6. Los mecanismos de acción del Estado

El fin de este capítulo es el de esclarecer la forma en que los diferentes tipos de intervención del Estado no sólo no tienden a beneficiar a la sociedad en su conjunto, sino que buscan beneficiar a una clase y a ciertos sectores económicos particulares en detrimento de los verdaderos productores y trabajadores, haciendo uso de la teoría del Estado antes desarrollada. Muchas de los conceptos que serán vertidos aquí son válidos para casi cualquier tipo de sistema económico de la historia, pero en este momento sólo me enfocaré en la actual economía de mercado, y cómo el Estado y sus modernos mecanismos distorsionan y alteran el sistema de precios.

6.1. El mercado libre

El mercado se basa principalmente en el intercambio voluntario: una relación mutuamente beneficiosa en la que dos individuos truecan bienes de menor valor por otros de mayor valor entre sí. El valor de un bien aquí debe entenderse como una apreciación subjetiva e individual basada en la utilidad que las personas estiman que le reporta dicho bien. De esto se deduce que si un individuo posee un bien A pero desea un bien B, y otro posee un bien B pero desea un bien A, establecerán entre ellos un intercambio y ambos saldrán ganando. Esto no es más que lo que vemos día a día en el mercado, y en casi cada relación social. Si el intercambio voluntario no aumentara la utilidad de cada uno de los participantes, este simplemente no tendría lugar. Si bien nuestra imaginación tiende a representarnos este proceso como un simple trueque directo de bienes, la verdad es que el intercambio monetario se rige por los mismos principios.

El dinero surge, como he señalado al mencionar la teoría de Menger [40], como un producto espontáneo de los procesos de mercado. Allí donde se organiza un mercado de trueque, no tardan en aparecer bienes que presentan una liquidez mayor que la de los bienes restantes, es decir, que son más demandados y que por lo tanto, pueden utilizarse como “medio de cambio generalizado”. Antes del surgimiento del dinero, si A poseía un bien X y deseaba obtener un bien Y, debía encontrar un individuo B que se encontrara en la situación exactamente opuesta, y poseyera un bien Y, y deseara obtener un bien X; y lo más probable es que el intercambio jamás tuviera lugar. El dinero evidentemente facilita enormemente los intercambios y organiza mejor la formación de precios, con lo que no es descabellado encontrar en su implantación los fundamentos de una sólida civilización económica.

El dinero y la consecuente formación de precios permiten además el funcionamiento del cálculo económico [41]. Por cálculo económico debe entenderse aquél proceso de asignación de recursos escasos basado en los precios de los productos como indicadores y guías para los productores. En efecto, si el precio de un bien aumenta, manteniéndose constantes las demás variables —como el costo de producción—, los productores reconocerán una evidente oportunidad de ganancia y trasladarán su capital a la producción de dicho bien, aumentando su oferta y satisfaciendo la demanda de los consumidores. Y si el precio del mismo bien disminuye los productores retirarán recursos de ese sector y los trasladarán a otros de mayor rentabilidad. De esta manera, si admitimos que los productores actúan racionalmente, que buscan siempre obtener mayores ganancias y que para ello utilizan a los precios como indicadores de rentabilidad, se deduce que en el mercado es imposible que se de una sobreproducción o una subproducción generales [42], dado que ello conllevaría pérdidas de capital en el primer caso y aumentos en el costo de oportunidad en el segundo —entendidos como oportunidad de ganancia—.

Muchos teóricos han señalado a lo largo de la historia que las crisis de sobreproducción o de “subconsumo” son posibles como un efecto del aumento del ahorro [43]. Si aumenta el ahorro, la demanda presente disminuye y la inversión, que depende de la demanda, cae igualmente. De esta manera se producen recesiones o “atascamientos”, producto de lo llamarían “subconsumo”. En realidad el error parte de una errónea definición de “ahorro”. El economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk ha demostrado que lo que se conoce como ahorro en realidad es el acto por el cual el individuo cambia demanda presente por demanda futura, según su preferencia temporal. Este proceso consiste en trasladar parte del ingreso destinado para el consumo presente hacia el consumo futuro, y en una sociedad donde el sistema bancario y monetario se encuentra bien organizado y estable, dicha transferencia se manifiesta a través de la tasa de interés. Si los individuos aumentan su ahorro —aumentan la demanda futura—, aumenta el capital disponible para el crédito, la tasa de interés baja y los productores reciben la señal de que deben invertir en procesos productivos más intensivos en capital o métodos indirectos de producción, o, en palabras de Böhm-Bawerk, que “demoren más tiempo”. En definitiva, un aumento del ahorro no disminuye la producción o el empleo, simplemente los traslada desde la industria de bienes de consumo hacia la industria de bienes de capital [44].

