subvenciones a grandes empresas. Del total de inversiones realizadas, sólo el 9,8% del total recibió este tipo de apoyo, concentrándose los subsidios principalmente en empresas como Celulosa Argentina, Acindar, Alpargatas, Bridas, Pérez Companc, Garovaglio y Zorraquín, Atanor, Indupa y Duperial. Por cierto, los beneficios para las grandes empresas no consistieron sólo en esto. Algunas de las firmas más importantes que todavía hoy dominan los mercados, como Agea/Clarín, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bunge y Born, Fate/Aluar, Fortabat, Ledesma, Macri, Roggio, Soldati, Techint, Werthein, además de las ya mencionadas, recibieron importantes privilegios por otros métodos. La supuesta liberalización del sector externo se realizó en forma selectiva y asimétrica, de modo que algunas empresas nacionales mantuvieron su protección sobre la competencia externa, mientras que otros sectores fueron severamente disciplinados por la misma. Mientras las exportaciones de algunas ramas de la producción crecieron notablemente [2], el crecimiento sostenido de las importaciones, en parte alentadas por el retraso cambiario, afectaron seriamente a muchas industrias nacionales, no por motivos de eficiencia, sino porque estas estaban limitadas en su inversión por las altas tasas de interés locales. El acceso al crédito externo, a tasas bajísimas en comparación con las nacionales, estaba limitado para quienes mantuvieran estrechas relaciones con el Estado y tuvieran una importante presencia en el mundo de las finanzas. Este último fenómeno estimuló una intensa actividad especulativa, por la que importantes entidades financieras obtenían suculentas ganancias tomando dinero a bajas tasas en el exterior y depositando el mismo en el país a tasas artificialmente elevadas.

Por otro lado, hacia mediados de los ’70, se dio una notable expansión de innovaciones tecnológicas en el sector teleinformático a nivel mundial. El sector público argentino incorporó en forma masiva computadoras y otros equipos en forma desproporcionada en términos de necesidades reales y en la utilización que se les pretendía dar, contrastando con un deficiente equipamiento y recursos humanos poco capacitados para la instalación informática. Entre 1979 y 1981 las compras estatales, en su mayoría provistas por la IBM, crecieron un 300%, equipando de manera compulsiva y desproporcionada al sector público. La consecuencia de este derroche de recursos públicos fue una subutilización estrepitosa de la capacidad instalada y se generaron graves problemas de mantenimiento. El sector público en Argentina y en toda América Latina durante este período, fueron de los principales compradores de bienes del complejo teleinformático para la administración estatal. Buena parte de estos equipos teleinformáticos fueron utilizados para profundizar el control represivo sobre la población.

Y por último, con el motivo de legitimarse tanto hacia adentro como hacia fuera de la nación en relación a las violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo, los militares se aseguraron la organización del mundial de fútbol de 1978, cuyos costos superaron los 700 millones de dólares —diez veces superior a lo provisto—, que se dilapidaron en la remodelación de estadios, obras pomposas y proyectos sobrevaluados.

Una de las principales herramientas utilizadas para financiar estos enormes gastos, además de los impuestos, fue el endeudamiento. Los vínculos de Martínez de Hoz —amigo personal de David Rockefeller— con numerosas entidades financieras internacionales y las simpatías de algunas potencias para con la dictadura argentina, facilitó el acceso del Estado al crédito externo. En los primeros años del Proceso, el principal tomador de créditos internacionales fue el sector público, que buscaba acumular reservas en divisas para controlar los precios internos mediante el tipo de cambio en el futuro. También recurrió al crédito interno, lo que contribuyó, merced al aumento de la demanda de las empresas públicas, las provincias y municipios, a aumentar aún más las tasas de interés. Por otro lado, y en los años previos a la crisis de 1981, el sector privado protagonizó, como mencionamos, parte del endeudamiento en sus maniobras especulativas.

Las tasas de interés fueron artificialmente elevadas por el Banco Central, mediante la sustitución del sistema de nacionalización de depósitos por el de encajes fraccionarios. Estos se establecieron en un 45%, de modo que por cada depósito que recibían los bancos privados, debían depositar ese porcentaje del mismo en las arcas del Banco Central, por lo que sus créditos quedaban limitados casi a la mitad [3]. Esto produjo una enorme disparidad entre ahorro e inversión: por cada suma de dinero que se ahorraba, solo podía invertirse casi la mitad. La escasez de crédito hizo que las tasas se elevaran —superando por momentos el 1000%—, lo que produjo una natural subutilización del stock productivo, disminución de la inversión y desempleo. Los movimientos de capital más activos eran los que se hacían con fines especulativos, como ya explicamos, a partir de las bajas tasas disponibles en el exterior. Para compensar a las entidades financieras por la medida de los encajes fraccionarios, se creó la “Cuenta de Regulación Monetaria” (CRM). Ésta actuaba emitiendo dinero en forma de subvenciones para los bancos que debían pagar el encaje al Banco Central. Entre 1977-1982, la masa monetaria aumentó 62.000 millones de pesos por este mecanismo, lo que contribuyó a acelerar la inflación.

A fines de 1979 y principios de los ’80, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés, lo cual provocó una crisis mundial similar a la actual. En este contexto, el negocio especulativo que estaban obteniendo las entidades financieras locales colapsó. El crédito barato ya no estaba disponible en el exterior y la diferencia con las tasas locales dejó de ser rentable: los especuladores y las grandes empresas ya no podrían pagar sus deudas. La crisis llegó a la Argentina y comenzó con la quiebra del Banco de Intercambio Regional, destino que parecía amenazar a las demás entidades. Pero el Estado, ya con Lorenzo Sigaut como ministro de economía, otorgó un seguro de cambio a las empresas privadas endeudadas para evitar quiebras masivas, que finalmente derivó en 1982 en la estatización del 90% de las deudas contraídas por dichas organizaciones. El resultado, de esta orgía financiera fue una deuda externa argentina que aumentó de 8.000 a 45.000 millones de dólares entre 1975 y 1983.

En este contexto, la inflación seguía su marcha incontrolable. Como habíamos mencionado anteriormente, para el equipo económico de la dictadura la principal causa de la inflación era el déficit fiscal y el elevado gasto público. Si bien en un principio se propusieron acabar con el mismo, el Estado no sólo no disminuyó sus gastos y la emisión monetaria, sino que los aumentó. Por este motivo se vieron obligados a controlar la inflación por otros medios.

A partir de 1979 se implementó la “tablita cambiaria” para controlar la inflación a partir del tipo de cambio. Se inició con una devaluación del 5,23%, y se proponía reajustar el tipo de cambio periódicamente en forma decreciente hasta fijarlo en 1981. De esta manera se pretendía desviar el exceso de oferta monetaria hacia las importaciones, hasta equiparar los niveles inflacionarios nacionales con los internacionales. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios no transables siguieron subiendo, entre ellos los alimentos, los servicios del Estado y los de las empresas protegidas por el mismo. Esto trajo aparejado una distorsión increíble de los precios relativos, y las rentabilidades relativas de los sectores económicos. Por ejemplo, muchas empresas sometidas a la competencia extranjera no podían incrementar sus precios mientras que sus costos, compuestos en parte por precios de bienes y servicios no transables, subían por la inflación. La concentración del mercado se hizo evidente. Las grandes empresas estaban protegidas de la competencia extranjera y además podían acceder al crédito barato en el exterior. Las demás empresas sufrieron una severa disciplina económica, y muchas cerraron o fueron deglutidas por las más grandes.

La tablita comenzó a perjudicar a amplios sectores, entre ellos, los exportadores y las empresas presionadas por las importaciones. Martínez de Hoz se vio obligado, en sus últimas medidas como ministro de economía, a decretar una devaluación del 10%, que generó un brusco sobresalto en la economía y se produjo una huida al dólar. A partir de aquí, y con la asunción de Sigaut como ministro en 1981, se implementaron sucesivas devaluaciones que lo único que hicieron fue acelerar la inflación, en un contexto de crisis bancaria a nivel internacional. Como último manotazo de ahogado para frenar la inflación, se acudió, ahora sí, a una importante contracción monetaria, congelando salarios públicos, ajustando las cuentas de las empresas públicas y extendiendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que provocó una recesión que originó protestas y manifestaciones populares. El descontento se agravó con la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas. Se acercaba el fin de la dictadura, y en octubre de 1983 volvieron las elecciones democráticas.

“Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”, señaló, en un famoso discurso, José Alfredo Martínez de Hoz al inicio de su gestión. Nadie más que él, entre otros, hizo lo imposible para conseguir lo contrario. Las medidas económicas de la dictadura militar, sus subvenciones y favoritismos, su endeudamiento, su manipulación creditica y monetaria, colaboraron a construir un mercado concentrado y dominado por algunas pocas empresas y un Estado increíblemente endeudado, además de comprometer seriamente el futuro de la economía argentina. A los ojos de la apologética estatista, esto es obra y gracia de la libertad de mercado, y no de la intromisión de un Estado elitista y represivo en la economía. Será difícil contrarrestar esta tendencia en el pensamiento de las masas y de la clase intelectual.

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[1] Se ha estimado innecesario hacer un análisis detallado de los gobiernos posteriores al período 1860-1916, dado que todos han sido de un marcado carácter intervencionista y evidentemente contrarios al libre mercado. Recordemos que en esta serie de artículos estamos estudiando los gobiernos y períodos históricos donde popularmente se considera que existió libertad económica en Argentina. Ver La libertad económica en Argentina: la “generación del ‘80” [23-9-2008].

[2] Resulta paradójico el hecho de que uno de los principales compradores de la Argentina por aquellos años haya sido la U.R.S.S., puesto que el golpe militar perseguía erradicar la “subversión marxista” que amenazaba la nación.

[3] Generalmente se insiste en que durante la dictadura militar se desreguló el sistema financiero y se liberaron las tasas de interés, algo inconsistente con un sistema de encajes fraccionarios. Estos actuaron limitando artificialmente el crédito, dado que por cada $100 que los bancos reciben en forma de depósitos sólo pueden prestar $55.

Crisis financiera, cálculo económico y bancos centrales

2008-10-08T14:10:00.005-03:00

El economista español Jesús Huerta de Soto ha publicado recientemente en Mises.org un artículo titulado Financial crisis and recession, donde interpreta los recientes fenómenos económicos a la luz de la teoría austriaca del ciclo económico. Recordemos que, según esta, una expansión “artificial” del crédito, es decir, no respaldada por ahorro voluntario previo, tiende a aumentar la inversión, dado que los precios relativos han sido distorsionados por la mayor masa de dinero circulante en la economía. Estas inversiones, que no hubieran sido emprendidas de no ser por la mencionada distorsión, sobreutilizan los bienes de capital acumulados, y tarde o temprano las tasas de interés artificialmente bajas se acomodan en su verdadero nivel de mercado, generalmente muy superior al establecido por los bancos centrales dado la escasez de bienes de capital. Esto corta abruptamente el flujo de crédito barato, y las inversiones que parecían rentables con precios inflados ahora dejan de serlo: la crisis estalla y se efectúa la natural liquidación de las inversiones erróneas.

Huerta de Soto rastrea los inicios de esta expansión monetaria en la economía americana hacia el año 1992, cuando la Reserva Federal intentaba “reactivar” el sistema luego de la caída bursátil de 1987 y la fuerte inflación que se vivió a finales de esa década. La masa monetaria creció a una tasa de diez por ciento por año hasta nuestros días, que ingresó al mercado a través de créditos artificialmente baratos, “incluso a tasas negativas en términos reales”. Esto provocó un aumento considerable en los precios de los bienes de capital, activos inmuebles y valores bursátiles. Buena parte de esta alza en el nivel de precios se desarrolló en el marco de un aumento sorprendente en la productividad y la implementación de nuevas innovaciones tecnológicas.

Todo este escenario innecesariamente inflado estalló, según Huerta de Soto, cuando aumentaron los precios de las materias primas como el petróleo, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y cuando se hizo evidente que en el mercado que el valor de las deudas era superior al de los activos, todo lo cual demuestra el fallo en el que incurrieron importantes instituciones bancarias y financieras. Es decir, la crisis hipotecaria es, en realidad, un subproducto de una crisis crediticia y monetaria más importante que se viene gestando desde hace años.

Otro punto que podemos citar y que alimentó todo este ciclo, y que Huerta de Soto pasa de largo, es que la Reserva Federal redujo aún más las tasas de interés, inyectando una mayor masa de dinero en la economía, hacia el año 2002 para evitar la evidente recesión que se avecinaba producto de sus políticas anteriores. En 2007 subió las tasas de interés para “enfriar” la economía, lo que dio lugar a la debacle financiera que Estados Unidos y el mundo están sufriendo hoy.

Sin embargo, el economista español sostiene que este tipo de problemas son inevitables en tanto los bancos centrales digiten las políticas monetarias que regirán sobre toda la economías, como ya han demostrado Mises y Hayek. En realidad, estos bancos centrales son, en sus palabras, “organismos centrales de planificación monetaria”, y por lo tanto sufren los mismos problemas de cálculo económico que sufrieron las economías fuertemente centralizadas y planificadas. Los bancos centrales carecen de la información realmente relevante para satisfacer las necesidades de la economía. Básicamente actúan como monopolios estatales: la aceptación de su producto monetaria depende pura y exclusivamente del “curso forzoso” que la envuelve, y carecen de competencia, y por lo tanto de incentivos, para llevar a cabo con eficacia sus propósitos.

Las opciones que Ben Bernanke tiene enfrente no son en absoluto sencillas. La primera es permitir que se produzca la recesión y la consiguiente liquidación de las malas inversiones, lo que significaría una dolorosa y lenta, pero necesaria “depuración” del mercado, para poder seguir la senda del crecimiento sostenido y saludable. La segunda es que puede “aplazar” el problema inyectando más crédito en la economía, como ya están exigiendo algunos. La consecuencia de esta última opción, señala Huerta de Soto, provocaría una estanflación mucho más poderosa en el futuro, dado que se acumularán aún más inversiones erróneas —al parecer, esto es exactamente lo que sucedió con la crisis de 1990-92—. Ante la propuesta del presidente George W. Bush de “rescatar” a las entidades financieras comprando los activos del sistema bancario por 700 billones de dólares, predice que, de ser ese monto financiado con impuestos, quienes más sufrirán esa pesada carga serán los contribuyentes, en un momento en el que son incapaces de soportarla. Si es financiada con más inflación, lo único que se conseguirá es alimentar la inestabilidad económica.

Por último, compara esta crisis con el actual panorama económico europeo. El caso español, sobre el cual es un amplio conocedor, manifiesta muchas similitudes, donde la masa monetaria y la expansión del crédito crecieron a casi tres veces las tasas correspondientes a Alemania y Francia. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha sido mucho más responsable que la Reserva Federal americana, que ante los efectos inflacionarios distorsivos, optó por no reducir las tasas de interés, hecho que puso de manifiesto las inversiones equivocadas que llevaron a cabo los españoles en bienes raíces, principalmente, y la reorganización de los recursos productivos da comienzo a la recesión.

Muchos ya, en su regocijo —y podemos citar muchos en Argentina, con nombre y apellido—, sostienen que esta crisis es la sentencia de muerte de las ideas neoliberales o monetaristas, y el triunfo del keynesianismo y una confirmación de que la mano del Estado debe estar aún más presente en la economía. En realidad, se trata del derrumbamiento del mito de la necesidad de políticas monetarias emitidas por los gobiernos, la existencia de los bancos centrales y de los monopolios monetarios.

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La lectura de este artículo de Jesús Huerta de Soto puede ser complementada con este video de Juan Carlos Cachanosky, donde explica brevemente la actual crisis financiera en el marco de una explicación más profunda sobre los ciclos económicos y la manipulación crediticia.

La libertad económica en Argentina: la Generación del ‘80

2008-09-23T23:31:00.006-03:00

A diferencia de lo que popularmente se cree, en la Argentina jamás se ha dado un contexto económico de libre mercado, “liberalismo económico”, o como se lo quiera denominar. La participación del Estado a lo largo de la historia ha sido activa y determinante, desequilibrando siempre las relaciones económicas a favor de algunos sectores o grupos sociales a expensas de otros. Si algo puede decirse de la historia económica argentina, es que es nada más y nada menos que la historia de sucesivas intervenciones, regulaciones y desajustes producidos por la intromisión coactiva de una clase política que, lejos de disminuir, ha engrosado aún más su poder, aprendiendo de la experiencia.

Aquí intentaremos analizar la participación del Estado mismo en el escenario económico argentino desde el momento en que se sentaron sus bases, hacia fines del siglo XIX. Los caudillos federales habían perdido su poder, y a lo largo y a lo ancho del territorio que hoy consideramos nacional, se comenzaba a implantar a sangre y fuego la hegemonía de los llamados unitarios, en su mayoría intelectuales de la alta sociedad, que defendían un programa pseudo-liberal. En lo económico, defendían retóricamente un librecambio que jamás implementaron; y en lo político manifestaban un conservadurismo y un desprecio racial por el gaucho y los “bárbaros” aborígenes; y una admiración y devoción por las sociedades “civilizadas” europeas —principalmente la inglesa y la francesa— compatibles con el más encarnizado darwinismo social. El lapso entre los años 1880-1916, con su gobierno, conocido como la “Generación del ‘80”, y su política económica, conocida como el “modelo agro-exportador”, es uno de los períodos que más es identificado históricamente con el libre mercado y el liberalismo económico en la Argentina.

Cierto es que este es uno de los tramos de la historia en donde, podría decirse, mayor libertad económica existió. También fue un período de relativa prosperidad y progreso material. Sin embargo, las citadas y denunciadas “asimetrías” y las crisis que se vivieron bajo el modelo agro-exportador, fueron en su mayoría producidas por la intervención del Estado. Y esta intervención, en la búsqueda exhaustiva de medios para consolidar el poder de la clase política, económica y militar dominante, dio sus mejores frutos a mediados del siglo XIX, en torno al proceso de reorganización del territorio nacional.

Como toda estructuración y asentamiento de un Estado, debe haber, previamente, todo un período de conquista, robo y violencia, con el fin de asegurarse tanto la obediencia del resto de la sociedad como recursos necesarios para su autofinanciación por las vías posibles. En esto consistió la “campaña del desierto” llevada a cabo en la primavera del año 1878, aunque ya se habían dado suficientes ensayos previamente.

El robo de tierras para engrosar la riqueza de los aliados económicos del gobierno fue una práctica bastante habitual durante el siglo XIX. En 1826, de la mano de Bernardino Rivadavia, gran parte de las tierras fiscales, en total nueve millones de hectáreas, fueron a parar a la posesión de 538 propietarios, mediante la concesión enfitéutica y luego la venta. Y en la década de 1830, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se remataron numerosas propiedades estatales. La configuración final de la concentración de las tierras en las manos de un pequeño puñado de propietarios aliados al poder la daría la expedición militar dirigida por Julio Argentino Roca. La campaña estaba santificada por los nobles objetivos de la eliminación del problema del indio y por la instauración del orden y la civilización, además del engrosamiento del territorio nacional. La conquista y la invasión a las tierras poseídas por los indios patagónicos, que constituyó un verdadero genocidio, incorporó 30 millones de hectáreas que quedaron en poder del Estado.

Estas fueron distribuidas entre el mismo general Roca, los militares de mayor jerarquía, los terratenientes más influyentes y cercanos al gobierno, y mediante la “Ley de Remate” de 1882 seis millones de hectáreas terminaron vendiéndose en el exterior a través de las embajadas inglesa y francesa. Lo más paradójico es que ninguno de los trabajadores inmigrantes que supuestamente debían recibir las tierras obtenidas con el exterminio indio —promesa decretada como la “Ley de Inmigración y Colonización” en 1876— vio una sola extensión de tierra: la mayoría de ellas fueron a parar a manos de la elite terrateniente.

Por otro lado, entre los años 1860-1916 hubo numerosos casos de imposición selectiva, fraudulenta e incluso exoneraciones para empresas determinadas, con el fin de estimular algunos sectores productivos a costa de otros y atraer inversión externa. Sus principales consecuencias serían la sobrexpansión de determinadas áreas, y la distorsión total del proceso de desenvolvimiento de la competencia empresarial. Se trata de casos dignos de ser analizados por el mutualista Kevin Carson: básicamente el Estado proveía una estructura de subsidios para atraer inversores, garantizándoles amplias ganancias realizando ciertos controles. [1]

Por ejemplo, con el fin de facilitar y reducir los costos de las inversiones privadas en las obras de infraestructura en los puertos y la construcción de vías férreas y de los primeros ferrocarriles, el Estado garantizaba ciertas condiciones de privilegio. En el sistema ferroviario se garantizaba una tasa de ganancia mínima del 7 %, concesiones de las tierras adyacentes a las vías y la introducción de materiales libres de derechos. Para cubrir gran parte de estos gastos en infraestructura y los privilegios de los inversionistas se recurrió principalmente al crédito externo. En 1907 se decretaría la “Ley Mitre” que eximía de impuestos nacionales, provinciales y municipales a empresas como Central Argentino, Gran Oeste, Transandino y Central Córdoba y a las principales empresas del sistema ferroviario sobre sus costos de producción, a cambio de una contribución del 3 % sobre sus ganancias netas. El Estado, a su vez, se comprometía a invertir esas contribuciones y demás fondos públicos en obras de infraestructura —caminos, puentes, etc.—. Dado que el modelo económico se inclinaba por una fuerte actividad exportadora, las empresas involucradas en el sistema ferroviario cosecharon enormes ganancias, y sus privilegios se extendieron… ¡hasta 1947!

La política económica en lo referente al sistema monetario sería claramente de intervención y participación activa del Estado. Estas políticas, junto con el endeudamiento estatal, una costumbre que se volvería un vicio a lo largo de la historia argentina, culminarían con la poderosa crisis de 1890. El gobierno, que ya venía de ciclos anteriores de endeudamiento, necesitaba oro para poder afrontar sus compromisos. Para ello se decretó en 1887 la “Ley de Bancos Garantidos”, durante la presidencia de Juárez Celman, que permitía a los bancos emitir billetes a condición de que depositaran una contrapartida de oro en las arcas estatales. Como respaldo de dichas emisiones, recibían bonos emitidos por la Tesorería. El auge del crédito barato generó devaluación e inflación, aunque la economía crecía y aumentaban las exportaciones. Muchos bancos, no obstante, vendieron los bonos emitidos al extranjero a fin de obtener oro, para poder bajar sus tasas de interés y ampliar sus préstamos. El resultado obvio de esta maniobra fue que gran parte de la deuda estatal pasó a manos de entidades extranjeras, mientras que en 1890 estalló la crisis cuando el flujo de crédito externo cesó. [2]

La mala experiencia serviría de poco, porque en 1899, durante la presidencia del general Julio A. Roca, luego de un largo período de incipiente recuperación y revalorización del peso, se estableció la “Ley de Conversión”. Esta ley fijó el tipo de cambio en 2,27 pesos papel por cada peso oro —cada vez que ingresaba oro al país, la Caja de Conversión emitía la cantidad de papel moneda correspondiente—. Este tipo de cambio favoreció a los sectores exportadores, cuya actividad e ingresos aumentaron considerablemente —de hecho, la desvalorización del peso frente al oro se estableció por las presiones que ejerció el sector agroexportador—, mientras que encareció los bienes de consumo, que en su mayoría eran importados. Obviamente los trabajadores y los sectores populares fueron los más perjudicados por estas medidas. Se dio un auge similar al de décadas anteriores, con el agregado de que la balanza comercial fue “favorable”. Sin embargo, este mecanismo de ingreso de oro al país estaba sostenido principalmente por las condiciones internacionales. Así, el flujo de capitales se restringió notablemente hacia 1913, cuando se vislumbraban las tensiones previas a la Primera Guerra. La expansión monetaria se interrumpió, y estalló una nueva crisis en ese mismo año. [3]

Existió, no obstante, un punto en el que el Estado no intervino tan activamente, y fue en la relación entre importaciones y exportaciones. Para una historiografía estatista y nacionalista, todo Estado que no regule y controle deliberadamente este sector, por más que intervenga en puntos cruciales de la economía interna, ha hecho los méritos suficientes para ser considerado como “liberal”. Los dirigentes de la llamada “generación del ‘80”, sin embargo, intervinieron circunstancialmente en el sector externo, en forma directa o indirecta [4]. Pero su política, en general, consistió en abrir sus puertas e “integrarse” a la economía mundial. Tampoco podría decirse que se liberalizó totalmente la economía externa. Las devaluaciones monetarias principalmente, provocaron desajustes entre el ingreso y el egreso de mercancías, inclinándola hacia los intereses de los sectores exportadores.