A través del ahorro no se extingue absolutamente ni siquiera una pequeña parte de la demanda de bienes., sino que, como J. B. Say demostró de manera magistral hace más de cien años en su famosa teoría de la “venta o demanda de productos” (des débouchées), la demanda de bienes, el deseo de medios de disfrute, es en cualquier circunstancia humana, insaciable. […] En otras palabras, aquéllos que ahorran restringen su demanda de bienes de consumo en el presente, simplemente para incrementar proporcionalmente su demanda de bienes de consumo en el futuro. [45]

En realidad, esta teoría no es más que una matización superadora de la famosa Ley de Say, que establecía que la demanda y la oferta no pueden nunca ser desiguales. Los productores, al producir, están generando una demanda suficiente para poder recomprar los productos ofrecidos. La demanda está implícita en los ingresos que perciben los factores al intervenir en la producción. Si bien es concebible una sobreproducción o “subconsumo” accidental en determinada rama de la industria, es inconcebible tal situación para el mercado en su totalidad. En tales casos las fallas son corregidas automáticamente gracias a que el cálculo económico pone en evidencia pérdidas y ganancias, y los recursos pueden trasladarse desde los sectores menos rentables a los más rentables, y por lo tanto, los que más urgentemente demandan los consumidores. El ahorro no puede disminuir la demanda neta o agregada: simplemente la desplaza hacia los bienes futuros.

El mercado, como vemos, posee importantes mecanismos de autorregulación que necesitan de una total libertad para manifestarse correctamente, y sobretodo, para que los productores reciban las señales adecuadas. La intervención estatal no hace más que distorsionar el sistema de precios llevando el mercado a situaciones sub-óptimas en la asignación de recursos, y a redistribuir el ingreso desde unos grupos hacia otros, como se verá en las siguientes secciones.

6.2. La imposición

Los impuestos son la manifestación más antigua y común de intervención sobre la economía. Desde los tributos recogidos por los reyes más primitivos, hasta las multas más absurdas decretadas por los Estados modernos, todos han surgido como mecanismos con la capacidad de alterar y distorsionar el sistema de precios, y con él, los ingresos relativos, redistribuyéndolos desde unos grupos hacia otros, desde la clase productora y dominada hacia la clase parasitaria y dominante.

El cobro de impuestos o tributos —nombres prácticamente equivalentes para designar el robo o sustracción de los bienes de los productores por parte de un Estado o clase dominante— ya comenzaban a establecerse con la aparición de los primeros “caudillos” tribales, siguiendo el proceso analizado en el capítulo anterior, que pronto se erigirían en reyes. Los impuestos se cobraban en especie, razón por la cual los bienes recaudados eran consumidos directamente por la casta superior. Con el desarrollo del mercado y con el surgimiento del dinero, los gobernantes rápidamente hallaron una herramienta capaz de facilitar y agilizar el cobro de impuestos, pero sobretodo, comenzar con el proceso de dominación “ideológica”, además de la económica. El dinero era un mecanismo que benefició y facilitó el comercio a gran escala y pasó rápidamente a ser una institución muy estimada por una sociedad cuyo mercado se expandía. Los gobiernos lograron, monopolizando el dinero e imprimiéndole su sello distintivo en forma de monedas, establecer una histórica asociación entre el mismo y la autoridad estatal, al punto de generar en el imaginario colectivo la idea de que, de hecho, era una creación del rey. Hacia el siglo XI tanto los gobernantes como los señores feudales, en casi toda Europa, comenzarían a exigir que el pago de sus tributos fueran entregados en dinero y no en especie. Ya en plena Edad Media, quedaba en evidencia el incipiente desarrollo de un, por el momento inmaduro, sistema impositivo:

Las cantidades tomadas en préstamo sobrepasaban muchas veces las posibilidades de devolución previstas. Los grupos más vulnerables de la sociedad —judíos, ciudadanos y mercaderes extranjeros— eran obligados a realizar préstamos o se les imponían pesados tributos. Los derechos de aduana eran elevados sin razón alguna y sin tener en cuenta el coste de los artículos. La moneda era manipulada por “falsificadores” que se hallaban en elevada posición. El comercio de lana inglesa fue sobrecargado de impuestos simplemente para elevar los ingresos, y las cargas fueron tan pesadas que determinaron consecuencias de largo alcance. Medidas de este tipo surgían de necesidades financieras críticas y afectaban vitalmente al desarrollo y a la prosperidad económica. [46]

La marcada evolución en los sistema impositivos era notoria: si en los inicios de los Estados los tributos se cobraban en especie y los bienes recaudados eran consumidos en el acto por la clase dominante; con la aparición de la moneda estatal contaban con mecanismos como el cobro de multas judiciales, derechos de mercado, peajes sobre bienes en tránsito, derechos de sucesión a arrendatarios feudales, “ayudas de gracia”, etc. Con la llegada del capitalismo industrial, y su nueva organización socioeconómica, los impuestos pasarían a dirigirse hacia otros ámbitos, aunque la esencia de los mismos continuaría vigente: la sustracción de la riqueza a los productores por parte de la clase dominante, redistribuyendo, directa o indirectamente los ingresos relativos y distorsionando la economía. Una muestra del progreso del sistema impositivo hacia el siglo XIX puede ser la extensa enumeración que hace Herbert Spencer de impuestos, regulaciones e intervenciones que se establecerían en Inglaterra entre 1860 y 1880, en su obra El individuo contra el Estado (1884).

Sin embargo, recurrir al listado de Spencer puede resultar confuso si lo que se desea es explicar en forma sencilla la distorsión y alteración que genera la intervención estatal sobre el mecanismo de precios y de la estructura intertemporal de la producción. La teoría económica ha tendido a reducir la acción impositiva a unos pocos principales tipos de impuestos para examinar con mayor comodidad sus efectos sobre la economía individual, y principalmente la renta del individuo. El principal problema con la llamada “economía del bienestar” es que tiende a buscar intensivamente aquel conjunto de impuestos que afecte lo menos negativamente posible el ingreso y las preferencias de los individuos, dejando de lado el hecho de que los impuestos implican, de por sí y por menos distorsivos que sean, algún grado de pérdida de bienestar para el individuo y para la comunidad.

Los impuestos pueden separarse, si se quiere, en dos grandes grupos: los proporcionales y los discriminatorios, entre los que se encuentran los progresivos y regresivos. Los impuestos proporcionales son los menos distorsivos, dado que gravan de igual manera la renta de todos los individuos —aquí la distorsión pasaría por cómo se distribuye el gasto estatal [47]—; mientras que los discriminatorios tienden a alterar la estructura de ingresos relativos en forma directa. Estos impuestos dividen la sociedad en grupos, sean por ingresos, por tipo de consumo, por cantidad de capital, etc., y aplican diferentes tipos impositivos sobre cada uno de ellos. Esto conduce a una inevitable alteración de los ingresos relativos, por lo que algunos sectores acaban siendo más perjudicados que otros.

Prácticamente ningún tipo de impuesto puede llegar a ser proporcional coherentemente. Los Estados tienden a gravar discriminatoriamente las ventas de determinados sectores, el consumo de determinado tipo de artículos, los ingresos de determinado monto, etc. Esta discriminación distorsiona la rentabilidad de algunas actividades y provoca desajustes en el sistema de precios, redirigiendo la inversión hacia sectores productivos a los que, en ausencia de la intervención, no se hubieran dirigido. Más aún, los impuestos tienden a generar el efecto opuesto al que supuestamente van enfocados. Los impuestos sobre las ventas, por ejemplo, tienden a generar una menor producción en el largo plazo como consecuencia de la baja en la rentabilidad.