En definitiva, una de las etapas históricas que interpretaciones totalmente sesgadas y parciales han caracterizado como “liberal”, donde supuestamente la libertad de mercado ejercía su poder hegemónico, en realidad no ha sido tal. El Estado coercitivo intervenía activamente en la economía y, por supuesto, en el ámbito político y social, siempre protegiendo y promoviendo los intereses de una elite terrateniente exportadora y europeizada, y a las empresas extranjeras. El robo y la apropiación de tierras, los subsidios al transporte, los privilegios legales a determinadas empresas, la intervención monetaria, todos los mecanismos que incluso hoy implementan los gobiernos más “intervencionistas” ya fueron aplicados hace cien años por un modelo que tildarían de “liberal” en materia económica.

En este caso, los mismos “liberales” se han mostrado ser los peores enemigos del laissez-faire: han defendido a lo largo de casi un siglo un sistema en donde nunca se le permitió desarrollarse al libre mercado. Y la apologética estatista ha recogido esta actitud con los brazos abiertos.

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[1] Ver Subsidios al transporte, de Kevin Carson, de su libro Studies in mutualist political economy.

[2] Otro importante mecanismo de endeudamiento del gobierno, y que disparó la especulación, fue la emisión de cédulas hipotecarias por parte del Banco Hipotecario —organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires—, que funcionaban como bonos al portador con garantía del Estado. Como los intereses de estas cédulas estaban fijados en pesos, la gran devaluación que se hizo sentir por aquellos años perjudicó a todos los tenedores. Fue el Estado quien, en última instancia, respondió ante los tenedores de las cédulas. La deuda externa ascendió hacia 1891, cuando la economía se recuperaba de la crisis, a 879 millones de pesos oro.

[3] Resulta importante hacer notar que las medidas de devaluación monetaria fueron apoyadas por Silvio Gesell, quien por aquellos años se encontraba trabajando en Argentina. Obviamente, se sintió muy halagado por el crecimiento económico que se efectuó luego de la Ley de Conversión de 1899, ya que confirmaba sus ideas plasmadas en La cuestión monetaria argentina, de 1898, donde criticaba la valorización del peso. No obstante resulta difícil encontrar alguna referencia suya a la crisis de 1913.

[4] Por ejemplo, en 1877 se decretó la “Ley de Aduanas”, que buscaba aumentar los ingresos del Estado aumentando las tarifas de las importaciones para hacer frente a la deuda; durante la Primera Guerra Mundial se prohibió la exportación de metales, alambres, agujas, hilos de coser, hilados, productos medicinales, químicos y barnices; ante las sequías en 1916 el gobierno estableció un gravamen del 5% a las exportaciones, para obtener fondos que se utilizarían para la compra de semillas y útiles de labranza y apoyar a los agricultores.

Reflexiones sobre la viabilidad de la anarquía

2008-09-12T01:45:00.003-03:00

Nicolás Cachanosky, miembro de la Fundación Hayek, ha planteado en su artículo Los límites del anarco-capitalismo una serie de puntos muy interesantes relacionados con la seguridad y la justicia en una sociedad anarquista. Y digo “anarquista” porque este es un asunto que requiere serias reflexiones por parte de todos los libertarios de todas las tendencias y no sólo los anarco-capitalistas. Resumamos brevemente los argumentos expuestos por N. Cachanosky.

(1) El mercado puede asegurar que el “derecho privado” a través de contratos y acuerdos, pero no puede suministrar eficientemente el “derecho penal”, esto es, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, que son precisamente los fundamentos del sistema de mercado. Si los segundos no están asegurados, no podrá darse el primero bajo ninguna perspectiva.

(2) La “seguridad privada” no es lo mismo que la “seguridad pública”. La primera responde a los deseos o demandas de sus clientes, mientras que la segunda no es demandada por particulares. N. Cachanosky advierte, además, que si la “seguridad privada” responde a los deseos de “seguridad” de sus clientes, también puede responder a otro tipo de deseos, como por ejemplo, invadir los derechos de otras personas. Esto degeneraría en una suerte de libre competencia entre mafias privadas que lucharían por la obtención del monopolio de la fuerza, y sería probable que unas pocas lleguen a dominar el mercado.

(3) Los tribunales de justicia, según N. Cachanosky, tampoco son “privatizables”. Estos se asemejarían más bien a mesas de diálogo y debate más que a juzgados donde se imparta justicia. Y suponiendo que se de el caso de un mercado de seguridad dominado por unas pocas mafias, el mercado de “tribunales de justicia” terminaría desvirtuándose también de estrechar relaciones con él.

(4) Dado que no existiría estabilidad en las normas y reglas sociales, el hombre no sería verdaderamente libre, puesto que para que el hombre sea libre necesita que se respeten y sean protegidos sus “derechos básicos”.

(5) N. Cachanosky reconoce que si se necesita un aparato capaz de gobernar y proteger los derechos indispensables para que los hombres sean libres, este debe ser financiado y mantenido con impuestos. El pago de impuestos resultaría el costo de la libertad, costo que resultaría mucho menor que las desgracias del “estado de naturaleza”. Obviamente, hay que trabajar porque estos impuestos sean “óptimos”.

(6) De todo esto se concluye que, por secuencia lógica, el anarquismo es una instancia previa para el “rule of state”, pero que la existencia de este “rule of state” no impide la posibilidad de un “rule of law”, es decir, la imposición de límites al Estado mismo.

Buena parte de sus críticas a la posibilidad de un mercado competitivo de seguridad y justicia son acertadas. Sin embargo, si suponemos la previa eliminación del Estado, es poco probable que surjan siquiera: las sociedades establecerían, seguramente, otras formas de asegurarse su propia seguridad y de establecer mecanismos alternativos para la provisión de justicia. Y esto es mucho más probable todavía si suponemos que uno de los principales medios implementados para alcanzar la anarquía sea la democracia directa.

La cantidad de decisiones que los ciudadanos considerarían que deben tomarse por vías colectivas iría en descenso por los altos costos de negociación, pero un pequeño puñado de ellas continuaría en pie, entre ellas, la cuestión de la seguridad y la justicia. En el caso de la seguridad, lo más obvia sería suponer asociaciones vecinales y barriales de ciudadanos que se pongan de acuerdo y establezcan pactos deliberadamente para protegerse mutuamente —cosa que ya existe en algunos lugares, incluso con todas las restricciones que impone el ineficiente y corrupto sistema policial provisto por el Estado, como en la tenencia y uso de armas—. En el caso de la provisión de justicia, los tribunales, las compensaciones y demás serían llevados a cabo por los propios ciudadanos mediante la democracia directa y el asambleísmo. La seguridad incluso podría ser provista independientemente de lo que se decida en asamblea.

Bajo estos parámetros, el Estado no podría ser nunca la consecuencia de la anarquía, dado que en la misma no habría lugar para un mercado de seguridad y justicia. Es esperable, de todos modos, que los sectores más pudientes opten por la seguridad privada y esta les proveería simplemente su “legítima defensa”, pero para solucionar conflictos con otros ciudadanos, acordar compensaciones, etc., tendrían que recurrir a las asambleas democráticas de sus localidades.

Por otro lado, creer que puede pasarse del “rule of state” al “rule of law”, es decir, creer que pueden crearse mecanismos de limitación a los gobiernos es algo bastante utópico, más si suponemos que los representantes serían elegidos democráticamente. Como hemos destacado en otro momento, los costos de negociación se reducen tan drásticamente, que hay incentivos para que los individuos reclamen al Estado que intente eliminar los costos externos que se originan en las relaciones sociales y económicas. Por lo que al final, si imaginásemos un estado de “rule of law”, por más imposible que nos parezca, la consecuencia natural del mismo sería una suerte de gobierno progresivamente intervencionista, una suerte de “socialdemocracia” [1].

Como comentario final: es reconfortante ver que algunos liberales clásicos siguen el rumbo del sentido común y comienzan a admitir que la creación del Estado a través de un “contrato original” ya carece de base tanto teórica como empírica.

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[1] Ver Descentralización y desintegración del Estado [19-6-08].

Continuación del debate sobre el cálculo económico

2008-09-09T16:36:00.004-03:00

De los últimos comentarios de Ardegas respecto al problema del cálculo económico [1], pueden extraerse bastantes puntos interesantes. En el último artículo de este blog [2] se dieron bastantes conceptos por entendidos, sobre todo los más importantes. Esto generó varios malentendidos y confusiones que intentaremos dilucidar. Aquí intentaremos explicar la mayor parte de estos puntos y pulir lo mejor posible los conceptos relevantes. Así que iremos desde el principio, donde ya encontramos algunas “lagunas” en la argumentación de Ardegas.

Vamos primero al concepto del cálculo económico, que ingenuamente pasamos por alto por suponerlo sabido. Ardegas considera que “el problema del cálculo económico tiene que ver con asignar en forma eficiente los recursos de la sociedad”. Esto es correcto, pero es un enunciado demasiado general. El cálculo económico tiene que ver con una forma específica de asignar los recursos: mediante la utilización de una unidad de cálculo que permita a los productores contabilizar costos y saber si se están derrochando recursos o, al contrario, asignándolos de modo eficaz.

Una empresa o una unidad de producción, para saber si están produciendo en forma eficiente, deben poder comparar el valor de su producto final con los gastos incurridos. Ahora podemos notar que realizar este cálculo en especie resulta dificultoso. No podemos sumar o restar unidades heterogéneas entre sí. Si el producto final es 1 unidad de A, para la cual se utilizaron 2 unidades de B y 3 de C, ¿cómo pueden los productores saber si se consumieron más bienes en la producción de lo que deberían, o si se maximizó la productividad de la empresa o centro de producción? ¿Cómo sabrían si esas 2 unidades de B y 3 de C hubieran producido más si se hubieran destinado a otras áreas, en lugar de la producción de A? Ahora queda en evidencia la ingenuidad de Ardegas al inquirir “¿… cuál es el sentido de querer sumar cosas que por su naturaleza son heterogéneas?”.

Para calcular eficientemente hace falta una evaluación de la escasez relativa de cada bien. En la medida en que hay más necesidades de un bien que el stock disponible del mismo, estamos hablando de escasez. En términos absolutos, el concepto de escasez no es muy útil para los productores que intentan producir eficientemente. El concepto de escasez de un bien sólo tiene relevancia para la economización en tanto se contemple desde su relación con otros bienes, en qué medida o grado en más o menos escaso que otros bienes.

En el mercado podemos saber en qué medida un bien es demandado, y por lo tanto, su valor de escasez, al observar la cantidad de bienes que los individuos están dispuestos a ceder para obtenerlo. Si A tiene un precio 5 veces mayor que el de B, quiere decir que el primero es cinco veces más escaso que B. En el socialismo, Cox y Ardegas, como hemos visto, han propuesto la implementación de la “ley del mínimo”: se verifica cuántas unidades de un bien se necesitan y se las compara con el stock total que hay de ese mismo bien, de forma que los productores puedan conocer cuál es el “factor” o “factores limitantes” que deben ser economizados. Ahora es más sencillo comprender la utilidad de una unidad común de cálculo.

En el mercado, el bien de referencia es el dinero, y su utilidad como instrumento de cálculo es obvia: si un bien tiene un precio relativo alto en unidades monetarias, los productores sabrán que es muy escaso. Este bien será economizado, dado que habrá que incurrir en mayores costos para obtenerlo y no será sobreutilizado, agotando su stock —nadie pretende inferir de esto último, que los productores realizan este ahorro por “conciencia altruista”: su egoísmo los empuja a ello—. [3]

En el socialismo descentralizado, los productores podrán inferir la “escasez relativa” de cada bien mediante la elaboración del porcentaje en que es necesitado cada uno, y los mencionados porcentajes se compararían unos con otros para verificar cuáles son los artículos más escasos. Incluso no sería descabellado suponer que los productores se pusieran de acuerdo para utilizar un “patrón de medida” para contabilizar dichos porcentajes [4]. Ardegas no puede negar la utilidad de tal mecanismo, y el papel fundamental que cumpliría en la economización y administración de los recursos escasos. En definitiva, es probable que comprenda la necesidad de que una comunidad socialista guíe su producción por el cálculo económico en vez de sentenciar que “no tiene por qué resolver el problema del cálculo económico simplemente por que no lo necesita”. Sin embargo, el socialismo necesita otros mecanismos auxiliares para implementar el cálculo económico, y aquí es donde surgirían los problemas, que lo harían imposible, como intentaremos demostrar más adelante.

Primeramente prestaremos atención a las falencias que señala Ardegas en la asignación de recursos en el mercado. Buena parte de estas críticas han sido erradas, por no comprender cabalmente el problema que intentamos plantear y la forma en que se lleva a cabo el cálculo económico —cosa que intentamos explicar más arriba—. En primer lugar, Ardegas señala que “el poder adquisitivo distorsiona la forma en que las necesidades serán atendidas, privilegiando las necesidades de unas personas en detrimento de otras”. Y agrega que

el tema de la distribución desigual del poder adquisitivo es importante a la hora de decidir si se está haciendo una asignación eficiente de recursos, de manera que se maximice el bienestar de la sociedad. […] Una distribución desigual del ingreso implica ineficiencia económica, ya que hay personas que se dedican al consumo conspicuo mientras otras viven en la más abyecta pobreza.

En el artículo anterior no intentamos negar las implicancias de la desigualdad de los ingresos en la eficiencia económica, sino que simplemente inferimos que Ardegas pretendía desviar la discusión por el camino de la “legitimidad” y no de la eficiencia. Sin embargo, como primer punto, la desigualdad de ingresos no implica necesariamente ineficiencia económica, como tampoco implica que gran parte de las necesidades de un sector de la población será desatendido, o que un grupo minoritario viva en la opulencia y otro mayoritario en la pobreza.

Ardegas plantea un escenario algo conveniente. Olvida que, así supongamos desde el inicio la más igualitaria distribución de recursos entre todos los individuos, todo incremento o disminución en los ingresos de cada uno provendrá de intercambios voluntarios y de las evaluaciones subjetivas de los involucrados. A esto, nada más y nada menos, iba dirigido el argumento de Víctor: que las diferencias de ingresos en los individuos que actúan en un mercado libre provienen de transacciones voluntarias regidas por valoraciones individuales subjetivas —estemos incluyendo la influencia del dinero o no, por ejemplo—, y no que tales diferencias vienen de “cuánto logran contribuir a la sociedad”. Y sabemos que las personas realizan sus transacciones económicas siguiendo sus preferencias individuales, de modo que se maximice su utilidad. Desde un punto de vista paretiano, todo este proceso es eficiente.

En segundo lugar, y este es el punto donde Ardegas más se confunde, la eficiente utilización del cálculo económico en el mercado no implica que el mismo deba estar en equilibrio. De hecho, el concepto del cálculo económico es una herramienta excelente para comprender los movimientos de recursos cuando las fuerzas del mercado están en desequilibrio —cosa que de hecho, sucede siempre, dado que el equilibrio nunca se alcanza—. El cálculo económico demuestra su utilidad en la economía de mercado cuando existe un desequilibrio considerable entre la oferta y la demanda: cuando el precio de un artículo crece en relación a sus costos, los empresarios trasladarán recursos hacia la producción de dicho artículo seducidos por el incremento en la tasa de ganancia. La competencia entre ellos producirá que baje el precio, y que la demanda sea satisfecha en la medida adecuada —no exacta, vale aclarar—. De la misma forma, cuando la oferta excede la demanda, de modo que el precio final de un bien no alcanza para cubrir los costos de producción, los empresarios quitarán recursos de la producción de dicho bien y los invertirán en otros sectores donde sean más demandados.

Como vemos, el cálculo económico sirve pura y exclusivamente para las situaciones de desequilibrio, y no necesita, de ninguna manera, que el mercado esté en equilibrio para funcionar. Si el mercado estuviera en equilibrio, no sería necesario el cálculo económico. Como remarca Huerta de Soto,

ya el propio Mises en 1920 muy cuidadosamente se preocupó de negar de forma expresa que su análisis fuera aplicable al modelo de equilibrio, el cual, por presuponer en su enunciación que toda la información necesaria ha de estar disponible, hace que el problema económico fundamental que plantea el socialismo se considere, por definición, resuelto ab initio y, por tanto, que pase desapercibido para el teórico del equilibrio” [5].

Por lo que los comentarios de Ardegas, sentenciando que el socialismo descentralizado “tiene la ventaja sobre el sistema de mercado de que la información se transmite más rápidamente, no hay que esperar que la oferta y la demanda (efectiva) se equilibren (lo cual puede que nunca ocurra)”, o que “si no hay equilibrio, el cálculo empresarial se estará desviando de satisfacer en forma óptima las preferencias sociales, y unos grupos obtendrán ventajas a expensas de otros…”, carecen de base, dado que no es necesario que se llegue a tal equilibrio para que el cálculo económico manifieste su importancia en el mercado. De hecho, si el mercado se acerca a tal punto de equilibrio, aunque nunca llegue, este acercamiento es obra pura y exclusivamente del cálculo económico basado en unidades dinerarias —un sistema monetario deficiente o manipulado puede, obviamente, distorsionar las actividades de los productores y alejarlos aún más del equilibrio—.

En tercer lugar, Ardegas considera que el sistema de competencia incentiva, por un lado, el ocultamiento de información, y por otro, la externalización de costos a la sociedad, sobre todo en lo referente al medio ambiente. Sobre el primer punto, lo primero que podemos decir es que gran parte del inacceso de la información en la producción y el uso de innovaciones y mejoras técnicas no provienen del mismo sistema de mercado, sino que por lo general provienen de la intervención estatal en forma de patentes y derechos de autor. Sobre el segundo punto, Víctor en Mutualismo.org a tratado recientemente en Apuntes de ecología anarquista las cuestiones ambientales en el mercado, y las implicancias de la intervención estatal en la eficiencia económica.

En cuarto lugar, Ardegas, señalando los defectos del sistema de precios, menciona que “según la curva de demanda, la producción podría aumentar tanto que el precio podría llegar a cero, pero eso nunca sucede, ya que se limita la producción para obtener un margen de ganancia”, y que “la obtención de ganancias por el capitalista implica la creación de mayor valor del que se compra en insumos y trabajo, etc.”. Estos simples enunciados niegan totalmente la influencia de la competencia. Bajo la presión de una competencia totalmente libre y sin barreras, los oferentes o empresarios pierden el control rígido sobre el precio. Ya no pueden restringir la oferta para mantener el precio alto y asegurarse así un margen apreciable de ganancia: la competencia los forzará a bajar sus precios y satisfacer en forma suficiente a la demanda. Particularmente en la segunda frase, parece inferirse que el precio final viene determinado por la voluntad del capitalista, de modo que simplemente se le suman a los costos la tasa de ganancia deseada, lo cual es absurdo. El precio final viene determinado por la demanda: la diferencia entre este y los costos de insumos y trabajo determinará la tasa de ganancia y los incentivos que el capitalista tiene para invertir en cada sector.

Por último, Ardegas, en lo referente al sistema bancario, sostiene que “como cualquier negocio, los bancos están interesados en obtener ganancias, no en facilitar la inversión ni proteger los ahorros. Esto es evidente”. Esto se deduce de que “al empresario no le interesa maximizar el bienestar de la sociedad por medio del cálculo monetario”. Sin embargo, no importa la intencionalidad de los actores, sino lo que realmente hacen: brindan un servicio u ofrecen un producto a cambio de un precio. Y si bien considera que “sigue siendo cierto que la eliminación del sistema monetario, con toda la gama de instituciones que se encargan de administrarlo, implicaría la liberación de recursos que se podrían destinar a la economía real”, también es cierto que el sistema bancario resulta ser un mecanismo bastante económico para la administración de recursos. El dinero almacenado no necesita prácticamente costos de mantenimiento, y si el sistema monetario alcanza la estabilidad deseada, el valor de los recursos acumulados permanece igual. En un sistema como el socialista, donde no se utilice una “reserva de valor” como el dinero, los costos de mantenimiento y depreciación de los bienes serían enormes, y más si suponemos que una parte de los mismos se dedicarán a la formación de “colchones de existencias”.

Los problemas planteados al socialismo descentralizado siguen en pie. Intentemos recapitularlas. El primer problema que se les plantearía a los productores sería la recolección de información. Esta sólo puede realizarse a escala global; a escala local e incluso regional carece de sentido. La planificación a escala local o regional se mostraría inútil si no tiene en cuenta la situación económica de otras regiones y comunas, y cómo pueden sincronizar y transferirse recursos de unas a otras. Esto quiere decir que no sólo el inventariado de bienes, necesidades y escasez relativa de cada artículo debe ser efectuado mediante algún órgano centralizado de planificación, sino que también la misma jerarquía de necesidades debe ser establecida por el mismo.

El segundo problema proviene del deseo de que la planificación se lleve a cabo de manera participativa y democrática. Los costos de negociación se volverían prohibitivos si suponemos que los productores no sólo tendrán que ponerse de acuerdo a escala local, sino que la planificación global se llevará a cabo por los mismos métodos. Una forma eficiente de reducir los costos de negociación es mediante la delegación de la toma de decisiones a representantes o delegados de cada comunidad, que debatirán y negociarán a escala global. Sería factible suponer que tal mecanismo generaría, a la larga, la necesidad de una especialización y profesionalización de los delegados y representantes y su consecuente burocracia.

Otro problema que no podría sortear este socialismo descentralizado es el de la naturaleza dinámica de información económica. La continua creación de proyectos, de objetivos, la constante creación de nueva información por parte de todos los individuos, haría imposible la recolección de datos “fieles”. Si la planificación, para lograr una mejor recolección de información decide reorganizar sus planes cada vez más periódicamente, de modo que pueda ajustar sus índices a las cambiantes condiciones económicas, y si suponemos que tal planificación se realizará en forma democrática y participativa, los costos serán tan altos que harían inviable todo el sistema. Al contrario de lo pretendido, los cálculos que llevarán a cabo los productores llevarán tiempo y estarán constantemente aquejados por la recolección de una información deficiente e incompleta. Y la ineficiencia del mismo quería en evidencia si lo comparamos con los movimientos instantáneos de precios que se producen en el mercado, que permiten a los individuos reorganizar sus proyectos a cada paso y verificar si sus inversiones serán económicas o anti-económicas.

En definitiva, el socialismo descentralizado se muestra aún más ineficiente que un sistema de socialismo centralizado. Terminaría degenerando o en una burocracia administrativa con características del socialismo centralizado, o la economía “subterránea” terminaría por absorverlo.

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[1] Ver Cálculo económico: Respuesta a Langlois en Contraeconomía.

[2] Ver Debate sobre el cálculo económico [27-8-08].

[3] Para más detalles sobre la utilización del dinero como instrumento de cálculo económico, ver los escritos de Ludwig von Mises: El cálculo económico en la comunidad socialista, 1920; y Liberalismus, 1927.