Si bien la mayor parte de los impuestos de cualquier tipo terminan siempre afectando los ingresos de los individuos, existen mecanismos mucho más distorsivos del sistema de precios. Los controles de precios son la forma más directa de manipular la información subjetiva del mercado. Por supuesto, estos controles nunca se realizan arbitrariamente: el estado siempre busca beneficiar a determinados grupos controlando los precios de determinados artículos, generalmente, disminuyendo los costos de emprender algunas actividades. De esta forma el Estado suma adeptos que legitiman su existencia y su accionar. A pesar de esto, los controles de precios generan distorsiones en el mercado que generan situaciones de baja eficiencia: si el Estado fija precios superiores a los del equilibrio entre la oferta y la demanda, se generará un exceso de oferta que no encontrará demanda, mientras que si el Estado fija precios menores al precio de equilibrio, habrá un exceso de demanda que no encuentre oferta para satisfacerla. Esto es aplicable a todo tipo de mercados, incluso el laboral:

El poder de los sindicatos para fijar los salarios, o para establecer salarios mínimos (superiores, es de suponer, a los de equilibrio), es la acción restrictiva fundamental. Como el sindicato establece un salario superior al de equilibrio, el número de personas dispuestas a trabajar a este salario, número indicado por la curva de oferta, es mayor que este mismo salario, indicado por la curva de demanda. Por ello, una gran parte de la actividad del sindicato tiene por finalidad racionar entre los obreros que desean trabajar los puestos de trabajo existentes. Esta es la verdadera función económica de medidas tales como las altas cuotas de entrada en los sindicatos y los esfuerzos de éstos para sostener en ciertas tareas un número de obreros superior al necesario… [48]

6.3. La redistribución

Uno de los aspectos centrales en el gasto estatal posterior a la recaudación impositiva, es que este gasto no puede ser, de ninguna manera “homogéneo”, o beneficiar a todos los ciudadanos por igual. Y esta es una de las grandes falacias de la teoría económica favorable a la intervención estatal: que existen un tipo especial de bienes que pueden ser considerados “bienes públicos”, cuya definición todavía no ha podido ser del todo aclarada. Como explica Hans-Hermann Hoppe, «los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda la diferenciación» [49]. No obstante, la definición más usual establece que los bienes públicos son aquellos cuyo disfrute no está limitado a quienes realmente a contribuido a su financiación. El hecho de que el disfrute del mismo no sea privado en un sentido estricto reduce los incentivos para producirlo en la cantidad o calidad que realmente deberían. Esta es la definición adoptada por el economista Joseph Stiglitz en su libro La economía del sector público (1988), por James M. Buchanan y Geoffrey Brennan en la obra citada anteriormente, y por gran parte de la escuela neoclásica. No deja de llamar la atención el hecho de este concepto infiere implícitamente que la cantidad o calidad óptimas pueden conocerse independientemente del proceso de descubrimiento competitivo del mercado, al decir que el mismo no produce en la cantidad o calidad que “debería”.

Por su parte, el mismo Hoppe ha refutado sistemáticamente los principios de esta teoría [50]. El concepto de bienes públicos manejado por estos economistas contradicen abiertamente los principios más básicos de la teoría económica. En primer lugar, se torna imposible clasificar bienes públicos y privados de forma permanente, dado que la condición del bien, su demanda y, por ende, su escasez, están determinados por la subjetividad y las preferencias individuales. En segundo lugar, comete el gravísimo error de infiltrar en un análisis puramente positivo, una premisa normativa. En efecto, partiendo del hecho de que un bien determinado no es producido por el mercado, no puede inferirse que debería producirse sin contradecir la lógica y el método científico. El economista Alberto Benegas Lynch también señala que:

Una primera mirada a la producción de bienes y servicios obliga a concluir que muchos de los provistos por los gobiernos tienen las características de bienes privados (en nuestro ejemplo anterior, el servicio telefónico, también el correo, la aeronavegación, etc.) así como también muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado (nuestro ejemplo del perfume, los edificios elegantes, etc.). En verdad la mayor parte de los bienes y servicios producen free-riders, desde educación hasta el diseño de las corbatas. [51]