[4] En este aspecto es realmente interesante los puntos desarrollados a principios de los ‘30 por Christian Cornelissen en su trabajo El comunismo libertario y el régimen de transición, especialmente el capítulo III: ¿Existirá moneda en la sociedad comunista libertaria?. Cornelissen sigue a la perfección el razonamiento sobre el problema del cálculo económico —aunque sea discutible la solución que pretende dar—. Señala: “¿Cómo saber si un establecimiento industrial es viable cuando no se posee un medidor general de los valores? … la enorme complejidad de una vida social en un sistema social-comunista exige una contabilidad muy exacta, y esta contabilidad no es posible si no pueden expresarse claramente los valores respectivos de los bienes bajo la forma de uno de ellos. […] En resumen, deducimos que bajo cualquier orden social, nos será siempre útil y necesario el poder medir los valores relativos de las diversas riquezas, expresando estos valores en el de una de ellas elegida como riqueza numeraria.”

[5] Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 1991. En el primer texto citado de Mises también se hace mención de la inutilidad del equilibrio del mercado en la implementación del cálculo económico.

Debate sobre el cálculo económico

2008-08-27T16:04:00.008-03:00

Hace poco tiempo Ardegas, del blog Contraeconomía, tradujo un artículo de Robin Cox donde éste intentaba destruir el argumento del cálculo económico y proponer en su lugar las formas en que se organizaría una economía socialista libertaria, artículo que recibiría la crítica de Víctor, de Mutualismo.org [1]. Aquí intentaremos aportar un par de puntos al debate, enfocándonos principalmente en la crítica que Ardegas y Cox hacen del cálculo económico en el libre mercado, y analizaremos brevemente sus propuestas de una economía socialista descentralizada.

I. Consideraciones previas sobre el cálculo económico

El problema ineludible del cálculo económico proviene de la utilización o no de una unidad común de cálculo para evaluar la escasez de bienes y recursos, y no de la centralización o descentralización de la toma de decisiones. Se sigue de esto que a un socialismo estatista de economía centralizada y burocratizada se le van a presentar los mismos problemas que a, por ejemplo, una economía comunista primitiva a pequeña escala —si se nos ocurriera suponer que los agentes económicos tuvieran los mismos objetivos en ambos sistemas—. Y ese problema es que no podrán asignarse eficientemente los recursos productivos dado que se desconoce su escasez relativa, y por lo tanto, cual de sus usos alternativos es el indicado.

El problema del cálculo económico no debería ser considerado una trampa lógica lanzada a los socialistas para que se devanen los sesos intentando sortearla, sino una verdadera teoría de la información económica. Naturalmente, si descubrimos que tal mecanismo informativo para los agentes económicos brilla por su ausencia en una economía socialista —tal como está formulada—, no debemos concluir que el socialismo es “imposible” como lo hiciera Mises con fines ideológicos, sino que por el momento, nuestra experiencia solo nos ha proporcionado una sola unidad de cálculo, que es el dinero. Cualquier explicación que quiera demostrar la eficiencia del sistema socialista debe intentar demostrar que: (a) no es necesaria tal unidad de cálculo y, por lo tanto, el cálculo económico; o (b) que el dinero es perfectamente sustituible bajo el socialismo por otra unidad común de cálculo.

No muchos son los socialistas, de todas las tendencias, que han intentado seguir estos criterios para resolver el problema, aunque existieron autores que dieron respuestas no tan desacertadas. Las primeras respuestas comenzaron por aceptar la necesidad de una unidad común de cálculo, y cual podría adoptarse como reemplazo del dinero. Los socialistas marxistas, por ejemplo, sostenían, siguiendo la teoría del valor-trabajo, que podrían calcularse costos según el tiempo de trabajo, propuesta que fue demostrada falsa rápidamente. Otros socialistas, como Oskar Lange o Enrico Barone propusieron un socialismo de mercado donde se permitiría la existencia de una unidad común de cálculo similar al dinero, que funcionaría bajo ciertas condiciones de planificación estatal [2]. Si bien no nos ocuparemos aquí de este debate, queremos dejar sentado que los mayores progresos teóricos se produjeron en tanto los socialistas admitieron la necesidad de una unidad contable.

II. La crítica de Robin Cox al sistema de precios

Robin Cox publicó en 2005 un artículo titulado The “Economic Calculation” controversy: unravelling of a myth (La controversia del “Cálculo Económico”: Deshaciendo un Mito), donde realiza una profunda crítica a los fundamentos del cálculo económico y propone un mecanismo de cálculo aplicable a una economía socialista autogestionaria. Su argumento principal es que este último tipo de economía es diametralmente distinta al socialismo “de Estado” al que se referirían Mises, Hayek y otros autores, dada la descentralización de la toma de decisiones. Sin embargo, en su sistema no se hace mención alguna a la utilización de alguna unidad común de cálculo que refleje la escasez relativa de los bienes. De hecho, la única mención que hace del problema reside en la primera parte de su artículo, donde sostiene que el dinero en el mercado ni siquiera cumple eficientemente dicha función, conclusión totalmente errada.

(1) Cox argumenta, acertadamente, que el poder adquisitivo en el mercado no puede expresar las preferencias reales de los consumidores, y se ven limitadas por el mismo. Esto es cierto, pero Cox deberá reconocer que es imposible encontrar un medio racional de expresar las preferencias de los individuos, dado que la utilidad proporcionada por los diferentes bienes es de carácter subjetiva e inconmensurable, y por ende, resultaría vano buscar cualquier forma de cuantificarla bajo una unidad intersubjetiva. El mercado tiene la ventaja frente al socialismo de proporcionar un medio para expresar la utilidad, que si bien no es perfecto, es bastante efectivo: las preferencias individuales de un bien son cuantificadas o “medidas” en cantidades de otros bienes, en vez de ser “calculadas” en el aire.

Así, en un simple intercambio, tanto en una economía de trueque como en una economía monetaria, la intensidad en que es demandado un bien queda plasmada en las cantidades de otros bienes que los individuos están dispuestos a sacrificar para obtenerlo. Esto es, nada más y nada menos, lo que permite a los individuos contabilizar sus costos y administrar racionalmente sus recursos. En una economía socialista se niega este principio desde el arranque: como señala Cox, los “bienes y servicios serían provistos directamente… estos estarían libremente disponibles para ser tomadas por los individuos, sin requerirles a estos individuos que ofrezcan algo en intercambio directo”. Es decir, la obtención de bienes no tiene, para el cálculo individual, ningún costo —más que, tal vez, dirigirse hasta el centro de distribución de bienes comunitario—.

(2) Cox responde diciendo que, justamente por esto último, en el mercado los precios sólo reflejan los costos contables, lo cual, al parecer, no son lo mismo que los “costos reales” o “costos de oportunidad”. No queda claro a que se debe esta afirmación, pero si podemos tener alguna noción real de los costos de oportunidad en una economía de mercado viene dada por el sistema de precios, el cual brinda en forma suficiente la información necesaria para contabilizarlos. Por ejemplo, un individuo posee $50, y decide invertirlos en la producción de un bien A, utilizando 2 bienes X y 2 bienes Y. Dicha inversión le dejará un margen de ganancia de $10. La alternativa dejada de lado es la producción de un bien B, utilizando 2 bienes X y 2 bienes Z, cuyo margen de ganancia es de $8. El costo de oportunidad de producir A serían $8, mientras que el costo de oportunidad de producir B serían $10, y nuestro agente económico puede deducir fácilmente qué inversión de sus recursos le permitirá obtener mayor utilidad. Y dado que en el mercado todos los bienes tienen un precio, puede escoger de entre miles de alternativas cuál es la mejor para realizar sus fines: la información le es, en cierta forma, suministrada.

Robin Cox no propone un sustituto que pudiéramos considerar del todo exacto en una economía socialista. Como los costos se calculan en especie, el costo de producir A es 2X + 2Y, y el costo de producir B es 2X + 2Z. ¿Cómo podemos saber, calculando en especie, qué inversión de recursos tendrá un costo de oportunidad menor? Lo único que sabemos es qué bienes se consumen directamente en la producción de A o B, pero no existe algún tipo de indicador que nos informe cuál de los dos bienes tiene un costo de oportunidad mayor.

(3) Cox también señala que las inversiones de los empresarios son en el mercado posiblemente arbitrarias, ya que para ello deben conocer los movimientos de los precios futuros, lo cual es imposible debido a la incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es intrínseca a todo acto humano y, por supuesto, también se haría notar en un sistema socialista. No podemos conocer el futuro, con o sin cálculo económico. No obstante, un sistema de precios no tiene porqué registrar movimientos tan irregulares o repentinos que no les permita a los empresarios guiarse por las “tendencias” de los precios del pasado inmediato, de hecho, el sistema de precios resulta ser un mecanismo bastante eficiente para reducir la incertidumbre [3].

Esto, obviamente, suponiendo constantes ciertas variables, como por ejemplo, el valor de la moneda, o abstrayéndonos de catástrofes naturales o demás tragedias imposibles de predecir. Sobre el primer punto, el valor del dinero, es posible mantener la estabilidad del mismo mediante un sistema bancario sano, libre y descentralizado, evitando cualquier movimiento fuera de las preferencias de los consumidores en el nivel de precios y en la estructura de precios relativos. También debemos tener en cuenta que la competencia, en tanto “emulación” —como la caracterizaba Proudhon—, es un mecanismo viable de reducción de la incertidumbre: unos pocos empresarios innovadores y arriesgados pueden descubrir o crear nuevos negocios con tasas de ganancia abundantes, y a partir de allí los demás empresarios simplemente pueden seguir sus pasos.

(4) Otro punto en su crítica a la aplicación del cálculo económico en el mercado está relacionado con el modelo de equilibrio general. Cox asegura que todo precio fuera del punto de equilibrio puede considerarse una “distorsión”, que puede llevar a una reacción en cadena de todos los demás precios del mercado y destruir el equilibrio, por lo que “estos precios distorsionados no servirían de guía confiable para tomar decisiones económicas racionales”. Pero dado que el equilibrio general es una ficción carente de aplicación a la realidad, el mercado siempre se halla fuera del mismo, y por lo tanto sus precios no son más que distorsiones poco útiles para realizar cálculos eficientes.

Cox al parecer entiende por precios “distorsionados”, todo precio fuera del equilibrio walrasiano. Si esto es lo que realmente quiso decir, no está refutando el teorema de Mises, sino que lo está afirmando. Justamente son los precios fuera del equilibrio los que motivan a los empresarios a trasladar recursos de un sector del mercado donde se están sobreutilizando o malutilizando a otro en el que se utilizarían mejor y se satisfarían mejor las preferencias y necesidades de los individuos. Si los empresarios notan que la tasa de ganancia de la producción de A es negativa, deducirán que la demanda de A es menor que la oferta y trasladarán su capital a la producción de B, cuya tasa es positiva, lo cual significaría que la demanda de B excede a su oferta. El proceso de competencia expandiría la oferta de B y reduciría la de A hasta que el negocio deje de ser rentable, y por lo tanto, haya una coincidencia medianamente satisfactoria entre la oferta y la demanda. Y todo este mecanismo sería posible pura y exclusivamente gracias (a) a la utilización de una unidad común de cálculo como son los precios monetarios, es decir, mediante el cálculo económico; y (b) a que el mercado nunca está en equilibrio, y mucho menos bajo las condiciones simultáneas de Walras, en cuyo caso no existiría necesidad de realizar ningún cálculo económico.

(5) Por último, Cox señala que el sistema bancario o “sistema de contabilidad monetario, aunque sirve para calcular costos, resulta él mismo en un costo”, y si se eliminara, se liberarían muchos recursos que podrían tener otras aplicaciones, cayendo en un error de proporciones gigantescas.