Los bienes públicos, tal y como los entienden los economistas, no existen. Los bienes que suministra el Estado son sectoriales, preferenciales y en algunos casos exclusivos. No existen bienes o servicios estatales que beneficien al conjunto de la población en forma proporcional, o por lo menos, en forma general. Y, por supuesto, para un sector importante, los costos de financiar la producción de tales bienes a través de impuestos no superan la utilidad que producen los servicios estatales, si es que tienen acceso a ellos. Una parte importante de la recaudación fiscal se transfiere a sectores económicos privilegiados bajo la forma de subsidios, créditos, protecciones comerciales, etc. También un amplio monto de gasto estatal se destina a maximizar esa variable S que remarcamos en el modelo de Buchanan-Brennan, el excedente de la recaudación por sobre el gasto, que alimenta la burocracia política y los organismos de represión del Estado.

Por último, existe un resto de recursos destinados a áreas como la educación, sanidad, seguridad, etc., que sirven de “cortina” o “máscara” para ocultar y legitimar la expropiación del producto de su trabajo que la clase dominada sufre. Casualmente estas áreas, las más reclamadas como prioridades estatales, no encajan con la anterior definición de “bienes públicos”. Detrás de esto generalmente se encuentra la transferencia de recursos de la clase productiva hacia la clase parasitaria, conformada por toda la clase política, las instituciones estatales y toda una gama de grandes empresas privilegiadas artificialmente por la acción del Estado, cuya existencia en la economía hubiera sido reducida o eliminada por el proceso de competencia del mercado. En las sociedades actuales, estos grandes capitales se encuentran representados por la industria subvencionada y protegida de la competencia externa, instituciones bancarias y financieras sustentadas en el favor crediticio de los Bancos Centrales, empresas resguardadas de la competencia por patentes, firmas contratadas habitualmente para la producción y construcción de obras públicas, empresas publicitarias, capitales que financian campañas políticas en tiempos de elecciones con la expectativas de obtener favores estatales en el futuro, y un amplísimo etcétera.

6.4. La creación de monopolios

Siguiendo con la idea explayada en el último párrafo, el anarcoindividualista americano Benjamin Tucker, ferviente seguidor de Proudhon y uno de los más importantes exponentes del mutualismo, ha sido uno de los primeros en sistematizar esta red de privilegios y monopolios creados desde el Estado, para favorecer a determinados grupos económicos en detrimento de otros. Tucker ha señalado a cuatro grandes monopolios, cuatro de los más importantes tipos de intervención estatal en el mercado: el monopolio del dinero, el de la tierra, el de los aranceles o tarifas y el de las patentes [52].

El monopolio del dinero consiste en el privilegio otorgado por el Estado a los creadores y distribuidores de los medios de pago, actividad que se encuentra restringido a otros emprendedores. El resultado es que las tasas de interés están bajo el control absoluto de este grupo de personas, que a menudo se encargan de llevar a cabo las exigencias directas del Estado en política económica. El monopolio de la tierra se basa en el privilegio obtenido por grandes terratenientes para poseer tierras que no trabajan o siquiera ocupan [53]. El tercer monopolio es de los aranceles aduaneros, que protegen a empresas nacionales de la competencia externa, y fomentan la producción de artículos de más baja calidad y a más altos precios. Por último, Tucker señaló el monopolio de las patentes, que consiste en la protección que reciben innovadores y autores de la competencia, penalizando la producción de sus innovaciones sin autorización, lo que les permite cobrar una renta monopolística sobre las mismas.

Más recientemente, el mutualista Kevin Carson ha establecido una forma de monopolio que Benjamin Tucker dejó de lado, aquella que cobra la forma de subvenciones al transporte. Carson afirma que «cada ola de concentración de capital en los Estados Unidos ha seguido a un sistema de infraestructura subvencionado públicamente de alguna clase. El sistema de ferrocarriles nacional, construido en gran parte sobre tierra gratuita o de bajo coste donada por el gobierno, fue seguido de la concentración en la industria pesada, de productos petroquímicos, y finanzas» [54]. La creación de las primeras líneas de ferrocarriles a finales del siglo XIX fue financiada prácticamente en su totalidad por las subvenciones estatales, de esta forma, algunas industrias encontraron una forma económica de transportar sus mercancías sin tener que costearlo con su propio capital.

La economía corporativa centralizada depende para su existencia de un sistema de precios de transporte artificialmente deformados por la intervención del gobierno. Para comprender totalmente en qué medida depende la economía corporativa de la socialización del transporte y los gastos de comunicaciones, imagine qué pasaría si se cobraran los suficientes impuestos sobre el combustible de los camiones y los aviones para pagar el coste completo de su mantenimiento así como los gastos de los nuevos edificios de las carreteras y aeropuertos; y si fueran eliminadas las concesiones de agotamiento de combustibles fósiles. El resultado sería un aumento masivo de los costes de transporte. [55]

Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones, a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, han seguido el mismo camino. En Estados Unidos, según Thomas Di Lorenzo, «la cruzada para crear una industria telefónica monopolizada con mecanismos gubernamentales tuvo éxito cuando el gobierno federal usó la Primera Guerra Mundial como excusa para nacionalizar la industria en 1918» [56]. Hacia la segunda mitad del siglo XX, principalmente entre los años 1970-1990, se daría una enorme expansión del complejo teleinformático y la consolidación de nuevos monopolios en dicho campo, gracias al otorgamiento de patentes y licencias exclusivas a las empresas innovadoras, y que luego se verían fortalecidas por la centralización de los gastos estatales en dicho sector. En esta etapa, veinte de las mayores empresas productoras de equipos teleinformáticas centralizaban el 95% de las ventas mundiales. Sin embargo, más de la mitad de dichas ventas eran realizadas al sector público. Di Lorenzo concluye que:

La teoría del monopolio natural es una ficción económica. Tal cosa como un “monopolio natural” jamás ha existido. La historia de los así llamados “servicios públicos” es que a fines del siglo diecinueve y principios del veinte las empresas competían vigorosamente y, como en todo el resto de industrias, no les gustaba la competencia. Las empresas obtuvieron monopolios por parte del gobierno, y entonces, con ayuda de algunos economistas influyentes, fabricaron la racionalización (justificación) ex post para su poder monopólico.

La “utilización” de los economistas académicos para legitimar las prácticas estatales, en este caso no se ha limitado sólo a decretar que los monopolios artificiales han sido un producto de la libre competencia, sino incluso a justificar ex post el establecimiento de “leyes antitrust” por parte de los gobiernos. Más aún, han intentado hacer ver tales medidas como el producto de la fuerte influencia académica sobre la legislación, la cual siguió los sabios consejos de los economistas. Más bien, la legislación y la política estatal han influenciado notablemente el cuerpo de economistas, que han necesitado justificarlas y legitimarlas teóricamente. Al respecto, George Stigler ha observado que:

Los economistas tienen sus glorias, pero no creo que el cuerpo de leyes antitrust americanas sea una de ellas. Baso mis dudas fundamentales sobre nuestra influencia en la política antitrust en el hecho de que hemos proporcionado bastante poco conocimiento económico contrastado para guiar la política. Nadie puede creer que hayamos establecido una relación precisa entre la concentración y el poder de mercado. […] Pero, ¿dónde hubo una política de regulación introducida en respuesta a un problema descubierto y popularizado por economistas? La Sherman Act, cabría recordar, fue completa y generalmente rechazada por los economistas americanos. [57]

En definitiva, la creación y consolidación de monopolios es obra y gracia de la acción redistributiva de los Estados, transfiriendo riqueza desde la clase productiva hacia la clase política y los sectores económicos ligados a ella. El monopolio que, considero, más relevante en la actualidad, es el monopolio del dinero, el cual será tratado en el siguiente capítulo.



[40] Carl Menger, El origen del dinero (1892).

[41] Ludwig von Mises, El cálculo económico en la comunidad socialista (1920). Para un desarrollo exhaustivo de esta teoría, ver Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial (1992).