El sistema bancario no está diseñado para proveer un sistema de cálculo, sino que busca proporcionar recursos a los inversores y seguridad a los ahorradores. Si la emisión que realiza para financiar los gastos de los inversores termina siendo utilizada en el mercado como unidad común de cálculo, es una consecuencia y no una causa de la misma. El negocio pasa por la diferencia que pueda obtener de la tasa de interés de sus préstamos y la tasa de interés que debe pagar a los ahorradores para que depositen sus recursos en su banco: si tal negocio provee un sistema de contabilidad a los individuos es algo que no entra en sus intenciones. De hecho, hoy en día vivimos bajo un sistema monetario que no se interesa en absoluto en que su dinero emitido provea o no una herramienta confiable de cálculo, sino que exista suficiente financiación para las inversiones —lo que provoca el ciclo económico— [4].

Dado que la crítica de Cox es desafortunada y errada, y en su propuesta de socialismo descentralizado no se menciona ni por casualidad el problema esencial del teorema del cálculo económico —esto es, que el cálculo de costos no se base en una unidad contable común eficiente para evaluar la escasez relativa de recursos e invertirlos en consecuencia de la mejor manera posible para satisfacer las necesidades de los individuos—, mientras que coincido en gran parte de la crítica que Víctor ha hecho de la misma, tal vez resulte ocioso someter nuevamente a análisis todas las consideraciones de la segunda parte del artículo de Cox. Incluso podemos señalar que los métodos de cálculo que propone son tan aplicables a una economía socialista centralizada como a una descentralizada, por lo que no podemos notar la superioridad que se supone debe tener la segunda sobre la primera. Podría decirse que las críticas de Mises y Hayek al socialismo en general siguen en pie tanto para un sistema como para el otro. Dirigiremos mejor nuestra atención a la defensa que hace Ardegas, del blog Contraeconomía, de los argumentos de Robin Cox.

III. Ampliación: la crítica de Ardegas

Ardegas adopta gran parte de las críticas mencionadas a la aplicación del cálculo económico en el mercado, realizando algunas matizaciones. No obstante, dedica bastante espacio a consideraciones que son irrelevantes para la validez del teorema en cuestión. Nos referimos a sus comentarios respecto a lo que podríamos denominar “ética y filosofía distributiva”, si los ingresos de los individuos en el mercado están determinados por la productividad, si este sistema de “recompensas” es mejor que uno donde se distribuyan los bienes según las necesidades de cada uno, etc.; todas cuestiones que tienen muy poco que ver si de eficiencia económica se trata. Es necesario aclarar este punto para dejar el problema de lado desde el primer instante.

Una de las críticas de Ardegas menciona que “en el mercado hay un estira y encoge, cada parte busca obtener el mayor beneficio, a cambio de dar lo menos posible a cambio. Esto produce una escasez artificial determinada por el sistema”. No queda claro en qué sentido puede crearse escasez artificial, ni puede deducirse del primer enunciado la forma en que se produciría tal efecto. Si Ardegas se refiere a que pueden mantenerse recursos inutilizados sólo para mantener alto su precio, esto es insostenible a mediano y a largo plazo, dado que la mayoría de los bienes acumulables necesitan que sus propietarios incurran en ciertos costes de conservación. Tal vez pueda ser una maniobra efectiva al corto plazo para un monopolio, pero tarde o temprano aparecerán competidores que lo obligarán a ofrecer toda su producción en vez de restringirla. Más factible es suponer que lo que realmente se acumula son recursos monetarios, y que estos son depositados en los bancos, los cuales vuelven a ser puestos en circulación en forma de préstamos a los inversores [5].

Sobre la determinación de los ingresos, y, en consecuencia, el poder adquisitivo, Víctor de Mutualismo.org ha señalado acertadamente sobre este punto que: “podríamos reducir [la explicación] a su expresión más simple: en una comunidad de trueque, la capacidad de compra de un individuo X está directamente determinada por la valoración que hace el individuo Y de su producción, en relación de la valoración que hace él de la producción de Y. Si ambos presentan sus productos en el mercado, será la valoración mutua la que determine el poder de compra de cada uno, que variará a su vez en la medida en que satisfaga las necesidades de ambos.” Sin embargo, Ardegas rechazaría esta explicación porque no incluye factores como el dinero, la división del trabajo, entre otros.

Por su crítica, parece ser que no tiene muy en claro la naturaleza esencial del dinero. De sus comentarios podemos deducir que lo considera una variable introducida en la economía ex nihilo, por lo que una economía de trueque sería fundamentalmente distinta a una economía monetaria. Dice, dirigiéndose a Víctor:

Igualas “capacidad de producción” con “poder económico” basado en el ejemplo simple del trueque que pones, el cual ignora variables relevantes, como el hecho de que el “argumento económico” trata sobre precios monetarios, según los cuales, se nos dice, es imposible el cálculo económico. Pero aquí los precios monetarios están ausentes, siendo el comunismo libertario igual de factible que una economía de mercado, solo que más cooperativo. En segundo lugar, nos presentas una economía de intercambio, siendo que en el mercado están incluidos los elementos de ingreso neto y ganancias. Y que, en este caso, logras mostrar como interactúan las preferencias subjetivas, sin precios monetarios.

Sin embargo, Ardegas olvida que el dinero, en tanto que es un bien más en la economía, cuyo grado de liquidez es el mayor de entre todos, y que es “seleccionado” espontáneamente por los agentes económicos para su utilización en el mercado, se encuentra en relación de trueque con todos los demás bienes. Podemos decir que un par de zapatos valen $50, así como podemos decir que $50 valen un par de zapatos, de la misma forma en que podemos decir que en una economía de trueque un par de zapatos valdrían lo mismo que cinco sombreros. La diferencia entre una economía de trueque y una monetaria es simplemente cualitativa: hay un cambio de grado, la formalización de un “bien de referencia”, no un cambio estructural. Por lo que el ejemplo de Víctor es más que acertado, y queda claro que el poder adquisitivo de cada individuo viene determinado por las valoraciones subjetivas que realizan de sus bienes los demás individuos de la economía.

Luego cita un párrafo de Robin Cox donde este señala que las valoraciones son subjetivas y se realizan en una escala ordinal, y que pretender que de alguna manera puede medirse objetivamente en una escala cardinal como lo son los precios en el mercado es una falacia insostenible, por lo que todo lo que hemos dicho más arriba se vendría abajo. Nuevamente, recordemos que el dinero es un bien como cualquier otro en la economía y que, por lo tanto, se halla en relación de trueque con los demás. Los precios, en el mercado, no son expresiones objetivadas de preferencias cuantificables: son simplemente la medida de cantidad en que las personas están dispuestas a ceder ese bien líquido que es el dinero, para obtener cada uno de los demás bienes. Como tales, no son una medida objetiva de las valoraciones, sino el grado en que una persona prefiere un bien cualquiera al dinero que posee, que en un mercado donde concurren cada vez mayores cantidades de personas, dicha medida tiende a expresarse en precios. Es por ello que dicho grado de renuncia es tan variable y cada persona está dispuesta a ceder cantidades diferentes.

Por último, Ardegas demuestra desconocer la esencia íntima del teorema del cálculo económico al señalar que “el verdadero problema del cálculo económico es justamente la asignación eficiente de recursos”, y que el mecanismo de reducir la información económica a una unidad común de cálculo es pretender “que el problema de la asignación de recursos sea resuelta de la manera que lo hace el mercado”. Repetimos, una vez más, que el cálculo económico es justamente lo que Ardegas niega: la utilización de una unidad contable en los cálculos de costos en relación a la asignación de recursos escasos. Si pretendemos no utilizar esta unidad, podremos estar economizando, pero no en base al cálculo económico. Pueden existir numerosas formas de economizar sin calcular.

IV. El sistema de socialismo descentralizado

Los mecanismos sustitutivos del cálculo económico —ya que son esto, un sustituto, y no una aplicación del mismo— propuestos por Cox y defendidos por Ardegas, son básicamente los mismos que los que utilizarían, y de hecho han utilizado, las economías socialistas centralizadas. El primer método es la contabilidad del “stock” de bienes totales; el segundo es la auto-regulación de la cantidad de existencias en relación a las exigencias de las mismas y la creación de un “colchón de existencias”; el tercero es la “ley del mínimo”, donde se racionan las cantidad de los factores limitantes o más escasos; y el cuarto método es la elaboración de una jerarquía de necesidades. Sin embargo, y como lo ha señalado Víctor, estos mecanismos son pobres sustitutos al cálculo económico, y conducirían a una administración deficiente de los recursos si no se apoyan en una unidad común de cálculo. Apelan a la antigua consigna del cálculo en especie.

En el sistema de libre acceso no existen mercancías, por que los bienes no se destinan al intercambio, sino al uso. Conviene mejor referirse a los insumos necesarios para crear un producto, estos insumos se miden en unidades físicas, no en unidades monetarias.

¿Cómo podemos medir “unidades físicas”? Estamos hablando de un conjunto heterogéneo de factores, que no podemos sumar o restar entre ellos. En todo caso podemos calcular la cantidad que estamos consumiendo de un factor determinado A, del stock total de A, pero no podemos calcular relativamente su escasez en comparación con B. La utilidad de una unidad común de cálculo reside aquí en que tanto A como B podrían ser expresados bajo una unidad homogénea que permitiría restarlos y sumarlos, de forma que podamos saber qué cantidad total de insumos estamos utilizando, cuál es más necesitado y por lo tanto debe ser economizado, etc. La utilización de tal unidad es claramente superior a la “ley del mínimo”, por más que este último mecanismo tenga probablemente gran utilidad —los demás métodos son de relevancia práctica dudosa—. Veamos.

La ley del mínimo propuesta actúa en forma similar a los precios. En tanto el suministro de un bien comienza a agotarse, podremos darnos cuenta la escasez relativa para con otros bienes simplemente calculando el porcentaje que estamos utilizando de los mismos. Si necesitamos una unidad de A y disponemos de 2, y si por otro lado, necesitamos dos unidades de B y disponemos de 8, vemos que necesitamos un 50% del stock de A y un 25% del stock de B, por lo que A es un 25% más escaso —el cual sería considerado “factor limitante” a ser economizado—. De la misma forma, en el mercado, dadas las mismas condiciones, si necesitamos un 25% más A que B, el precio relativo de A subirá en la misma proporción. El mecanismo es similar y puede ser eficaz, pero la ley del mínimo opera deficientemente si consideramos algunos puntos importantes, en comparación con los precios en el mercado.

En primer lugar, porque el grado en que los insumos son necesitados para diferentes proyectos, de forma que podamos deducir en porcentaje la escasez relativa de cada uno, supondría la elaboración de una serie de innumerables inventarios que recolecten la cantidad y calidad de usos alternativos de cada bien de producción, la posterior jerarquización de las miles de alternativas, y la subsiguiente elaboración de cálculos de escasez relativa, para luego asignar los recursos, lo cual conllevaría una labor de planificación económica que sólo podría llevarse a cabo —y aún deficientemente— a escala global. La elaboración de tales cálculos a escala local o comunitaria —que es la característica esencial de este comunismo descentralizado— carecería de sentido: una comuna puede considerar que un bien de producción es abundante dado que en su comunidad carece de pocos usos alternativos, mientras que en otra comunidad puede estar dándose una escasez enorme del mismo. Y si debe recurrirse a un ente superior a las comunidades que decida cuáles son las prioridades de producción, la transferencia de recursos que debe hacerse, la jerarquía de necesidades, por más que los mecanismos de la toma de decisiones sean democráticos, estamos hablando de un Estado global. Como señala Víctor, “la centralización y el procesamiento de las precisas y exhaustivas encuestas de los consumidores haría perder al ‘socialismo descentralizado’ la ventaja que posee con respecto al ‘socialismo centralizado’; la flexibilidad”.

En segundo lugar, este método, con todas sus planificaciones en diferentes niveles, local, regional y global, las necesarias negociaciones y sus consecuentes costos —ya que si admitimos mecanismos democráticos para la toma de decisiones debemos admitir que se incurrirán en “costos de negociación” cada vez más abundantes si comprendemos la magnitud y cantidad de temas económicos a tratar y planificar [6]—, volverían torpe y lento el sistema “auto-regulado” y de “retroalimentación” que propone Cox. La superioridad del sistema de precios del mercado se haría evidente, en tanto que los movimientos de los precios se efectúan de manera automática ante cada reducción o expansión de la oferta o de la demanda, trasmitiendo los flujos de información a los actores económicos al instante, para que estos actúen en consecuencia.

Mientras la escasez imprevista de determinado recurso —si suponemos una mala asignación al “colchón de existencias”, o incluso un aumento repentino en las necesidades que vuelvan al mismo insuficiente—, bajo una economía socialista descentralizada, conllevaría la reorganización prácticamente total de los planes económicos; en el mercado el aumento en el precio de un artículo transmite información en forma tan instantánea que automáticamente gran parte de los agentes económicos ya habrán ajustado sus planes y sus inversiones a los nuevos cambios de precios. La rapidez y regulación de los flujos de información son tan puntuales y eficaces que pueden hacernos acordar al sistema enzimático de nuestro organismo. Para los ojos de quienes no comprenden la naturaleza de los precios, estos movimientos pueden parecer “caóticos”, pero en realidad son necesarios y útiles para el cálculo económico y la eficiente asignación de recursos.

En tercer lugar, la ley del mínimo y este método de planificación pueden llegar a funcionar con cierta eficacia mediante algunas restricciones, pero la naturaleza de la información económica lo hace bastante ineficaz si consideramos que en la economía la información no sólo se halla dispersa sino que se crea continuamente y a cada momento. Los agentes económicos están creando, planeando, formulando y organizando emprendimientos y proyectos económicos todo el tiempo —mucho más si imaginamos que el socialismo descentralizado sería una economía de “libre acceso”, donde todos podrán tomar los recursos que deseen del stock disponible, sin represalia de algún ente coactivo—. Y es inconcebible la reorganización continua de los planes económicos locales, regionales o globales. El socialismo descentralizado propuesto por Cox y defendido por Ardegas, probablemente resulte eficaz en un ambiente estático, donde toda la información esté dada y no se produzcan movimientos imprevistos o bruscos de las existencias o las necesidades. Pero como ya hemos dicho, todo es posible en la lamentablemente irreal estática teórica.

V. Notas finales

Como ya hemos dicho al principio, no debemos concluir de todo esto, como lo hiciera Mises, que la economía socialista es “imposible”. Simplemente es inconcebible que vaya a la par de los niveles de prosperidad que han obtenido incluso las sociedades capitalistas actuales —y tenemos razones para suponer que con mercados totalmente liberados se alcanzarían niveles todavía mayores—. El nivel de vida sería bastante modesto bajo el socialismo, y es probable que descienda paulatinamente, sin caer en “crisis”. Como se ha señalado en otro artículo:

Esto no implica que la economía comunista es impracticable, sino que resulta ineficiente para generar una sociedad donde se pretenda satisfacer algo más que las necesidades biológicas. La economía comunista es realmente aplicable a la pequeña economía hogareña, o podría ser eficaz dentro de una economía de mercado, donde los integrantes de una red de distribución de bienes según las necesidades de quienes voluntariamente se han involucrado se realice en el marco de un sistema de precios que les indique la mejor forma asignar recursos a pequeña escala. Es decir que el mercado y el comunismo no son sistemas realmente incompatibles, sino que pueden complementarse mutuamente. [7]

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[1] Para ver la secuencia de artículos del debate: El mito del cálculo económico, traducción del artículo de Robin Cox; ¿Una solución comunista al cálculo económico?, réplica de Víctor; Cálculo económico: respuesta a Víctor L., contrarréplica de Ardegas; ¿Una solución comunista al cálculo económico? (II), respuesta de Víctor; y los dos últimos artículos de Ardegas, Cálculo económico: respuesta a Víctor L. (II), y Más sobre el cálculo económico comunista.

[2] Esta posición ha sido, no obstante, superada. Es obviamente inaplicable a un entorno dinámico, o lo que es lo mismo, real. Todo es posible dentro de la estática teórica: este sistema sería viable si suponemos “un proceso estacionario de vida económica en el que todo está correctamente previsto y se repite periódicamente y en el que no sucede nada que eche abajo el plan”. Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, 1942.

[3] Recordemos la crítica que hacía David Hume a la noción de causa-efecto. La única razón que tenemos para considerarla válida, el único motivo que tenemos para creer que cada vez que soltamos un objeto, caerá al suelo, es la costumbre. De la misma forma, la única validación que tienen los empresarios para adoptar criterios de inversión es la tendencia que manifiesten los precios en el pasado.

[4] La solución posible al mismo, generada bajo los principios del libre mercado, puede encontrarse en la propuesta hayekiana de un sistema de monedas paralelas y privadas. Ver El anarquismo de mercado y la banca libre [16-3-2008] y Hayek y la estabilidad monetaria [27-7-2008].

[5] Es posible también suponer que el sistema bancario puede retirar, por motivos de política económica, cada vez más cantidades de dinero de la economía, aumentando las tasas de interés, y favoreciendo la transferencia de recursos desde la producción hacia los bancos. Así se restringiría la producción y gran parte de los medios de producción quedarían subutilizados. Sin embargo, la manipulación de las tasas de interés es imposible en un mercado verdaderamente libre, donde el sistema monetario no se halla monopolizado por un ente planificador como es el Estado.

[6] La Public Choice ha demostrado que todo individuo racional reconocerá que su participación en la toma de decisiones colectivas le obligarán a incurrir en ciertos costes —esfuerzo, tiempo y hasta recursos— para llegar a los acuerdos, y que estos costes se incrementarán en tanto se sumen más individuos al grupo humano y que la regla de la toma de decisiones se vuelva más inclusiva —la regla más costosa sería la de la unanimidad—. Ver James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso, 1962.

[7] Ver Del anarquismo utópico al anarquismo científico [22-6-2008].

Nueva presentación del blog

2008-08-11T14:42:00.004-03:00

Este humilde espacio en la red, cumplirá mañana un año de actividad. Así que tal vez resulte útil hacer explícito el recorrido analítico del blog, la tendencia que ha ido “rezumando” a la superficie del mismo, y los objetivos y perspectivas a futuro; aunque debamos interrumpir la serie que comenzamos hace unos días sobre la teoría del capital y el interés.

Orden natural y espontáneo se inició con el título En la búsqueda de un orden natural, y mantiene viva la motivación que lo originó: establecer teóricamente las bases de un sistema de organización social, económica y política que surja espontáneamente de la libre iniciativa de cada individuo, reduciendo la coacción al mínimo de forma que esa libertad de acción sea tan grande como sea posible. El principal punto de ataque se convierte, por necesidad, en aquella institución que representa el grado máximo de concentración de coacción, poder y violencia que es el Estado, por lo que no dudamos en denominar nuestro pensamiento como “anarquista”.

Resulta por tanto una labor primordial demostrar la vialidad y ventajas de un sistema como el esbozado unas líneas más arriba. Demostrar cómo se origina la propiedad privada, las instituciones económicas principales, la naturaleza del libre mercado concebido como conjunto de interacciones voluntarias fruto de la iniciativa económica individual, la estabilidad del mismo; mientras que por otro lado resultaría necesario establecer cómo se halla dada la división en clases de la sociedad actual —intentando conciliar las ideas generales de Marx con otras consideraciones que creímos más sólidas—, los efectos de la intervención coactiva en las relaciones libres de los individuos en la economía, las causas de las crisis económicas, incluyendo algunas consideraciones sobre la ideología política imperante. Ante esto, tampoco dudamos en denominar la tendencia del blog como “anarquista de mercado”.

La influencia del anarquismo clásico en dicha concepción del orden social espontáneo es, hasta cierto punto, notoria. El pensamiento del francés Pierre-Joseph Proudhon y el mutualismo americano se ha mostrado determinante en algunos artículos. Aquí se ha compartido el viejo anhelo de los mutualistas, consistente en liberar totalmente las fuerzas del mercado, con el fin de permitir la reducción al mínimo de los beneficios capitalistas y el interés “usurario” o excesivo, y posibilitar el acceso de los trabajadores a los medios de producción; y buena parte de la teoría económica aquí desarrollada intenta reivindicar esta consigna, bajo una perspectiva más actual y sólida, sin temor de que esto nos relacione con corrientes algo cercanas pero innecesariamente alejadas de las ideas proudhonianas, como el anarcocapitalismo de la Escuela Austriaca. Una vez más, tampoco dudamos en englobar esta concepción bajo la denominación “agorismo”.

¿Cuál es el puente entre la sociedad libre concebida en términos generales por Proudhon, los mutualistas, y el anarquismo de mercado en general? La construcción del mismo es, por supuesto, la tarea más compleja a realizar: el anarquismo como teoría y como práctica ha caído en un estancamiento sorprendente desde hace más de medio siglo. El nuevo enfoque que se está intentando hacer nacer ojala facilite un arsenal teórico que permita una comprensión más profunda de la realidad actual y pasada, así como las herramientas necesarias para poder discernir cuáles podrían ser los “canales” de acción con perspectivas reales de éxito.

La primera de estas herramientas es la contraeconomía. El Estado se sostiene pura y exclusivamente por los recursos que sustrae de la población realmente productiva, y no del financiamiento burgués, como sostendrían ingenuamente algunos anarquistas. La evasión de esos mecanismos de sustracción, el escape a sus controles, la generación de riqueza fuera de sus márgenes de coacción, con la intención explícita de que tales prácticas se propaguen por la sociedad toda, es una de las mejores formas para debilitarlo en el terreno económico.

La segunda táctica, la cual tal vez resulte mucho más poderosa si se combina eficazmente con la primera, es la radical instauración “desde abajo” de la democracia directa, con la intención de debilitar el Estado en el terreno político. La creación espontánea de asambleas barriales y locales, la toma de decisiones realmente participativa y democrática —sustituyendo la bochornosa ficción de la democracia representativa que se nos ha impuesto en su lugar— en todas las actividades que el grupo social involucrado considere necesarias, exigiendo encarecidamente al Estado la redistribución, no del “ingreso”, sino del poder, puede llegar a dar vida al sistema político federativo concebido por Proudhon.

Sobre este último punto, hay muchas consideraciones que hacer alrededor suyo. La primera es que es probable que la Argentina resulte suelo verdaderamente fértil para la democracia directa luego de la experiencia vivida durante la última crisis. La segunda es que, para suerte de los anarquistas de mercado, podemos tener la seguridad de que la toma de decisiones directa reducirá enormemente los controles e intervenciones coactivas sobre la economía, al resultar cada vez más altos los costes de negociación. La última es que, dato curioso, el economista Huerta de Soto se ha mostrado de acuerdo con la democracia directa como medio coherente y eficaz para la abolición del Estado, junto con la secesión —en realidad ambas prácticas son inseparables la una de la otra—; en sus Nuevos estudios de economía política.

Todavía hay mucho por lo que trabajar. Principalmente hay que lograr forjar un nuevo anarquismo más abarcador y sintético en lugar de las numerosas ramificaciones del mismo que se han ido distanciando cada vez más unas de las otras, y que se muestran estériles en la práctica a causa de ello. La conciliación entre el por ahora tímido anarquismo de mercado, el anacrónico comunismo libertario y el innecesariamente conservador y reaccionario anarcocapitalismo es una tarea urgente. Una mirada general sobre todas estas tendencias muestra que son perfectamente compatibles en la práctica, no sólo entre sí, sino también con otras formas de organización social, ya que alzan el voluntarismo como norma básica de su ideario —ver el artículo “Panarquía” de Nettlau recientemente publicado en Mutualismo.org—.

El capital y el interés en el mercado I

2008-08-09T15:20:00.009-03:00

I. INTRODUCCIÓN

La teoría del capital y la teoría del interés son centrales en la ciencia económica, ya que debería formar un solo cuerpo integrador que nos posibilite comprender los procesos dinámicos del mercado y de crecimiento económico. Ambos conceptos se encuentran íntimamente ligados, y la relación que existe entre ambos es una de las más importantes para comprender cómo funciona realmente la producción, el ahorro y, sobretodo, el mercado del crédito. El hecho de que estos aspectos de la teoría económica se hayan dejado en suspenso en las últimas décadas —con el predominio de las escuelas neoclásica y keynesiana— demuestra la necesidad de una revisión lo más abarcadora posible.