[42] La subproducción o sobreproducción pueden darse sectorialmente o aisladamente, pero nunca en forma general, ya que es inconcebible que todos los productores de la economía se equivoquen al mismo tiempo, a menos que estén recibiendo información distorsionada desde el sistema de precios. Distorsiones que son el efecto inevitable de toda intervención coactiva del Estado en la economía.

[43] Entre ellos, uno de los principales exponentes de la escuela clásica de economía Thomas Malthus. Siguieron a Malthus en este punto economistas como Simonde de Sismondi. Más tarde John A. Hobson, Silvio Gesell y el famoso economista inglés John Maynard Keynes se sumarían a este punto de vista. Las teorías de este último son las que principalmente han prevalecido hasta nuestros días, aunque bajo una forma más vulgar. El libro de Thomas Sowell, Reconsideración de la economía clásica (1980), presenta una recopilación y síntesis excelente de la controversia que se generó alrededor de este punto en los albores de la economía política, así como de la llamada “Ley de Say”.

[44] Es evidente que John M. Keynes lo único que hace es denominar a la demanda de bienes presentes o de consumo como “demanda efectiva” y establecerla como el determinante principal de la inversión, junto con la tasa de interés. Para él, la “demanda efectiva” es una variable cuya disminución hay que impedir mediante la intervención del Estado, sin contar que tal fenómeno conllevaría una disminución de la tasa de interés y el consecuente “estiramiento” de la estructura productiva del mercado, sin reducción del empleo o aumento de la producción. Ver su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936).

[45] Eugen von Böhm-Bawerk, La función del ahorro (1901).

[46] Edward Miller, “Medidas económicas gubernamentales y hacienda pública, 1000-1500”, en Historia económica de Europa, I. La Edad Media, de Carlo M. Cipolla (1972).

[47] Como señalaría Murray Rothbard: «Desde luego que el estado gasta siempre los ingresos que recibe en diversos grupos y siempre hay así subsidios cruzados puesto que el que recibe fondos del gobierno de una u otra manera no necesariamente coincide con lo que pagó… En última instancia, hay dos grupos antagónicos que se crean como lo ha señalado Calhoun. Se trata de los contribuyentes netos y de los que consuman el fruto de los impuestos». Ver El impuesto al consumo: una crítica (1994).

[48] Milton Friedman, Teoría de los precios (1962). Si bien el análisis de Friedman es correcto, como la mayoría de los liberales no contempla este tipo de intervenciones coactivas en las relaciones comerciales en toda la extensión de la economía. Como se verá más adelante, algunos de los más beneficiados de la intervención en el mercado son algunos sectores más pudientes de los poseedores de capital.

[49] Hans-Hermann Hoppe, Falacias de la teoría de los bienes públicos y la producción de seguridad (1989).

[50] Hans-Hermann Hoppe, Ibíd.

[51] Alberto Benegas Lynch (h), Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado (1997).

[52] Benjamin Tucker, Libertad individual (1926).

[53] Este monopolio ha sido fervientemente atacado por pensadores como Proudhon, Josiah Warren y Henry George.

[54] Kevin Carson, Estudios de una economía política mutualista (2004).

[55] Kevin Carson, Ibíd.

[56] Thomas Di Lorenzo, El mito del monopolio natural (1994). Thomas Di Lorenzo, siguiendo la misma idea expresada en este trabajo, llega a establecer que en el caso del monopolio de servicios telefónicos, la creación del mismo «fue el resultado de una conspiración entre AT&T y políticos que querían ofrecer “servicio telefónico universal” como un “derecho” a sus lectores. Los políticos empezaron por denunciar a la competencia como “duplicante”, “destructiva”, “un desperdicio”, y varios economistas fueron pagados para asistir a audiencias del Congreso en las que declararon en tono taciturno a la telefonía un monopolio natural». Por “monopolio natural” debe entenderse no como la formación de un monopolio a través de ayudas “externas” como la intervención del Estado, sino como un producto espontáneo de los procesos de mercado.

[57] George Stigler, El economista como predicador y otros ensayos (1982).