En este artículo y en los dos siguientes describiremos y someteremos a análisis las distintas concepciones que existen y han existido sobre la teoría del capital y el interés, de manera que podamos extraer conclusiones valiosas para comprender este fenómeno y sus mecanismos, a la vez que intentaremos demostrar la vigencia y superioridad de las teorías y la tradición iniciada por el austriaco Böhm-Bawerk. Contrapondremos sus teorías a las teorías clásica y marxista sobre el capital y el interés, contra las cuales surgió como respuesta. En el próximo artículo desarrollaremos y someteremos a crítica la visión que tenía Keynes del mismo tema, y la relación de la misma con la de Silvio Gesell. En la tercera y última parte de esta serie analizaremos las implicancias más importantes de la teoría austriaca del capital y el interés en la organización del mercado, su relación con el ciclo económico y la contrastaremos con las nociones neoclásicas.

II. LA ESCUELA CLÁSICA Y MARX

La escuela clásica de economía había establecido una teoría del capital y del interés —o beneficio— bastante acertada, pero incompleta. Los clásicos suponían que el interés era la retribución o pago por el uso del capital, el cual consistía en medios de producción divididos en capital fijo y capital circulante. El primero estaba compuesto por las instalaciones, edificaciones y maquinaria, es decir, por bienes de producción durables, que no necesitaban “renovarse” sino tras muy largos períodos de tiempo. El segundo consistía en los bienes de producción “renovables” que se utilizaban de insumos en la producción, además de la fuerza de trabajo del obrero, la cual debía ser retribuida con un salario al final de cada jornada.

El interés o beneficio que recibía el empresario provenía de la diferencia entre los costos de producción y el precio de la producción final, por lo cual se consideraba que el interés era algo así como la productividad del capital. El capital fijo cumplía una función determinante en este aspecto, porque operaba aumentando la productividad de la fuerza de trabajo. El interés provenía de la utilización y dirección que diera el empresario a su capital, y todo aumento del mismo favorecería la acumulación capitalista, es decir, que la formación de capital provenía pura y exclusivamente del ahorro. Para los clásicos, como explica John Hicks en pocas palabras, para los clásicos “el tipo de crecimiento depende del tipo de ahorro. Si se añade el supuesto… de que los beneficios son la principal fuente de ahorro, se hace probable de que habrá más ahorro cuanto más altos sean los beneficios” [1]. En este último punto, el concebir al ahorro como principal motor de formación de capital y por tanto del aumento de la productividad, hay cierta coherencia entre el análisis de los clásicos y el análisis austriaco, que desarrollaremos más adelante. Pero esta teoría se muestra bastante deficiente a la hora de embarcarnos en el mercado crediticio. El hecho de que no haya sido debidamente abordado daría lugar a las famosas y poco fructíferas polémicas entre David Ricardo y Thomas Malthus, donde el primero se limitaba a citar la ley de Say mientras que el segundo enumeraba insistentemente los efectos supuestamente negativos del ahorro sobre la producción; ambos sin darle un tratamiento adecuado al problema del crédito y las tasas de interés.

Formulando una posición algo distinta a la de los demás clásicos, Karl Marx consideraría que la fuente de crecimiento del capital, así como el origen del interés, residía en la fuerza de trabajo no pagado, la plusvalía. Marx establecería una división un tanto tendenciosa, entre capital constante y capital variable. El primero, además de encerrar el capital fijo de los clásicos, incluía los demás bienes de producción “renovables”; mientras que el segundo consistía en la cantidad total de fuerza de trabajo empleada. Dado que lo único que confería valor a los bienes era la fuerza de trabajo, un aumento de la productividad del mismo, de modo que el producto final tenga incorporado menos trabajo que en la producción anterior, debería reducir inexorablemente la tasa de interés o beneficio sobre el capital. De esto deducía que si la competencia entre los capitalistas aumenta la demanda de trabajo y los salarios suben, éstos se verán forzados a introducir más maquinaria. La productividad aumentaría en cada nuevo período, reduciendo la cantidad de trabajo necesario para producir los bienes y los beneficios caerían cada vez más, hasta que el capitalismo colapse.

El principal error de Marx sería confiar en la ya refutada teoría del valor-trabajo, principalmente por Böhm-Bawerk. Pero tanto él como los economistas clásicos cometerían el más grave error de no incluir el determinante factor dinero. Silvio Gesell —aunque él mismo no le daría el tratamiento ideal— tendría la justeza de decir sobre sus predecesores que “siempre han pasado por alto las investigaciones sobre el dinero. Karl Marx, por ejemplo, no ha dedicado ni cinco minutos a la teoría del dinero, lo que atestiguan sus tres gruesos volúmenes ‘El capital’, que tratan del interés” [2]. En realidad, y esta es una tesis bastante difundida, consideraban que el beneficio del capitalista era algo diferente al interés del prestatario. El capital del primero estaba compuesto por medios de producción reales y físicos, mientras que el del segundo era sólo dinero acumulado.

Sin embargo, el dinero mismo es un elemento inseparable del capital. El capital está siempre expresado en unidades monetarias, aunque no se trate específicamente de dinero. Factores o medios de producción, bienes de capital o recursos productivos ajenos a su expresión monetaria hacen que su calidad de “capital” carezca de sentido. ¿De qué le sirve a un empresario capitalista —porque la figura del capitalista es también inseparable del capital— un inventario de recursos disponibles cuyo valor de escasez no esté expresado en dinero, impidiéndole realizar el cálculo económico? En realidad, el “capital” al que se parecen estar refiriendo tanto los economistas clásicos como Marx —y este es un error que persiste hasta nuestros días— no se diferencia en nada a la lanza que un aborigen utiliza para cazar, más allá de las diferencias en su productividad. Es el dinero como medida de valor lo que ubica los medios de producción en el mercado como capital. No es casualidad que, así como la tasa de ganancia o beneficio capitalista tienda a igualarse entre todas las ramas de la producción, la misma tienda a igualarse también a la tasa de interés que cobran los bancos por ceder préstamos; y esto se debe a que nos estamos refiriendo a dos fenómenos de la misma naturaleza.

III. LA TEORÍA DEL CAPITAL Y EL INTERÉS DE BÖHM-BAWERK

Este era el estado de la teoría del capital y del interés antes de Böhm-Bawerk. Las confusiones y lagunas de la escuela clásica, sumadas a las perturbadoras cuestiones que había suscitado Marx, dieron lugar al surgimiento de toda una serie de economistas que no tardaron en denunciar los sinsabores del ahorro —un ejemplo paradigmático puede ser el inglés John A. Hobson—, sumiendo aún más en la neblina la teoría del crecimiento económico.

En su Teoría positiva del capital publicada en 1889, Böhm-Bawerk establecería que, pese a que el capital es inseparable del dinero, el interés que supuestamente proviene del mismo no es un fenómeno monetario. El interés proviene de la preferencia temporal de los individuos, que refleja la naturaleza temporal del proceso productivo. Ésta consiste en valorar más los bienes presentes a los bienes futuros, por lo que para inducir a los individuos a “esperar” o “abstenerse” de consumir ahora, optando por el consumo futuro, es necesario pagar una “compensación”; y es esta diferencia la que determina la acumulación de recursos. A esto se refieren los austriacos cuando hablan del “interés natural”, o, como la denominara Mises, “interés originario”: el ratio entre el valor asignado a los bienes presentes y el valor asignado a los bienes futuros.

A diferencia de lo que comúnmente se supone, el ahorro no es una disminución neta del consumo presente, sino que es una disminución del consumo de determinados artículos, con el fin de aumentar proporcionalmente ese consumo en el futuro. En el mercado, el ahorro inducido por las preferencias temporales de todos los individuos es depositado en el sistema bancario, dando lugar a la tasa de interés “bruta” o “de mercado”. De esta manera los recursos acumulados son puestos a disposición del sector empresarial y vuelven a la circulación en forma de inversión. A medida que aumentan los ahorros, las tasas de interés tenderán a bajar, y cuando los ahorros disminuyen, subirán. Toda disminución de la demanda presente de bienes de consumo significa entonces un desplazamiento de esta demanda hacia los bienes de capital.

Pero, ¿para qué pedir prestado capital a tasas bajas si, de todas formas, el consumo actual está en descenso? ¿Qué empresario querría contraer préstamos para producir artículos cuyo valor final será demasiado bajo debido a la caída de la demanda por el aumento de las preferencias temporales de los consumidores? Esto no es problema, ya que, como toda disminución del consumo presente se realiza con el objeto de consumir más en el futuro, lo que harán los empresarios es aumentar la demanda de bienes de capital aprovechando las tasas de interés bajas, financiando sus emprendimientos y la expansión de sus empresas, pero en períodos productivos más extensos. La producción se dividirá en mayor cantidad de etapas, con el fin de “estirarse” para que tome más tiempo, y saciar más adelante el mencionado aumento de la demanda futura.

… si se demandan menos bienes de consumo en este momento y más en el futuro y la producción va a adelantar a la demanda… las fuerzas productivas deben asumir que se fabricarán menos bienes de consumo en este momento y proporcionalmente más se pondrán en el mercado en el futuro. La manera principal de conseguir este resultado es invertir las fuerzas productivas, tierra y trabajo, en procesos más extensos o eficaces de producción o producir “productos intermedios” en una mayor cantidad, a partir de los cuales, en un momento posterior, los bienes listos para su consumo puedan ser puestos en el mercado, en otras palabras, incrementar la producción de bienes de capital. [3]

El hecho de que los empresarios no sepan a priori dónde va a dirigirse esa demanda futura no afecta en absoluto este argumento. El empresario nunca tiene un conocimiento perfecto de los acontecimientos futuros, sino que más bien se haya guiado por sus especulaciones y su “olfato” comercial. El incremento de la demanda futura, de incierta definición pero que es sabido que ocurrirá, no se diferencia en nada de cualquier otro movimiento de las fuerzas del mercado que los empresarios deben intentar predecir. Friedrich Hayek ha desarrollado una explicación gráfica de todos estos cambios en la estructura temporal del proceso productivo:

En el eje vertical del triángulo medimos el consumo global, y en el eje horizontal se registran las diferentes etapas del proceso productivo. La tasa de interés se encuentra expresada implícitamente en la pendiente de la figura. Un aumento general en el ahorro, o lo que es lo mismo, una disminución en el consumo de C1 a C2, producirá una baja en la tasa de interés —se reduce la pendiente del triángulo— y se añadirán más etapas o fases a la producción —expansión horizontal—. La inversión en bienes de capital y la producción en etapas cada vez más alejadas del consumo directo se volverán más rentables. Esto es lo que sucede al corto plazo de haberse realizado el mayor ahorro.

En el largo plazo, al culminar el ciclo productivo más alargado y al haberse utilizado completamente los fondos ahorrados previamente, la mayor cantidad de bienes de capital inunda el mercado con bienes de consumo directo producidos, los cuales se venderán a precios más bajos por el aumento de la oferta. Esto significará un aumento en el ingreso en términos reales, tanto de los empleados y trabajadores como de los demás participantes en los procesos productivos. Este aumento relativo del ingreso posibilitará un incremento en el consumo de C2 a C3 que seguirá estimulando la producción hasta que vuelva a aumentar el ahorro y se repita el ciclo. Este útlimo proceso ha sido percibido acertadamente por el economista John Maynard Keynes, como veremos en la próxima parte. Sin embargo, las conclusiones que extraería del mismo serían totalmente erradas.

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[1] John Hicks, Una teoría económica de la historia, 1969.

[2] Silvio Gesell, Introducción a El orden económico natural, 1916.

[3] Eugen von Böhm-Bawerk, La función del ahorro, 1901.